Resulta muy difícil pronosticar cómo se resolverá el caso Pegasus. Si atendemos a los precedentes, parece inevitable alguna dimisión. En 1995 se descubrió que el Cesid, antecesor del actual CNI, llevaba años espiando las comunicaciones de altas personalidades. Entre ellas, las de Juan Carlos I, directores de periódico y políticos de primera fila. Como consecuencia de todo ello, dimitieron el director de los servicios de inteligencia, el ministro de Defensa y el vicepresidente del Gobierno. Los hechos se convirtieron en un escándalo al hacerse públicos, pero si llegaron a los medios de comunicación fue porque uno de los miembros del servicio de inteligencia vendió las grabaciones a un banquero acusado de estafa, que los pasó a los periodistas.
Ahora, hechos parecidos han llegado al público por caminos distintos. En lo que se refiere a los independentistas catalanes, primero se dio a conocer en The New Yorker que más de sesenta militantes habían sido espiados. Luego se supo que en la Comisión de Secretos Oficiales Paz Esteban, la directora del CNI, había informado del espionaje de 18 líderes separatistas, autorizado por un magistrado del Tribunal Supremo. Con eso, la fuente más autorizada confirmó la intromisión en las comunicaciones de esos líderes políticos y activistas. Por otra parte, el ministro de Presidencia hizo saber en rueda de prensa que los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa habían sido espiados...
El artículo 1 de la ley 11/2002, que regula el CNI, dice que su tarea es proporcionar al presidente y al Gobierno «las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones».
Con el pinchazo a los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles tenemos una brecha importante en los dos teléfonos más delicados para la seguridad nacional, lo que pone en peligro los intereses nacionales que menciona expresamente el artículo citado. Ese peligro no fue detectado. En cuanto a los independentistas catalanes, pueden hacerse matices. Hubo un periodo en el que de modo explícito se promovió la secesión, lo que constituye un riesgo obvio para la integridad territorial. Lo que no tiene sentido es que se espiara a líderes independentistas que habían abandonado la estrategia de secesión, especialmente cuando se abrían a la posibilidad de asegurar la estabilidad de una de las instituciones del Estado, como es la presidencia del Gobierno.
Los partidarios de la independencia de Catalunya, como los que desean acabar con el Estado de las autonomías, caben en nuestro sistema político. Y, aunque sus proyectos políticos sean incompatibles con algún aspecto del régimen que establece la Constitución, esta les ampara siempre que su lucha política respete las normas establecidas. Conviene, pues, aclarar bien las razones que justificaron el espionaje por parte del CNI. Por sus propias características, ofrece menos garantías que la aplicación de la legislación prevista para la investigación de eventuales delitos. La ley orgánica 4/2002 regula la autorización judicial al CNI para que pueda espiar las comunicaciones, suspendiendo así a los afectados su derecho fundamental del artículo 18.3 de la Constitución. Pero el magistrado que autoriza esa actuación del CNI no es un juez instructor, que, además de autorizar, sigue de cerca las intervenciones telefónicas que se producen al amparo de los artículos 588 bis y siguientes de la ley de enjuiciamiento criminal. El deber de los poderes públicos es asegurar que las medidas restrictivas de los derechos fundamentales deben ser lo más limitadas posibles, y acompañadas del máximo nivel de garantías.
El CNI es una institución necesaria y respetable, pero hay que dilucidar si se ha producido alguna acción u omisión que queden fuera de los objetivos que la ley le impone. Y, en este supuesto, deberían asumirse responsabilidades al nivel que corresponda. La tarea sacrificada de los servicios de inteligencia lo merece, y es imprescindible para asegurar un mínimo de calidad democrática.
