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Camilo José Cela Conde

Montesquieu

Un indulto es, por definición, el procedimiento para enmendar la plana a los tribunales decidiendo desde el Gobierno anular, en todo o en parte, la sentencia firme que haya recibido cualquier delincuente. Se trata de negar la doctrina de Montesquieu, el filósofo ilustrado que dio con la que, hasta el momento, es el mejor sistema para equilibrar un Estado de derecho dividiendo sus competencias entre un poder ejecutivo, otro legislativo y por último el judicial, que se mantienen independientes entre sí.

Fue Alfonso Guerra quien proclamó de forma pública el final de esa independencia, declarando de manera enfática que Montesquieu había muerto. Pero todos los gobiernos que ha habido desde la transición hacia la España democrática han hecho suya esa voluntad de someter a las Cortes y a los jueces sin necesidad de decirlo en voz alta. En realidad suelen decir lo contrario, que acatan las sentencias judiciales para después hacer de su capa un sayo. Los continuos y numerosos indultos son un ejemplo pero también lo es la indiferencia con la que se reciben los varapalos que llegan desde el Tribunal Constitucional si se trata de un informe no vinculante, como acaba de suceder con la proyectada ley de Vivienda, e incluso si la sentencia es firme, como pasa y seguirá pasando con el contenido en castellano de las asignaturas que reciben los escolares en Cataluña.

Se diría que la muerte, primero física y al cabo intelectual, de Montesquieu conviene a la clase política cuando está en el poder, a la vez que se utiliza de arma arrojadiza desde la oposición. Nada que no hayamos visto mil veces hasta el punto de resultarnos familiar. Así que es raro que se haya tardado tanto en trasladar esas prácticas negacionistas desde el poder a la ciudadanía pero ya ha sucedido. Un funcionario del Ayuntamiento de Vigo, condenado a perder su plaza –se ha jubilado– y a pasarse más de cinco años en prisión por enchufar a una cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra acaba de dirigirse al Gobierno solicitando que le indulten. Las razones que da son académicas, declarando que obtuvo con gran esfuerzo el título de Graduado social por la universidad de Santiago de Compostela, laborales, asegurando que ha dedicado la práctica totalidad de su vida –profesional, cabría precisar– a defender los derechos de los trabajadores, y políticas.

El caballero alega en su favor que está afiliado a la Unión General de Trabajadores y al Partido Socialista Obrero Español. Son las razones quizá más sólidas entre todas las aportadas para corregir a los jueces y lograr el indulto. Al fin y al cabo, los más sonados que se han concedido en los últimos tiempos responden a claves políticas, como sucedió con los indultados por el llamado proceso independentista de Cataluña. Pero ¡ay!, también en la política hay grados. Igual Montesquieu sigue vivo para los simples militantes.

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