A veces una ley es insuficiente para cambiar las cosas. Es necesario que la gente quiera cambiarlas. Este febrero se celebran los 90 años de la aprobación de la ley del divorcio en el marco de la Segunda República.
Faltan un par de semanas para el 8 de marzo. Estos días, en las redes sociales, muchas mujeres del ámbito cultural y social que tienen proyección pública explican que las instituciones comienzan a contactar con ellas para «hacer algo» esa jornada. De unos años hacia aquí el Día de la Mujer ha cogido tanta fuerza que ninguna entidad ni organismo quiere dejar de demostrar su (presunta) implicación con la cuestión de género. En muchos casos es un simple blanqueo (o quien prefiera hacerse el moderno y tirar de inglés: purple washing). Ahora bien, el hecho de que las instituciones crean que el 8-M tienen que hacer algo no es un tema menor. Saben que de lo contrario serán señaladas por la opinión pública y, si esto es así, es porque comienza a haber un cambio de mentalidad.
Y mientras los responsables de organismos varios van como locos para «hacer algo» el 8 de marzo, se celebran los 90 años de la aprobación de la ley del divorcio de 1932 en el marco de la Segunda República. Fue el momento en el que España se intentó modernizar. Cuando en abril de 1931 se puso punto y final a la monarquía, uno de los principales objetivos de los partidos que habían ganado las elecciones era conseguir de una vez por todas tener un país laico y apartar a la Iglesia católica del espacio público. Se intentó en todos los ámbitos. Uno de los más evidentes fue la enseñanza (que hasta entonces había sido controlada mayoritariamente por las órdenes religiosas), pero también en otros aspectos no tan conocidos como los cementerios, que también fueron secularizados.
En ese proceso de separar la Iglesia del Estado, era necesario abordar la cuestión del matrimonio. Según el Código Civil vigente desde 1889, las uniones maritales solo se disolvían con la muerte de uno de los cónyuges. O sea, aquello de «hasta que la muerte os separe» que dicen los curas cuando celebran la ceremonia católica. Con la voluntad de cambiar esto, a la hora de redactar la constitución republicana de 1931, en el artículo 43 se reconocía que el matrimonio podía disolverse por mutuo acuerdo o por petición de uno de los cónyuges. De esta forma se abrían las puertas al divorcio. La redacción de la ley para regularlo fue larga y no llegó al Congreso hasta febrero de 1932. Durante el debate previo a su aprobación, fue apoyado por el Partido Socialista y la Derecha Liberal Republicana. Consideraban que era una forma de equiparar a España al resto de países europeos, que ya hacía tiempo que tenían leyes similares. Sobre todo, lo interpretaban como un paso más para alejar los tentáculos católicos de la vida pública. Es decir, conseguir que la jurisdicción civil prevaleciera por encima de la eclesiástica. En cambio, entre los partidos opositores se encontraban las formaciones conservadoras vinculadas a la Iglesia. De hecho, algunos sacerdotes que habían logrado el acta de diputado intervinieron para exponer su posición. Fundamentaban sus argumentos basándose en la doctrina católica y las encíclicas papales. Según ellos, la unión matrimonial solo podía celebrarse ante Dios y era indisoluble para el hombre. Vaticinaban que la aprobación de la ley del divorcio llevaría España a un escenario de familias rotas por una oleada de rupturas (entonces nadie utilizaba la palabra tsunami). Se equivocaron completamente. Según investigaciones de la historiadora Mary Nash, una de las máximas autoridades en el estudio de la situación de la mujer en la época republicana, en 1936 el índice de divorcios era solo de 165 por cada 1.000 matrimonios. Es decir que no fue un instrumento para destruir la institución familiar, tal y como auguraban algunos.
Y es que una cosa es que exista un marco jurídico, y otra, que exista la mentalidad para poder aplicar una nueva ley con plenitud y sin prejuicios. Porque a pesar de que existía la voluntad de convertir España en un país laico, y por mucho que buena parte de la ciudadanía estuviera a favor, la tradición católica en la que habían crecido todas las generaciones que vivían en aquel 1931 todavía condicionaba el modo de pensar. La ley del divorcio, como tantas otras medidas progresistas, solo habría podido consolidarse si la Segunda República hubiera tenido más recorrido, pero ya sabemos cómo fue la historia.
Franquismo
Delito de adulterio solo para ellas
Con el franquismo, la Iglesia recuperó con creces el poder perdido. El régimen actuó en consecuencia: en 1939 anuló la ley del divorcio con carácter retroactivo y evidentemente no quiso reconocer las uniones civiles. Además, se reinstauró el delito de adulterio, que solo perseguía a las mujeres casadas, pero no a los hombres, por más infieles que fueran.
