El invierno promete poca luz y frio, mucho, a juzgar por los avisos del gobierno de que sus medidas de ahorro energético, las ahora entradas en vigor, son solo el preámbulo de nuevas actuaciones que son imprevisibles dado el carácter intrépido de quien nos gobierna.
La oscuridad, en su aspecto físico, no será, sin embargo, la mayor de las medidas tendentes a nuestra hibernación como sujetos, pues otra se anuncia, con precedentes en la historia y en las intenciones ya demostradas, que nos harán personas que vivan en esa ataraxia, en este caso anestesia, que implica la paz absoluta de conciencia, pues nada mejor que vivir en la ignorancia para lograr ese estado de calma plena. Como cualquier régimen autoritario, lo deseable es que sus ciudadanos no se metan en política y, por supuesto, con los políticos que, dado el nivel alcanzado por esta profesión, oficio o arte, hoy está al alcance de cualquiera.
El gobierno, que ya anunció y promovió una orden en 2020 para luchar contra la desinformación, las noticias falsas, ahora insiste en reforzar nuestro equilibrio personal con el anteproyecto de ley de información clasificada que vendrá a sustituir a la más progresista –parece mentira., ley franquista de 1968, de secretos oficiales.
La transparencia y la libertad de información, expresión y opinión siempre padecen cuando alguien, precisamente el gobierno, es el que determina qué es una noticia falsa, concepto que requiere siempre para este calificativo partir de lo verdadero y que alguien decida lo que es la verdad y qué es o debe ser secreto oficial o, como la nueva norma va a establecer, lo simplemente reservado o confidencial, por molesto o inconveniente. El gobierno de un país democrático, pues, establece la verdad oficial y lo que los medios de comunicación pueden conocer e informar y los ciudadanos asumir como verdad o mentira. Mucho es eso, sobre todo si pensamos en este gobierno tan estable, sereno, equilibrado, uniforme y sensato. Y que en pocos meses habrá elecciones por doquier a las que conviene llegar con una ciudadanía solo sometida a lo que debe conocer.
Los dogmas son y serán, pero solo los dictados y aceptados por el Ejecutivo y, a la cabeza, el mismísimo Sánchez que no tendrá que explicar nada y que, incluso, podrá sancionar a quien ose publicar lo que es materia reservada, léase molesta, pues pertenecerá a su reservorio de verdades absolutas y a sus desvelos solo reconocibles por quienes acepten ser pastoreados por tan buen conductor.
La nueva norma, anunciando sus objetivos, se está tramitando por la vía de urgencia, en pleno estío, cuando media España dormita y descansa. Urgente y secreto son términos que suelen esconder aviesas intenciones, máxime cuando quien hace uso de tales procedimientos, se ve con cierta soga al cuello y poco amado por sus congéneres. No sólo culpa a la prensa de su baja estima pública, por intoxicar –duro reproche-, sino a los empresarios, los ricos, la derecha y Franco redivivo. Y por ello les tapa la boca y oscurece el conocimiento, tras haber inundado la escuela de planes que crean niños con uniforme de miliciano y recursos escasos para vivir de su esfuerzo, siempre necesitados del apoyo del Estado, que es él y solo él.
Lo que siempre fue secreto se limitaba a lo que afectaba a la seguridad y defensa del Estado, no a los intereses propios de sus gobernantes que quisieran negar la transparencia. Ese concepto clásico va a desaparecer, siendo lo reservado aquello que no convenga conocerse, sea porque supone despilfarro o sea porque constituya abuso de la función y el cargo. Quienes decidan lo que es secreto no serán ya solo el Gobierno o el Ministerio de Defensa con controles estrictos, sino ministros, cargos autonómicos y todos aquellos a los que les convenga ocultar lo que hacen y/o debe ser sabido. Tantos y tan diversos, como poco recomendables para el ejercicio de las libertades.
No han tenido bastante con atacar o intentar deslegitimar a la prensa con recomendaciones de autorregulación, obligándole a informar de modo correcto, más allá de la ley, bajo pena de quedar excluidos los medios de contratos y demás beneficios públicos si no se someten a las directrices de la jungla de lo políticamente correcto. No hay ley que se apruebe que no lleve consigo una llamada a la autocensura y a la advertencia de consecuencias nefastas para la desobediencia, a cómo se debe informar. Una regla autoritaria que se ha hecho norma en manos de lo políticamente correcto.
Hoy se da un paso más y se limita la información multiplicando exponencialmente lo que no puede ser conocido, comentado y criticado. Y con sanciones que estremecen a cualquiera que no quiera plegarse ante la opresión del pensamiento único.
Los medios van a ver cómo se reduce su papel en un Estado que camina a pasos agigantados hacia lo que fue en su momento la tantas veces alabada II República, represora de la información y muy proclive a la censura.
La Ley de la Defensa de la Republica de 1931 y la Ley de Orden Público de 1933, son el espejo en el que se miran. Centenares de medios fueron clausurados argumentando el bien del Estado, de un signo y de otro. La censura era norma, avalada por una legislación escasamente democrática.
Pero aunque se afanen en “su” progreso democrático, la Constitución vigente y el Poder Judicial no van a permitir volver a la oscuridad. Bien harían en asumir que su proyecto de silencio colectivo y selectivo no tiene futuro.
