Que el PP se niegue a renovar el Consejo General del Poder Judicial tras tres años de haber concluido su mandato es asimilable o podría serlo a que el PSOE, una vez terminada la legislatura, decidiera no convocar elecciones manteniendo el Congreso y el Senado en funciones.
El art. 122 de la Constitución establece que el CGPJ se nombra para cinco años y el art. 68 de la misma norma, que el Congreso lo es por cuatro. Disposiciones constitucionales, ambas, imperativas y no disponibles por los partidos según sus preferencias o estrategias electorales.
La conducta del PP es nefasta para el sistema democrático. Y anuncia un futuro que, de imitarse, debilitaría profundamente el Estado de derecho.
Este retraso no tiene razón alguna de carácter ético o proteccionista de la independencia judicial, pues lo que se pretende por todos, ahora, es controlar el Poder Judicial en su cúspide y de este modo condicionar los nombramientos que ese mismo CGPJ realiza, que se quieren cercanos a los partidos. El PP ha hecho cuentas y si aguanta un año más, podrá renovar dicho órgano con la mayoría que presume lograr. Ya lo hizo manteniendo el sistema vigente cuando dispuso de mayorías absolutas. Y, vuelvo a recordarlo, la actual norma es fruto de una reforma auspiciada por el PP que se niega a aplicar la ley que promovió.
La independencia judicial sufre por causa de la política que en este país, desde ambos lados del tablero, se considera un obstáculo frente al deseo de la oligarquía partidista, cada vez integrada por sujetos menos preparados y que tiene su reflejo en la bajísima calidad de las leyes, muchas de ellas meras consignas trasladadas al BOE, sobrecargadas de dogmas y expresivas de intenciones de control social.
Dominar al Poder Judicial requiere dos condiciones: la primera, controlar a su órgano de gobierno, que no tiene competencias jurisdiccionales, pero que designa a quienes los tienen en sus más altos escalones; la segunda, la deslegitimación de la función judicial, el ataque a la autoridad de los jueces y magistrados, lo que se consigue con paciencia mediante la denuncia de toda condena frente a los propios por injusta y persecutoria y de las absoluciones a los adversarios. Esto es, creando la falsa imagen de una justicia no independiente por quienes tienen como modelo las justicias autoritarias sometidas al Poder Ejecutivo.
Y esta segunda es cada vez más notoria y está surtiendo sus efectos. Y ahí, aunque la izquierda es notablemente más activa e hipócrita pues persigue sin duda la sustitución del Poder Judicial por el poder popular, es decir, ellos mismos, la derecha no le va a la zaga cuando son sus dirigentes los perseguidos, buscando o señalando a jueces que, por ser progresistas, considera incompatibles con la noción de independencia. Nada que ver con la realidad.
Echenique, cuya presencia en política es una incógnita para la razón, ha afirmado que si la justicia en España fuera independiente, Ayuso debería estar en la cárcel. UP condena o absuelve, no los tribunales y sin más conocimiento que su ignorancia y osadía, anticipa lo que sería un país gobernado por sujetos de su entidad.
La nueva izquierda, que quiere ser intelectual sin estudiar mucho, habla de lawfare, concepto anglosajón, que en España es igual a uso político del proceso penal, bien estudiado y conocido. Y lo venden como si se tratara de un fenómeno novedoso y solo, curiosamente, referido a las condenas o procesos contra la izquierda, siempre impune por naturaleza. Y lo hacen a la vez que instan procesos penales o acuden día sí y día también a la fiscalía a denunciar cualquier banalidad carente de relevancia penal, buscando en el proceso penal un efecto inmediato: la imputación penal sin base alguna. La prepotencia de esa izquierda le lleva a considerar delito todo lo que se opone a su ética. Como siempre sucedió. Y ahí están las leyes que penalizan el rechazo a su visión de la historia, del mundo y de su forma de entender la vida. Más delitos que pecados hay hoy en manos de esa izquierda que empieza a dar miedo por su terrorífica noción de la libertad selectiva.
España es el caso más paradigmático de uso político del proceso, sencillamente porque es el único país del mundo en el que existe la acción popular. Cualquier ciudadano y cualquier partido pueden querellarse frente al adversario, con la seguridad de que será imputado por razones de garantía del derecho de defensa. En el resto del mundo la acción penal se reserva al Ministerio Fiscal y es éste quien puede o no ejercitarla, en régimen de monopolio. Las posibilidades de usar el proceso para fines inmediatos de exclusión de los adversarios son aquí muy superiores a las de otros países y se usan con abuso y sin pudor alguno.
UP juega, con notable esfuerzo, en esa dirección de dinamitar la Justicia y sus votantes más cercanos, rompiendo con la tradición de la izquierda española, intelectual y garantista de los derechos humanos, se han convertido en adictos a las condenas, a la prisión, aunque eso sí, defendiendo a ultranza la inocencia de los que considera suyos, para los que reclama, por derecho de sangre, la plena impunidad por naturaleza.
Entre todos lo están consiguiendo. El PP con su vulneración flagrante de la Constitución. La izquierda radical con su táctica de deslegitimación de la Justicia. Y el PSOE con una conducta turbia que no es reconocible, pero que cede en la demolición de algunas estructuras del Estado democrático, que contribuyó y mucho en construir.
No confío en que la izquierda radical cambie. Su proyecto va en la dirección opuesta a la institucionalidad. Pero el PP debe acreditar que respeta la Constitución. Si no lo hace se situará, como está haciendo, en un terreno que anunciará un futuro tal vez irreversible de destrucción del modelo constitucional.
