Preferiría escribir del catastrazo pero la ira me arrastra a la canallada inmisericorde que el Gobierno que no deja a nadie atrás planea practicarle a los autonómos en los próximos años según la propuesta publicada por el Ministerio de Seguridad Social. Al parecer el señor Escrivá piensa solventar los 100.000 millones de euros que se acumulan como deuda de la Seguridad Social arrancándole los hígados a los trabajadores autónomos en los próximos diez años. Alguien debería decirle que no lo va a conseguir, pero es que ya lo sabe y le importa un rábano. Si finalmente consigues cobrar 4.000 euros al mes gracias a buscar clientes, tener dotes de convicción, trabajar catorce horas diarias y comerte infinitos platos de mierda vas a tener que pagar una cuota de más de 1.200, y a Escrivá y sus secuaces le importa un bledo que, en realidad, te vayas a gastar (por ejemplo) otros 1.200 mensuales en transportes, servicios, material o empleado si lo tienes. Al final el Gobierno se te llevará cerca del 60% de sus ingresos, y ojalá te alcance la suerte y tus clientes te abonen puntualmente las facturas. No, por supuesto, esto no es dejar a nadie detrás. Es ponerlo debajo. Y patearlo sin piedad.
Así ocurrirá a partir de la próxima legislatura y, más intensamente todavía, en la siguiente. Contención del gasto para luego moderarlo sustancialmente y subidas impositivas que afectarán sobre todo –y como siempre -- a las clases medias. La deuda pública española alcanzará el billón y medio de euros antes de finales de este 2022. Eso es más de 122% del PIB anual y supone una deuda per cápita de unos 30.300 euros (el PIB per cápita español, en cambio, arañó apenas los 27.000 euros en 2020). La hipótesis general es que cuando llegue ese momento de extorsión tributaria y progresiva pero rápida restricción del gasto la actividad económica sea intensa, se hayan creado o recuperado puestos de trabajo, circulen perras y, en consecuencia, el schock fiscal y la nueva austeridad sean menos dolorosas. Pero no se antoja una hipótesis muy firme en un país donde la deuda privada –particulares y empresas -- es todavía superior y ya llega al 150% del Producto Interior Bruto. Extrañamente hay gente – se llaman políticos y periodistas, uy – que suponen que se puede no pagar la deuda y seguir endeudándose infinitamente. Que el Banco Central Europeo seguirá comprando a mansalva deuda pública española –letras y obligaciones del Estado – hasta que las ranas críen pelo o Ricardo Fernández de la Puente y Vidina Espino caigan mutuamente enamorados. Desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2021 el BCE había adquirido títulos de deuda pública española por valor de 212.000 millones de euros. Uno de las prisas en sanear las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez procede, precisamente, de que las autoridades del BCE ya han anunciado que reducirán un 60% sus compras de deuda pública española este año.
Por supuesto que no hay un final feliz. El relato político siempre promete un final feliz que nunca llega. Se ha olvidado la excepcionalidad de los recursos financieros puestos en marcha por la Unión Europea, el formidable reto de gestión que suponen para unas administraciones públicas torponas, encorsetadas y envejecidas como las españolas y la fantasía de su gratuidad incondicional. No, no son gratuitos. Todos los estados aportaron su cuota para la creación de los fondos Next Generation. Somos nosotros mismos regalándonos dinero. Y mientras Ángel Víctor Torres anuncia lleno en las plazas hoteleras del próximo invierno la omicrón ha frenado en seco la caída de los contagios del virus en Gran Bretaña. Ahí sigue, con más de 100.000 casos diarios, lo que quizás no sea la mejor coyuntura para volver a las islas. Quizás sobrevivamos al apocalipsis vírico, pero el nuevo mundo que viene nos ha dejado a todos cara de desahuciados de nuestro futuro.
Las posibilidades de que nos peguemos un hostión indescriptible.
