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Editorial

El coste de la guerra

La recuperación económica tendrá que esperar una vez más pese a que todo apunta a que la pandemia ya no volverá a causar los daños que ha provocado a la salud y a la actividad empresarial desde 2020. La corrección a la baja realizada esta misma semana por el Banco de España a sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2022 y 2023, que sigue a las rebajas de otros organismos como el centro de análisis e investigación económica y social Funcas, deja en una mera ilusión el cuadro macroeconómico con el que el Gobierno de España calculó el año pasado los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio actual. Han transcurrido apenas unos meses, pero lo cierto es que ya nadie habla de la potentísima recuperación económica que se esperaba una vez superados los sinsabores del coronavirus. Solo se habla de guerra y de inflación. Esta nueva realidad tendrá efecto sobre las cuentas del Estado, como ya lo está teniendo sobre el bolsillo del conjunto de los ciudadanos.

En su informe trimestral publicado el martes, el Banco de España estima que la economía española crecerá este año el 4,5%, esto es, nueve décimas menos que lo que calculaba el pasado diciembre, apenas dos meses antes de que la invasión de Ucrania por parte de las tropas de la Rusia de Vladimir Putin apareciera en el horizonte. Las cifras oficiales del Gobierno de España se mantienen todavía en un 7%, que si ya era optimista cuando se presentaron, ahora se antojan simplemente imposibles. Se da por descartado que el dato se revisará cuando el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez presente el Plan de Estabilidad 2022-2025 a finales de este mes de abril. Ahora, y con la vista puesta en el medio plazo, el Banco de España no confía en recuperar el nivel de la actividad de antes de la pandemia al menos hasta el tercer trimestre de 2023. Más de un año para remontar la economía. De todos los malos datos conocidos el martes, el más preocupante es el de la inflación, algo que no preocupaba a nadie desde hace casi cuatro décadas. Subirá al 7,5%, estima el mismo informe.

En este contexto, el Gobierno de Canarias, una semana antes de conocer la revisión a la baja del Banco de España para el conjunto de país, consideraba que la economía de las Islas tanto podía crecer un 8,5% este año como un 4,1%, esto es, menos de la mitad. Se trata de una enorme diferencia que se explica por la alta volatilidad: la guerra y el alza sostenida de las materias primas, anterior a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y su impacto en la inflación son los elementos diferenciales que determinarán si las Islas se acercan al escenario más optimista, cada día que pasa más improbable, o se quedan en el menos propicio para que el PIB recupere parte del aliento perdido durante la pandemia. En términos de empleo esas tasas de crecimiento se traducen en 38.700 ocupados más al terminar el año en caso de cumplirse la predicción más positiva o 9.200 si la guerra se enquista y no hay forma de desatascar el embudo del sistema logístico internacional. Son los datos contenidos en el último informe elaborado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, que dirige Blas Acosta, y que intuye ya el efecto que sobre el devenir de la economía mundial tiene el conflicto bélico desatado por Vladimir Putin.

Por si fuera poco, estas malas noticias para la económica nacional y regional cuentan ya con el impacto positivo de las medidas que ha adoptado el Gobierno de España para intentar contener la escalada de precios, que incluyen desde bonificaciones a los carburantes hasta topes a la subida de los alquileres. Sin embargo, no incluyen la demanda isleña de contribuir a una relajación de los costes del transporte aéreo. Aunque hasta el momento no hay indicios de enfriamiento de la actividad turística no cabe duda de que hay que estar vigilantes para detectar a tiempo una previsible traslación del incremento del precio de los hidrocarburos a los billetes de avión, situación que restaría activos al pulmón de la economía del Archipiélago.

Las previsiones económicas a la baja, además, no incorporan las consecuencias de futuras sanciones contra Rusia o la misma prolongación del conflicto bélico. La OTAN acaba de señalar que se podría prorrogar meses o incluso años. Los países de la Unión Europea están mostrando unidad de acción desde el inicio de la invasión, debilitando a la economía rusa, pero ya se ha visto que las sanciones actúan como un bumerán contra los países occidentales. Las atrocidades de la localidad próxima a Kiev de Bucha y otras ciudades ucranianas no pueden quedar sin una respuesta europea, aunque se haga calculadora en mano para evaluar la relación coste-beneficio. La dificultad de desprenderse de la dependencia del gas y petróleo rusos es mayor para países como Alemania, muy vinculado a la actividad turística isleña, que para otros.

En España y en Canarias todos estos acontecimientos se traducen en una única certeza entre un mar de dudas: este año los esfuerzos deben centrarse en salvar los muebles. Es ahora cuando el Estado debe, por desgracia una vez más en tan corto espacio de tiempo, ejercer su función de paraguas social, evitar que la inflación golpee más a las rentas bajas y se dispare la desigualdad social. El primer conjunto de acciones va en la buena dirección, pero posiblemente sean necesarias más en las próximas semanas o meses. Un incremento del gasto social (solo la subida de las pensiones por la inflación costará 13.500 millones más) que sería contraproducente hacerlo solo a cuenta del déficit. De ahí las voces que rechazan una bajada de los impuestos en la coyuntura actual.

Toda invasión de un país por otro, además de constituir una vulneración de las normas básicas del derecho internacional tiene un coste. En primer lugar, para quienes la padecen, en este caso, los ucranianos, pero también para la población del país invasor, los ciudadanos rusos cuya maltrecha y empobrecida economía sufrirá un descalabro sin par de continuar la ofensiva de Putin y las sanciones. Es lógico, por lo tanto, que muchos ciudadanos se pregunten, en España y en los otros países que apoyan a Ucrania, si merece la pena el esfuerzo económico que implica esta actitud, que se suma al que hubo que hacer recientemente durante la pandemia. La guerra está suponiendo un elevado coste para todos en términos de inflación, de falta de materias primas procedentes de Ucrania o de Rusia. Si la ofensiva prosigue o incluso se recrudece en los próximos días –como parece indicar el reagrupamiento del Ejército ruso en el este del país–, ello conllevará no solo más sufrimiento para los ucranianos y más empobrecimiento para los rusos, sino más sanciones, más refugiados y la necesidad de más ayuda humanitaria y militar a Ucrania. Un coste más elevado del que hemos pagado hasta ahora. ¿Estamos dispuestos a asumirlo? Hay quien cree que el destino de Europa se juega en Ucrania.

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