Cuánto sabe la gente que sabe. Cuando el Gobierno presidido por el coalicionero Paulino Rivero (y vicepresidido por el socialdemócrata José Miguel Pérez) se enfrentó a las prospecciones de Repsol en aguas próximas a Canarias no faltaron los que ridiculizaron este rechazo –que contó con un amplio respaldo popular– como un ejemplo de catetismo aldeano y manipulación. ¿Por qué negarle a Canarias la oportunidad de disfrutar de las ventajas de la explotación de importantes yacimientos submarinos de petróleo? Ahora que las prospecciones apoyadas por el gobierno de Rabat y desarrolladas por la empresa británica Europa Oil & Gas han encontrado un yacimiento de crudo que podría llegar a los 1.000 millones de barriles a unos 200 kilómetros de La Graciosa, casi al borde de la zona económica exclusiva de España, esta gente tan lista vuelve a dar la murga, y te cuentan que Marruecos nos va a chupar (sic) todo el crudo que exista por esos andurriales. Qué listos los marroquíes y que bobos somos los que rechazamos las pesquisas de Repsol y no asistimos (por ejemplo) a los almuerzos y meriendolas que ofreció la multinacional española a los periodistas isleños.
Canarias no se hubiera beneficiado ni con un barrilito de queroseno si Repsol hubiera insistido en su exploración submarina y encontrado un yacimiento explotable. No somos un Estado, sino una comunidad autónoma, y no estamos en condiciones de imponer condiciones a una compañía de la potencia empresarial, económica y tecnológica como es Repsol, cuyos permisos de perforación concedió en su día el Gobierno español. Yo ignoro de dónde sacan sus petulantes ensoñaciones los que sostienen que nos podríamos haber llevado un solo céntimo si las prospecciones hubieran concluido con éxito. El señor José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía, insistió mucho al respecto, pero jamás concretó nada sobre el fantasmagórico modelo de explotación que permitiría a Canarias participar en los beneficios de la extracción y la venta de crudo. Por una razón obvia: no existe tal modelo y una comunidad autónoma no tiene absolutamente nada que decir, proponer o exigir, desde un punto de vista jurídico, sobre una explotación petrolera a 100 kilómetros de sus costas. Nada.
El futuro energético de Canarias apunta irreversiblemente a las energías limpias aunque el petróleo –y el gas– sigan manteniendo un alto porcentaje en el mix energético durante los próximos lustros. La energía fotovoltaica y la energía eólica aumentaron su velocidad de implantación en la pasada legislatura, y después de pasar lo más duro de la pandemia, han cobrado de nuevo fuerza. Y sin embargo persisten agónicos cuellos de botella reglamentarios y administrativos que deben ser resueltos o suprimidos para que se cumplan las predicciones del Plan de Transición Energética de Canarias, y en el 2030 el 60% de la demanda eléctrica del archipiélago se cubra con fuentes renovables. El Plan de Transición está muy bien, pero curiosamente no cuenta con las inercias e ineficacias que la selva de informes, permisos, autorizaciones y contratos que empresas y particulares deben superar. En ese encrespado desbrozamiento administrativo, que coarta todavía la implantación de renovables en las Islas, y en la colaboración sistemática de la administración autonómica con cabildos y ayuntamientos con el objetivo de acelerar la transición energética es donde debe centrarse la exigencia crítica, no el lloriquear por un petróleo que, en ningún caso, sería nuestro, ni directa ni indirectamente, y que en Marruecos tampoco bendecirá a la población, sino a la familia real y a la camarilla corrupta y criminal del Majzén.
