Conocí a Joan Llinares hace años, cuando el siempre recordado Juan Manuel Bonet era director del IVAM. Luego seguí la actividad de Llinares en el Palau de Barcelona, porque se le encargó la dirección de las investigaciones sobre la corrupción en la institución musical de la Ciudad Condal. Era normal que cuando el propio IVAM estuviera en cuestión, tras las confusas formas de la dirección en la época Ciscar, Llinares fuera llamado para auditar las cuentas del museo, con las consecuencias que se conocen. Ahora dirige la Agencia Valenciana Antifraude, creada por ley en 2016 y encargada de prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción. La Agencia, adscrita a Las Cortes Valencianas, es el órgano no solo del legislativo valenciano, sino de toda la ciudadanía representada, para luchar contra esta peste.
Así que cuando Llinares me llamó para impartir una conferencia en las terceras jornadas de la Agencia no dudé ni un minuto en aceptar. La corrupción de las administraciones y de las instituciones es la principal afrenta que padece el ciudadano, tanto desde el punto de vista fiscal y económico como desde el punto de vista político. La corrupción nos roba dinero y dignidad a partes iguales. Por eso defendí que la corrupción es algo más que un impuesto oneroso que pagamos a los criminales –se supone que de varias decenas de miles de millones de euros–, y algo más que una práctica oportunista de ciertos actores, como con ligereza afirma la doctrina de la Agencia Catalana, otra de las que existen en España. Para mí, la corrupción es el germen de la tiranía, pues es un sistema de dominación siempre expansivo y potencialmente sistémico.
Por eso defendí que allí donde hay tiranía hay corrupción, y que donde esta se abre paso, prepara el camino a la primera. Defiendo la tesis, analizando la novela El hombre roto del marroquí Tahar Ben Jelloun, de que la corrupción no es solo un fenómeno legal o económico, sino fundamentalmente político. Genera una forma de poder humillante y expansivo, que se basa en relaciones personales asimétricas de dominación, organizadas bajo formas de fidelidad altamente coactivas, con sus propias estructuras de represalia penal, en jerarquías bien definidas y organizadas que, poco a poco, se instalan como un parásito en los organismos oficiales, transformándolos en una mera superficie escénica de legalidad, en un guiñol tras el que se esconde un mundo paralelo y subterráneo por el que circulan oportunidades de provecho económico, luchas contra los enemigos personales y políticos, influencias, informaciones, oportunidades e infamias.
Es así el de la corrupción un universo privado que vacía el sentido propio del mundo público, al quedar atravesado por los juegos ocultos del poder. Todo ello impide la creación de una sociedad igualitaria, pues concede primas de poder personal que violan todo nuestro sentido de la justicia y del juego limpio. Por tanto, no es algo periférico, ocasional, sino un principio político alternativo al que sostiene los elementos fundamentales de nuestra vida social. La corrupción genera su propio mundo, y lo hará tanto más cuanto más intuya que tiene delante a actores inconscientes, carentes de rigor, de autoestima, de virtud cívica, de honestidad y de sentido del honor.
Por eso la Agencia no solo persigue y lucha, sino que crea entre la ciudadanía la conciencia del carácter intolerable de la corrupción. Con eso, tal como observamos en la memoria del año 2021, la Agencia ve cómo, año tras año, aumentan de forma muy importante las denuncias, las informaciones y las investigaciones.
Eso es una buena señal, como lo es que poco a poco se animen las Comunidades Autónomas a fundarlas y, lo que todavía es más importante, a coordinar sus actuaciones, celebrando reuniones en las que compartir informaciones, buenas prácticas y reflexiones sobre la mejora de procedimientos, sobre todo para garantizar el reconocimiento y la inmunidad a los que denuncien. Pues no podemos desconocer el poder de represalia que tiene la corrupción. Hasta ahora se han creado, además de la Valenciana, las agencias del País Vasco, Cataluña, Islas Baleares y Andalucía. Una acción conjunta de todas ellas también es un paso firme hacia ese federalismo posible para España, y cabe preguntarse lo diferente que habrían sido las cosas si la Comunidad de Madrid tuviera una oficina semejante y no un mero plan creado aprisa y corriendo por la exigencia de la UE de controlar los fondos europeos.
Quizá todo el asunto del espionaje sobre el hermano de Díaz Ayuso se lo habría ahorrado Casado si la Comunidad de Madrid hubiera contado con una verdadera agencia independiente de persecución de la corrupción. Aquí, de nuevo, Madrid es ese muro contra un federalismo creciente y cooperativo. Pues lo que hemos visto esta semana sobre Aguirre, Cospedal y Villarejo nos muestra que la afición al espionaje, una de las formas inevitables con las que el crimen se expande, es el síntoma preciso de la corrupción endémica. El espionaje genera poder informal y arbitrario, mientras la ley se atiene al poder que puede ser el de cualquiera. El espionaje es la manera en que los corruptos desean arreglar sus problemas, con más corrupción. La limpieza que reclama una ciudadanía digna es lo que buscan las agencias antifraude. Y se tendrán que imponer allí donde todavía no existen, tan pronto como un gobierno responsable se alce contra una historia de corrupción endémica.
