Francamente creo que a Manuela Armas le importa un bledo que la mayoría de las plazas docentes que ofertará la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno autonómico las consigan opositores peninsulares. Lo más probable es que no le haya pasado siquiera por la cabeza. Preocuparse de tal circunstancia es propio de nacionalistas, insularistas y gentes así de mal vivir. Por eso la señora Armas asegura que dará la batalla para «tener requisitos canarios en el proceso de estabilización de las plantillas docentes» después de anunciar la convocatoria y no antes de hacerlo. La señora Armas podría ser perfectamente la consejera de Educación de Murcia, salvo que en Murcia no la querrían, porque el chollo para los murcianos, los extremeños o los madrileños es tener una política como Manuela Armas como consejera de Educación en Canarias.
Este estilo a la vez tontiloco y arrogante es, igualmente, lo que ha llevado a Armas y su equipo a plantear nada menos que 4.333 plazas a cubrir por concurso de méritos sin que medie negociación política o técnica con el Ministerio de Educación con el objetivo de que la mayor parte de los puestos ofertados no terminen ocupados por aspirantes peninsulares, muchos de los cuales podrían optar con perfecto derecho, una vez que tomaran posesión, a ocupar plazas en centros de la Península en comisión de servicios. Otras comunidades se han dirigido al Ministerio o lo están intentando hacer y, mientras tanto, han anunciado muchas menos plazas, hasta que se resuelva la situación más o menos satisfactoriamente entre las comunidades autonómicas. Los vascos, los catalanes y los gallegos «están blindados» (es la expresión habitual de los sindicatos) porque se exige a los opositores un conocimiento suficiente de sus respectivas lenguas. En el resto de los casos no ocurre lo mismo, y precisamente por eso el resto de las comunidades autónomas ha actuado con prudencia. Todas excepto Canarias. En nuestro caso un docente que lleve como interino una década –quizás en el mismo centro de enseñanza– puede encontrarse con centenares de competidores procedentes de toda España. Para colmo en la baremación que ha establecido el decreto ley del Gobierno central los años de experiencia están infravalorados. ¿Qué llevas quince años en este centro de secundaria? ¿Y qué? ¿Te has fijado en los posgrados y los masters que tiene este chico de Logroño?
Este es un ejemplo perfecto de lo que Pedro Sánchez entiende, en fin, como cogobernanza: yo me llevo los titulares estupendos –trompeteo mi propósito de estabilizar las plantillas de sanitarios y docentes– y tú te encargas de las problemáticas consecuencias de mis pendejadas, mis inercias o mi indiferencia. Cabe diagnosticar una asimetría evidente: los que participan en la cogobernanza –y no sin dificultades o aspavientos– son los vascos y los catalanes, los demás se limitan a sufrirla gestionando una decisión jerárquica que tensionan las administraciones autonómicas y las expectativas –largamente frustradas– de amplios colectivos profesionales. Simplemente es imprescindible debatir y modificar el malhadado decreto ley, para lo cual resulta imprescindible una posición política concreta. No la encontrarán, por supuesto, en las cercanías de Manuela Armas o sus directores generales. El Gobierno autonómico de Ángel Víctor Torres se caracteriza por la habilidad genuflexa de su presidente y sus consejeros. ¿No afirmó el otro día que si en Canarias dispusiéramos de trenes de cercanías sin duda los billetes serían gratuitos? Es un nuevo idioma, el idioma dadaísta de la servidumbre sonriente, del buen rollito cínico y demencial, de la comedieta de la colaboración venturosa y fraternal, del gran Tío Tom que nunca abandonará su cabaña porque el amo es bueno y sabe lo que se hace, claro que sí mi querida blanca y linda, claro que sí.
