A principios de siglo –presidía Canarias Román Rodríguez y lo hacía, por cierto, gracias a los votos del PP y con consejeros del PP en su gabinete– se presentó el Plan Canarias Digital, dotado inicialmente de más de 60 millones de euros y del que nunca más se supo demasiado. Julio Bonis, un santo varón al que Rodríguez designó consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, aseguró en su momento que la modernización digital de Canarias empezaba en 2003. Casi veinte años después el presidente Ángel Víctor Torres, desde Martinica, ha insistido en su letanía mortífera sobre la digitalización de una economía canaria verde, sostenible y resilente. No, no es que las administraciones públicas y la empresa canaria sigan instaladas digitalmente a principios de siglo. Solo que no se ha seguido ninguna estrategia política abierta a la sociedad isleña y lo que se ha conseguido en materia de digitalización, tanto en las administraciones públicas como en la empresa privada, ha sido fruto de programas e intervenciones parciales, impulsos corporativos, imperiosas necesidades de gestión, iniciativas puntuales, ocurrencias genialoides y aciertos de chiripa. Alguna vez se podrán calcular las decenas y decenas de millones de euros que han provocado esta desidia inercial, esta incapacidad para una planificación estratégica. También tiene otro nombre: la fragmentación de una sociedad civil débil, el peso descomunal de la administración pública en la designación de recursos, la concepción de las instituciones públicas como parte de un botín político-electoral no compartible.
«Te llaman porvenir/porque no vienes nunca./Te llaman: porvenir,/ y esperan que tú llegues/como un animal manso/a comer de su mano./Pero tú permaneces/más allá de las horas/agazapado no se sabe dónde». Pareciera que Ángel González escribió este poema en Canarias. Tenemos un problema que afecta a la gestión pública, a la construcción de una sociedad más vivible, a una economía más diversificada y sostenible y, en último término, a una democracia que no se limite al ritual de votar cada tres o cuatro años. Y ese problema no ha dejado de agravarse y ahora se convierte en determinante: la falta de consensos y acuerdos que superen los intereses tribales que asfixian las Islas. Estos son años excepcionales que demandan soluciones excepcionales y que se sostengan en el tiempo, que se asuman como objetivos estratégicos y comunes. Y sin embargo el Ejecutivo canario gobierna como si atravesáramos un páramo de normalidad. No puede gobernarse en tiempos excepcionales como quien gestionara en un contexto normalizado. En anteriores gobiernos, ciertamente, la oposición era despreciada. Pero ahora la situación de Canarias es más compleja, más difícil, más incierta. En los primeros veintidós años del siglo (entre la caída de las Torres Gemelas y la guerra en Ucrania, pasando por el brexit, la crisis financiera de 2008 o la pandemia) hemos vivido un siglo entero en una ráfaga de cambios y acontecimientos fulgurantes.
Y el porvenir de Canarias está en el alero. Lo está incluso su recuperación turística a medio y largo plazo en un mundo nuevo y cargado de impuestos al tráfico aéreo. Lo está para diversificar su economía, lo que desde luego no se logrará –entre otros rasgos negativos– con un sistema de producción de conocimientos –un ecosistema de investigación e innovación– tan débil financieramente y fragmentario programáticamente como el que se vive en Canarias. Algún día nos enteraremos dónde se meterán los fondos Next Generation que haya podido conseguir Canarias, pero no auguro buenos resultados. Ha sido la hora de una cogobernanza de facto en Canarias entre mayorías y minorías, de acuerdos que se cumplan y no sean una foto o un titular, de mayor transparencia y participación y menos burocracia y control político. No se está respondiendo como es debido. Lo pagaremos.
