He de reconocer que después de tantos años escuchando y leyendo acerca de la corrupción del Partido Popular comienzo a perder la cuenta de cuantos procedimientos judiciales relativos a Gürtel están aún pendientes de juicio, en qué momento procesal se encuentra el caso Kitchen y a cuántos años de cárcel han sido condenados Luis Bárcenas o Francisco Correa. Unos nombres se mezclan con otros en una interminable lista de sinvergüenzas y ladrones que se aprovecharon desde dentro del Partido Popular para quedarse con el dinero de los españoles con la disculpa de hacer encargos para este partido o por ser los que adjudicaban esos encargos. Solo en la Comunidad Valenciana existen seis piezas separadas.
Caso aparte es Madrid. La ciudad y la comunidad autónoma. Madrid es una ciudad donde abundan los empresarios sin empresa, los abogados que no tienen ni idea de Derecho y los médicos de clínica privada que si los metiesen en un hospital público saldrían corriendo a la menor ocasión. Se registran empresas con rimbombantes nombres en inglés, vacías de contenido y sin actividad empresarial alguna, cuyo único objetivo es conseguir comisiones por la adjudicación de servicios o contratos de alguna de las dos administraciones dirigidas por el Partido Popular. Para ello es fundamental tener los contactos adecuados asistiendo a insulsos acontecimientos sociales, como presentaciones de ropa o conferencias en las que los asistentes deben pagar por poder escuchar a expresidentes del Gobierno resentidos. Fruto de esta manera de hacer política basada en el amiguismo y la corrupción ha sido el escándalo de los beneficios extraordinarios que están siendo investigados por la justicia de dos seudoempresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, que responden a un clásico en la idiosincrasia madrileña: el de los comisionistas que se aprovechan del erario público para hacerse millonarios gracias a que conocen a personas que trabajan en la administración o a sus familiares. Luis Medina pudo acceder al Ayuntamiento de Madrid por su amistad con un primo del alcalde, el popular José Luis Martínez Almeida, desconociéndose hasta la fecha el papel que han tenido los dos.
La doctrina ultraliberal, tan de moda en un sector de la sociedad española en los últimos años, se basa en dos aspectos. El primero consiste en exigir una bajada de impuestos prolongada en el tiempo con el consabido argumento de que donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los españoles. Al mismo tiempo se desmantelan los servicios públicos, con especial obsesión por la sanidad pública, para vender al mejor postor la prestación de servicios que son realizados por las administraciones con vocación de servicio y no de obtención de beneficio económico. El segundo supone que una vez que se ha vendido prestaciones de servicios públicos se entrega la totalidad de su gestión a un grupo de empresas con la disculpa de que la gestión privada es siempre mejor pública. Es decir, primero se destroza y luego se malvende. Alrededor de una administración dirigida por el Partido Popular surgen siempre los comisionistas provenientes de lo que algunos entienden por alta sociedad, es decir, personas provenientes de la nobleza o realeza sin ocupación ni actividad laboral conocida que logran obtener pingües beneficios presentando una tarjeta con su nombre o haciendo una llamada telefónica aprovechándose del influjo y admiración que provocan en ciertas personas por el mero hecho de salir en programas de televisión de entretenimiento o revistas del corazón.
Este nuevo caso de comisionistas que acceden a administraciones del Partido Popular se une al de momento no aclarado asunto de presunta corrupción del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Resulta evidente que el PP no ha logrado hasta el día de hoy solucionar su grave problema de corrupción que se encuentra enquistada en su estructura. La dimisión de Pablo Casado, hace unas semanas, y la llegada a Madrid de Alberto Núñez Feijóo, responde a esta ausencia. Casado pensó que su partido quería de una vez por todas desvincularse de su pasado corrupto pero los barones del PP optaron por responder a la vieja usanza echando tierra por encima al hecho de que el hermano de la presidenta consiguiese colocar una comisión de casi 300.000 euros comprando y vendiendo mascarillas por teléfono para la comunidad autónoma dirigida por su hermana. Y si para eso era necesario cambiar de presidente no dudaron en desprenderse de Pablo Casado de mala manera mientras Mariano Rajoy, bajo cuyo mandato al frente del Partido Popular la red Gürtel extendió sus tentáculos por media España y se organizó la trama Kitchen, es aplaudido en los mítines a los que es invitado por los barones del PP.
Al margen de lo aquí escrito subyace el verdadero motivo del caso Feria. Dos sujetos, Luis Medina y Alberto Luceño decidieron comprar material sanitario de mala calidad para venderlo al Ayuntamiento de Madrid porque sabían que sería aceptado de cualquier manera. Después añadieron 6 millones de euros de comisión. En plena pandemia y con 900 personas muriendo a diario y con el beneplácito del PP.
