De vez en cuando los meatintas provincianos no resistimos la tentación de comentar lo que ocurre más allá de Famara o de la Farola del Mar. Y lo que ocurre –que afecta tanto a los canarios como a los murcianos o a los gallegos– es singularmente grave, aunque, por supuesto, no ha sido mencionado en el último pleno del Parlamento de Canarias. Pedro Sánchez ha entregado la cabeza de la directora del Centro Nacional de Inteligencia para que ERC –y en segundo plano Bildu, por supuesto– no le enajene los apoyos parlamentarios que necesita para culminar la legislatura. Los independentistas catalanes y vascos están furibundos, aunque después de la decapitación simulen cierta quietud. Escucho a Gabriel Rufián espetar la expresión cloacas del Estado como si estuviera masticando un mojón. Es patrimonio moral de la izquierda bienpensante que el Estado no puede espiar a nadie, pero estoy seguro que en la república catalana que anhela Rufián se organizaría una agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia de la Generalitat, que al igual que el CNI tendría como objetivos básicos proporcionar información, estudios y análisis al Gobierno y a su presidente. Estudios y análisis que permitan prevenir y evitar peligros, amenazas o agresiones contra la independencia y la integridad de Cataluña. Cabe esperar que, como en el caso de España, los servicios de inteligencia de las futuras repúblicas de Cataluña y Euskadi solo puedan interceptar comunicaciones telefónicas con el permiso explícito y razonado de la autoridad judicial. Pero vaya usted a saber. Otegui y Oriol (esos dos estadistas) son muy suyos.
Por supuesto Pedro Sánchez sabía a quiénes espiaba el CNI. Se ha cuidado mucho de negarlo o confirmarlo, pero el presidente tiene en su despacho cada semana un resumen ejecutivo del servicio de inteligencia. Eso es lo más estúpido de este vodevil: un presidente que no asume sus decisiones y unos socios parlamentarios que no piden su dimisión, que ni siquiera exigen seriamente explicaciones públicas, pero que necesitan el cadáver político de la ministra de Defensa para contentar la necrofagia de sus respectivas parroquias. Se insiste mucho –y con razón– en que Sánchez necesita de los independentistas, pero los independentistas necesitan igualmente a Sánchez. Son debilidades que se alimentan mutuamente y que actúan sin ninguna consideración ni respeto por los procedimientos reglados, las instituciones públicas o el sentido de Estado. Quizás todo esto era inevitable. Depender parlamentariamente de fuerzas independentistas que anteayer desafiaron el orden constitucional y que no han renunciado a hacerlo en un futuro inmediato tiene un coste difícilmente evaluable y democráticamente inasumible, excepto para el caudillismo de Pedro Sánchez y el baboso club de fans al que ha reducido al PSOE.
Uno de los efectos terribles del sanchismo es, precisamente, la corrupción de los valores políticos de la izquierda a manos de un relato mendaz y oportunista que se contenta con durar diez minutos en la memoria de los ciudadanos tuiteros: es más que suficiente. Cuando pierda el poder a los socialistas, agostados todos los cuentos y ganadas o perdidas todas las guerritas culturales, les espera una larga marcha por el desierto. Uno escucha a ese individuo alto y jactancioso pisotear contradicciones como quien baila en una verbena y lo que antes era irritación empieza a convertirse en una preocupación por la naturaleza de un presidente del Gobierno para el que no existen líneas rojas: el color de la verdad es el de la corbata que haya elegido ese día. Así que puede destituir a la directora del CNI y acto seguido agradecerle sus treinta y tantos años de servicio. Nada tiene sentido para que el que decida cualquier sentido sea él. Pedro Sánchez no es un presidente bueno o malo. Es un presidente peligroso para la estabilidad (y la legitimidad) del sistema político español: la democracia parlamentaria definida y defendida por la Constitución de 1978.
