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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Eligio Hernández

Punto de vista

Eligio Hernández

¿Quousque tandem, presidente Sánchez?

El Congreso de los Diputados convalidó con 176 votos a favor frente a 172 en contra y una abstención, el Decreto Ley del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra, gracias al apoyo decisivo de EH Bildu, pactado con ERC, que votó en contra, lo que no deja de ser un abrazo del oso, aparente demostración de afecto que en el fondo encierra no una manifestación de aprecio sino más bien de chantaje. Celebro y respeto que EH Bildu haya salvado con su voto una norma social de evidente interés general, que antes haya abandonado el terrorismo, que participe en el Parlamento, y que se pueda pactar con dicha formación políticas sociales, pero no a cualquier precio, lo que no comparto en absoluto. Rásguese las vestiduras quien quiera, pero dirigentes de Bildu fueron inductores de los centenares de delitos sangrientos de terrorismo cometidos por ETA, entre los que Otegi, líder de ellos, fue condenado a prisión por pertenecer a ETA, y siguen encubriendo la impunidad de delitos cuyos autores no han sido juzgados ni condenados. El presidente de Sortu y parlamentario de Bildu, Arkaitz Rodriguez, afirmó en el Parlamento vasco: «Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen» (El Mundo, 12 de noviembre de 2020). Admito que puedo no ser objetivo totalmente en mi enjuiciamiento del terrorismo por haber luchado contra ETA como Magistrado-Juez de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional y Fiscal General del Estado.

En este caso, a cambio de apoyar con su voto in extremis la aprobación del citado Decreto Ley, el pleno del Congreso, a instancia el Gobierno, le ha permitido a EH Bildu integrarse en la Comisión de Secretos Oficiales, junto con ERC, Junts y la CUP, donde podrán acceder a materia clasificadas como secretas, recibir información sobre el uso de los fondos reservados y controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, lo que supone un grave peligro para la Seguridad del Estado, ya que los agentes del CNI, difícilmente podrán ejercer sin reservas sus misiones legales, ni podrán confiar en ellos los Servicios de Inteligencia de las democracias occidentales, con grave detrimento de la unidad de España y de su estabilidad constitucional, pues nadie se podrá creer que dichas fuerzas políticas que no acatan la Constitución, guarden el secreto, al que están legalmente obligadas, de las deliberaciones de dicha Comisión.

ERC votó en contra de la aprobación del Real Decreto en protesta porque los independentistas catalanes han sido espiados presuntamente por el CNI. Conviene recordar que dieron un golpe de Estado en 2017, por el que fueron condenados por sedición, posteriormente parcialmente indultados, a pesar de lo cual siguen pretendiendo la amnistía, prohibida por la Constitución, y no cesan de proclamar «Ho tornarem a fer» ( lo volveremos a hacer). Ya dijo Junqueras, en una carta a la militancia, tras la sentencia: «Volveremos y volveremos más fuertes». Jordi Sánchez, secretario general de JxCat, ha dicho que «los que deberían cumplir la legalidad son los miembros del Supremo que reinterpretaron el Código Penal, y que el conflicto se resuelve con la amnistía, y el ejercicio del derecho a la autodeterminación» ; y el presidente de la Generalitat Pere Aragonés ha dicho que «se necesitan medidas mucho más amplias que los indultos y que la resolución del conflicto político va más allá, pactando un referéndum de autodeterminación», que no reconoce ninguna Constitución del mundo, ni la Unión Europea, ni Naciones Unidas .

Una de las funciones legales más importantes del CNI, gallardamente defendido por Margarita Robles, previa solicitud de autorización judicial de un Magistrado del Tribunal Supremo (artículo Único.2 de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo), es «prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad, y Seguridad del Estado, la estabilidad de su instituciones, los intereses nacionales y el bienestar de la Población» ( artículo 4.b) de la Ley Orgánica 11/2002, de 6 de mayo). Si los independentistas catalanes creen que han sido espiados sin autorización judicial, deben denunciarlos a los Tribunales si tienen pruebas. ¿Piden autorización judicial Maduro, el Servicio de Inteligencia cubano, Putin, y antes la KGB, para espiar a los que consideran enemigos de sus regímenes?, ¿piden autorización judicial la CIA, El Mossad, o el MI5 y MI16 británico?

Con motivo del apoyo parlamentario de EH Bildu y su incorporación a la Comisión de Secretos Oficiales, junto con los independentistas y partidos antisistema, introduciendo el caballo de Troya en la Seguridad del Estado, en pago de un apoyo puntual interesado («Timeo danao et dona ferentes», temo a los griegos cuando hacen regalos), ha vuelto a invocarse la vieja teoría del apaciguamiento para justificar dicho apoyo, a la que ya me he referido cuando se concedió el indulto a los condenados del procés. Se equivoca Sánchez si cree que con el precio político que ha pagado a éstos por su apoyo parlamentario va a lograr apaciguarles. La historia demuestra que apaciguar únicamente aumenta las ansias del apaciguado, el cual considera que nunca dejará de obtener ventajas mientras presione. «No se puede dialogar con un cocodrilo cuando tenemos la cabeza en su boca», reza la frase atribuida a Winston Churchill, quien durante los años treinta auguró que Hitler no se iba a dar por saciado nunca. El historiador de las ideas y filósofo político británico Isaiah Berlín ha escrito que «el nacionalismo secesionista es la más poderosa y destructiva fuerza de nuestro tiempo», que no se combate con el diálogo estéril, sino con todos los instrumentos legales que establece la Constitución. La llamada al diálogo y al apaciguamiento es una pura y simple propaganda política, para Sánchez –ha reiterado que nunca pactaría con Bildu–, que la mantiene a ultranza para permanecer a toda costa en la Moncloa, y para los secesionistas, que les permite ganar tiempo para que el «adoctrinamiento», «envenenamiento», como lo denominó Santiago Ramón y Cajal, facilite la independencia, según su hoja de ruta «hoy paciencia, mañana, independencia». No nos engañemos, el apoyo parlamentario y el gobierno de coalición con estos partidos extremistas pretendidamente a la izquierda del PSOE, es lo que ha generado el nacimiento y crecimiento de VOX. Los extremismos se retroalimentan. El voto de Bildu y su integración en la Comisión de Secretos Oficiales hará crecer exponencialmente a VOX, cada vez más cerca junto con el Partido Popular de ganar unas elecciones generales.

Lo que me preocupa es que la gestión de Sánchez, que además de graves errores, también tiene indudables aspectos positivos, carezca de la autocrítica de los militantes del PSOE, en cuyos Congresos y Comité Federal se toman los acuerdos a la búlgara, de tal manera que se tacha a los que ejercemos la crítica de fascistas o de traidores, cuando no se les amenaza con la expulsión, olvidando que la lealtad no puede ser acrítica, que no es lealtad, sino sometimiento al bonapartismo oligárquico que impera en los órganos del PSOE. La lealtad se debe al legado político, intelectual y moral de este más que centenario partido, no a sus mutantes órganos de dirección. ¿Es que los militantes socialistas no tienen ninguna duda sobre las consecuencias políticas del apoyo de Bildu, los independentistas de ERC y Podemos al Gobierno? «La duda no es una condición placentera, pero la certeza es absurda» ( Voltaire).

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