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Alfonso González Jerez

Retiro lo escrito

Alfonso González Jerez

Eutanasia

Ayer, en el pleno parlamentario, la señora María del Río, diputada de Podemos, le lanzó a Miguel Ángel Ponce, del Partido Popular, una observación supercalifragilisticoespialidosa: «Si necesitara tratarme una enfermedad lo elegiría como médico, pero si me quisiera morir para nada, eh, para nada, no le elegiría nunca, pero nunca». Comparecía el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, para informar sobre la incidencia y desarrollo de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en Canarias al cabo de un año de su promulgación. El doctor Ponce la escuchaba con los ojos como platos. Al parecer la señora María del Río supone que uno puede elegir el médico que tutele el proceso de su eutanasia como quien elige a su dentista. Blas Trujillo vino a informar que más o menos han sido una decena las personas que en este último año han solicitado a la administración pública que prefieren morir antes de seguir viviendo en condiciones físicas o psicológicas insoportables o indignas. No son muchos, ciertamente.

No menos sorprendente es la furia con la que María del Río acogió las muy prudentes alusiones a las deficiencias en materia de cuidados paliativos que padece la sanidad pública canaria del doctor Ponce y del diputado coalicionero José Alberto Díaz Estébanez. Esto de los cuidados paliativos irrita a su señoría porque, tal vez, con unidades del dolor más potentes y dotadas de mayores recursos tecnológicos y profesionales la gente con enfermedades dolorosas e irreversibles no optaran por el suicidio directo. Y esto no puede ser. La señora del Río quiere que la gente elija matarse como un derecho, porque si no se mata casi nadie, ¿cómo va a convertirse en un derecho consolidado y sumamente progresista?

En realidad – y nadie lo ignora – ya se practica la eutanasia. Porque no es un concepto único e inequívoco. Existen tres clases de eutanasia reconocida por los especialistas: la activa, que consiste en proporcionar consciente y programadamente la muerte a una persona por medio de una acción positiva, a través de una inyección de barbitúricos o de cianuro, por ejemplo; la pasiva, cuando no se proporciona a un moribundo una terapia que prolongue su vida, como no conectarlo a un respirador artificial; y la activa indirecta, que ocurre cuando el médico administra al paciente una sustancia analgésica, como la morfina, aun sabiendo que, a partir de ciertas cantidades, puede y generalmente consigue acortar su vida. Esta última modalidad se emplea – cualquiera que ha perdido un amigo o un familiar con trastornos neuronales o aquejados por un cáncer terminal puede atestiguarlo – en todos los centros hospitalarios de Canarias. Siempre existen profesionales particularmente crueles, estúpidos o cerriles que se niegan a proporcionar un alivio que se extiende hasta la muerte cuando ya no existe ninguna esperanza, ningún consuelo médico. Pero son una minoría.

La ley que regula la eutanasia es, sin duda, un avance jurídico y social, aunque algunos de sus aspectos sean discutibles. Para los casos excepcionales, donde el dolor venidero se sabe insoportable y que la calidad de vida está destinada a desaparecer en muy poco tiempo, la eutanasia no es destruir una vida, sino salvaguardar a alguien que decide libremente mantener su dignidad y no arrastrarse por un dolor lacerante o intratable durante semanas o meses. Las Unidades de Dolor no son argumentos para impedir lo socavar el derecho a la eutanasia reglada, sino que marchan en el mismo sentido: mantener todo lo posible una mínima calidad de vida y un dolor limitado. Debe ser un derecho tan indiscutible como el acceso a la eutanasia. La diputada del Río confunde un derecho legal con su agenda ideológica y por eso demuestra, entre otras cosas, un obvio desprecio hacia la objeción de conciencia que puede argumentar un médico o un enfermero. Así se entiende la prepotente majadería al doctor Ponce.

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