Hace unas semanas aventuré en esta misma columna que la fiscalía no querría saber nada de los contratos de la Comunidad de Madrid con el hermano de Díaz Ayuso. Ahora no sólo sabemos que es así, sino que además hará todo lo posible para que la fiscalía europea no intervenga en esa cuestión. Sin embargo, el dinero es europeo y al final la justicia europea tomará cartas en el asunto. Que nuestra fiscal general, la Sra. Delgado, se haya alineado con los países que, como Polonia y Hungría, no reconocen la superioridad de la ley europea sobre la nacional, nos produce sonrojo y vergüenza. Por supuesto, que esta sea la actuación de una fiscal que se dejó retratar con un tipo como Villarejo, en modo alguno nos sorprende. Difícilmente se puede imaginar algo más escandaloso, así que tras esa foto ya estamos curados de espanto.
Al parecer, el sistema político español no puede permitirse reabrir la guerra que se llevó por delante a Casado, ni dejar sombra de duda de que, en cierto modo, éste tenía razón en el fondo. Que en la despedida de Casado en el Congreso de Sevilla se haya pronunciado de nuevo la palabra injusticia quizá sea cierto, pero a quién le importa. Una buena marca electoral, como la de Díaz Ayuso, es una promesa de estabilidad. Eso lo sabíamos desde antiguo, pero prevemos que en el futuro la estabilidad va a ser un bien muy preciado.
A pesar de todo, lo que no podíamos imaginar es que, después de esa gloriosa actuación de la fiscalía general protegiendo al Gobierno de Madrid de los ojos europeos, el Gobierno se dispusiera a promover, por una extraña ley indirecta, que esa misma fiscal general, cuando deje el cargo, pueda pasar a ser Fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Los argumentos en los que se ha escudado el Gobierno son dos: primero, que así la fiscal general no tendrá que temer represalias de nadie y será más independiente; segundo, que de este modo se garantiza que no tenga que incorporarse a su antiguo empleo, pues sería considerado poco digno de quien ha llegado a ser fiscal general.
Los dos argumentos son espurios, desde luego. El primero, porque no se puede nombrar un fiscal general si no reúne previamente las condiciones para ser independiente. El segundo, porque ese nombramiento es sencillamente político. Que una decisión discrecional del presidente del Gobierno pueda servir para acceder a un puesto superior, violando el espíritu de lo que es una carrera profesional, testimonia que aquello del igual acceso a los puestos de la función pública, básico en nuestra Constitución, choca con los hábitos de un sistema político que se enseñorea de las instituciones. Pues no es un caso de puertas giratorias. Es un caso de intromisión del poder ejecutivo en las carreras profesionales. Por el mismo motivo, todos los que tengan una profesión, al acabar su nombramiento político, deberían exigir ser elevados a un rango de mayor dignidad en su carrera.
Todo en estos argumentos es perverso. Pero resulta inexplicable que haya entrado en esta operación alguien como Pedro Sánchez, que a la legua se ve que quiere labrarse una carrera en Europa, que ha adaptado el habitus y el modo profesional de los políticos norteños, y que ha sabido manejar la última reunión del Consejo Europeo con firmeza, eficacia y decisión. Pues es verdad. Desde González no hemos tenido un presidente de Gobierno que pueda entrar en una conversación eficaz con los grandes de Europa sin desentonar. Ni Aznar ni Zapatero ni Rajoy fueron capaces de acreditarse en el mismo modus operandi con sus Rutte, van der Leyen o Michel respectivos.
¿Cómo es que Sánchez consiente entonces que se lance un desafío tan fundamental a Europa? Pues, ¿cómo vamos a avanzar en la estructura consorciada del fisco de Europa si los fondos europeos de ayuda a la recuperación económica no son controlados en última instancia por los fiscales europeos? Es evidente que este despropósito no podrá aceptarlo nadie en Bruselas. Pero si el Gobierno de España no solo consiente esta insensatez, sino que además fuerza la ley para premiar a la fiscal general que la comete, entonces solo cabe hacer un comentario. Algo gordo se trama en esta situación.
Dada la falta de claridad en las explicaciones del Gobierno, y teniendo en cuenta la sincronía del despropósito y del premio, resulta claro que las interpretaciones no podrán ser sino hipotéticas, desde luego, pero quizá maliciosas. Como todas las hipótesis, tendrán que ser verificadas por hechos. La verificación será si Feijóo pacta con Sánchez la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es posible pensar que una de las condiciones que imponga Feijóo para cerrar ese acuerdo sea la clave de su pacto con Díaz Ayuso: que la posición de la presidencia de la Comunidad de Madrid no sea tocada. Bajo esa condición, la presidenta pudo dejar el campo libre al pacto gallego-andaluz que ha cristalizado en el congreso de Sevilla.
Siempre bajo esta misma hipótesis, la fiscal general podría verse inclinada a hacer ese favor al Ejecutivo para normalizar la situación calamitosa del órgano supremo del poder judicial, pero quizá podría preguntar: ¿Qué hay de lo mío? Pues el pacto, me temo, podría implicar su cabeza. Ahora bien, si en estos momentos Díaz Ayuso fuese como los grandes bancos, un bien sistémico a proteger, testimoniaría dónde estamos realmente. A un paso de una situación de emergencia.
