Hay que tener la cultura bien puesta para afirmar simultáneamente que “en cuarenta años no hemos logrado que la cultura sea para toda la población” y meter en el Parlamento un proyecto legislativo para “ordenar el sector público de la cultura en Canarias” (sic) sin discutirlo, hablarlo, consensuarlo básicamente, en su caso, con el sector. Y lo mismo puede decirse, por supuesto, de las administraciones públicas locales e insulares. Ese engendro de proyecto de ley, superfluo y cominero, ordenancista e inútil, pretende ser el broche de oro de una gestión que fundamentalmente no ha aportado ninguna novedad sustancial a la gestión cultural desde la Comunidad autónoma. Tal vez un mayor orden administrativo, una moderada puntualidad en plazos y procedimientos. Pero nada más.
Es interesante detenerse inicialmente en esa monserga de una cultura “para toda la población”. Juan Márquez ni siquiera se molesta en utilizar el término “ciudadanía”, lo que esboza más o menos lo que opina de los destinatarios de sus políticas y programas. Una de las condiciones imperiosas para una política cultural potente y coherente que aumente sus beneficiarios es, precisamente, el esfuerzo por compartir con ayuntamientos y cabildos análisis, interpretaciones y propuestas y no de afianzar un modelo que se ha repetido una y otra vez, ese estúpido malrauxismo autosatisfecho que se cocina en los despachos. No sé con cuantos concejales de Cultura se ha reunido el señor Márquez y su equipo y si dichas reuniones – de haberse producido – han servido para algo. Como ocurre en otras comunidades autonómicas desde hace mucho tiempo han debido articularse fórmulas consorciales entre las administraciones públicas para desarrollar políticas culturales a nivel local o insular complementarias con los programas autonómicos o viceversa. Márquez tenía una gran oportunidad, porque la izquierda gobierna en la mayoría de las corporaciones de Canarias, y dentro de la izquierda, Podemos. Pero ha preferido, en estos casi tres años, controlar políticamente todas sus iniciativas sin arriesgarse a llegar a acuerdos – con contadas excepciones – que no pudiese conducir y rentabilizar. Ese Marco Estratégico de la Cultura – que regulará las relaciones de colaboración interadministrativas – es un postre de última hora que, muy probablemente, no podrá ser aprobado antes de fin de año. Es curioso que un responsable político deje para el final de su mandato uno de los objetivos estratégicos que debería asumir su departamento. El que venga atrás que arree. Lo mismo ha ocurrido, por supuesto, con su política de comunicación. El viceconsejero de Cultura ha reducido al mínimo sus intervenciones en los medios de comunicación y su actitud no se ha caracterizado, precisamente, ni por la accesibilidad ni por una transparencia cotidiana a la hora de tomar decisiones. A Márquez no le interesa la prensa tal vez para que la prensa no se interese especialmente por él.
Lo peor de la gestión de Márquez, con todo, es lo que piensa dejar preparado. Esa Comisión de Coordinación del Sistema Público y el Consejo Canario de la Cultura, cuyos miembros, por supuesto, elegirá el Parlamento de Canarias, “y no el Gobierno”. Que Márquez parta del principio que el Gobierno no tiene nada que decir jamás sobre lo que vota y deciden los grupos parlamentarios que lo apoyan no deja de ser enriquecedor. ¿Podrán pertenecer a esos organismos músicos, teatreros, pintores o escritores que hayan pedido ayudas o becas a la Viceconsejería de Cultura? ¿Y los que las vayan a pedir? El primer deber de un creador, de un artista, de un intelectual canario es los próximos años será huir de semejantes engrendros y boicotearlos activamente. Si es que alguna vez esta pesadilla toma vida.
