El Clúster Audiovisual de Canarias, como agrupación de las empresas y agentes del sector audiovisual del Archipiélago, considera que con la aprobación de la nueva Ley del Impuesto de Sociedades se ha perdido una magnífica oportunidad de crear un único incentivo audiovisual canario, que sea realmente eficiente para todo tipo de producciones audiovisuales de ficción, documental y animación que se quieran rodar en nuestro archipiélago
La Ley del Impuesto de Sociedades establece un sistema para la aplicación y la obtención de la ayuda a Obras Audiovisuales Españolas, que es completamente diferente al establecido para las obras calificadas como extranjeras. En las producciones internacionales la deducción se puede monetizar, es decir, que en caso de insuficiencia de cuota, se puede solicitar a la propia Administración Tributaria Española la monetización del incentivo, comúnmente denominado tax rebate. Para poder monetizar dicha deducción la Ley establece unos límites de gasto en territorio canario; un millón de euros para las producciones internacionales de ficción y documental y 200.000 euros para las producciones internacionales de animación.
Para las producciones nacionales no solo no existe esta posibilidad de monetización, sino que, además, el productor tiene que recurrir al mercado en búsqueda de financiación privada, viéndose obligado a crear unas complejas estructuras económicas-financieras, a través de unos vehículos jurídicos denominados Agrupaciones de Interés Económico, (AIE), para la canalización de dicha inversión privada. Estas estructuras tienen cierta complejidad a nivel societario, pues exigen la incorporación del inversor al capital social de la AIE, generando un sistema de ayuda ineficiente, donde parte de esta ayuda, en lugar de ir directamente a la producción, se destina a compensar a inversores y pagar asesores e intermediarios,mermando así el gap de financiación final que recibe la productora en beneficio de un gremio totalmente ajeno al sector audiovisual. Asimismo, se suma la variable de la incertidumbre para el productor, pues este no sabe hasta finalizar el año, si, efectivamente, va a poder cubrir este gap de financiación ya que los inversores en Canarias, debido a la diversidad de oportunidades fiscales existente en nuestro territorio, no suelen tomar sus decisiones de inversión hasta el final del último trimestre del ejercicio.
En Canarias, además, existe la dificultad de encontrar inversores, ya que la inversión en este tipo de productos financieros está limitada únicamente a inversores que disponen de domicilio fiscal en Canarias. Por tanto, la tendencia del sector es la de centrarse en realizar encargos de producción extranjeros por ser mucho más simples, directos, sin incertidumbre y disponer de mayor seguridad jurídica.
Con la Ley de Presupuestos del Estado del ejercicio 2021 se validó un nuevo sistema para las producciones nacionales, la figuradel Contrato de Financiación, lo que nos permite, sin necesidad de tener que constituir una AIE, poder trasladar el incentivo a un inversor, a cambio de una aportación a la productora, en forma de préstamo, como contraprestación a la obtención de una rentabilidad del 20% para el inversor. Este nuevo sistema verdaderamente simplifica mucho el proceso, además de reducir los costes en los que incurre el productor, sin embargo, no elimina el problema de la búsqueda del inversor, que ahora ve su rentabilidad limitada en la propia Ley, ni tampoco resuelve el problema de la incertidumbre de financiación.
Por lo cual, podemos concluir que el sistema de incentivos establecido en la normativa española favorece a las producciones extranjeras frente a las nacionales. Los encargos de producciones extranjeras tienen un sistema de incentivos directo, donde la propia Administración Tributaria es la que ‘abona’ a la productora el incentivo fiscal, mientras que para las producciones nacionales tenemos que diseñar y constituir, previamente, unas estructuras económicas-financieras que se deben mantener, como mínimo, tres años desde la calificación, buscar inversores, soportar comisiones de intermediarios y vivir con la incertidumbre de si, finalmente, se va a poder cubrir este gap de financiación.
Es por ello que, desde el Clúster Audiovisual de Canarias trabajamos para la unificación de un único incentivo fiscal audiovisual, basado en el incentivo internacional de animación, es decir, un incentivo que se pueda monetizar directamente sin la necesidad de recurrir a inversores privados, y que tenga un límite de gasto de, al menos, 200.000 euros en territorio canario para cualquier tipo de proyecto de ficción, animación y documental.
