Esta semana empieza la vuelta al cole más cara de nuestra historia. Las familias tendrán que enfrentarse a la compra de libros, uniformes, material escolar, matrículas de extraescolares, etc. Muchos gastos concentrados que se unen a la subida del gas, la luz, el alquiler, el comedor, los pañales y la leche. Tener hijos en España es el principal factor de riesgo de pobreza para las familias.
También esta semana el presidente Sánchez ha dicho que «los horarios laborales que tiene nuestro país hace que tengamos los índices de natalidad tan bajos y que no podamos cuidar de nuestros hijos como quisiéramos». Cierto, presidente, pero no es solo por eso, la conciliación es uno de los factores, sí. Pero hay al menos dos factores más que son decisivos en la natalidad: las prestaciones para la crianza y los servicios públicos.
Nuestro país y nuestro modelo de sociedad ha decidido que el cuidado de los mayores es una tarea colectiva y por eso como sociedad nos hacemos cargo de unas pensiones universales y tenemos prestaciones a la dependencia o residencias públicas de mayores (aunque insuficientes). Son buenas políticas pensadas para los derechos y necesidades de las personas mayores. En cambio, para la crianza de los más pequeños nuestra sociedad asume que es cosa de la esfera privada de los padres. Las familias se enfrentan a esta tarea solas, sin apoyos, sin servicios públicos, sin condiciones ni tiempo para abordarlo adecuadamente. No hay políticas pensadas desde los derechos y las necesidades de los más pequeños. Hay malas políticas, ineficientes e insuficientes.
La falta de políticas de apoyo a la crianza es una anomalía entre los países de nuestro entorno que ha denunciado esta semana la Plataforma de Organizaciones de Infancia en España para reclamar mejores políticas. España es de los países europeos que menos invierte en políticas de infancia (1,3% del PIB frente al 2,3% de la media europea) y por eso tiene una de las tasas de pobreza infantil más altas (1 de cada tres niños y niñas) y una natalidad que cae en picado (1,19 según el INE). Nuestra inversión en infancia, además, no llega a quienes más lo necesitan.
Las ayudas centradas en la burocracia y no en las necesidades de las familias son tremendamente ineficientes. Ya hemos visto las dificultades del IMV para llegar a quien lo necesita y lo mismo pasa con las políticas de infancia. No accede a las ayudas quien más lo necesita, sino quien puede hacer la declaración de la renta. No accede a la ayuda por maternidad quien tiene un hijo, sino quien cumple con las condiciones de haber trabajado y cotizado. Las políticas no están diseñadas pensando en los niños y sus necesidades, sino en la burocracia administrativa. Por eso en la media de la Unión Europea la tasa de riesgo de pobreza infantil antes de las transferencias sociales es del 34,4% y después de aplicar estas políticas baja al 23,8% (baja 13,4 puntos). Mientras que en España la tasa es del 33,8% pero solo baja al 27,4%. Solo baja 6,4 puntos porque invertimos poco y de manera ineficaz.
Criar a un hijo en España en 2022 cuesta 672€ al mes según un informe de Save the Children y, sin prestaciones universales a la crianza, sin medidas de conciliación que realmente funcionen, y no acaben siendo un mayor coste a las mujeres, y sin servicios públicos como el acceso universal a la educación de 0 a 3 años o el comedor universal y gratuito, es un coste inasumible para las familias. Estas prestaciones deben ser universales para garantizar que llegan a todos los niños y niñas. Quienes más tienen deben pagar más impuestos, pero no podemos poner trabas a quienes menos tienen para acceder a sus derechos. Por eso el comedor o la ayuda a la crianza deben ser para todos como lo son la sanidad, la educación o las pensiones.
No es solo que tener hijos sea un factor determinante de la pobreza. Es que, además, incluso pudiendo afrontar la parte económica, las condiciones para criar son imposibles. Porque los hijos no se cuidan solos. Cuando se ponen enfermos hay que llevarlos al médico o quedarse con ellos en casa. Cuando viene una pandemia o una ola de calor, se cierran los coles y hay que hacerse cargo de ellos. Cuando nos convocan a una tutoría, deberíamos poder acudir. Y nuestro mercado laboral basado en horarios interminables y presentismo no está preparado para la crianza. Necesitamos horarios racionales, o implantar la semana laboral de 32 h, flexibilidad, permisos por enfermedad o emergencias e incentivos para las empresas que sean responsables con todo ello.
Pero también a las prestaciones universales y la conciliación real hay que añadir los servicios públicos. Que todos los niños y niñas que lo necesiten puedan acceder a una plaza pública de 0 a 3. Que los coles permanezcan abiertos fuera del horario escolar y en vacaciones para poder hacer actividades, campamentos, extraescolares o simplemente poder ir a jugar. En conclusión, debemos decidir como sociedad si apostamos por las familias, la crianza y los derechos de los niños y niñas. Y debemos ser consecuentes en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Porque no hay apuesta política si no hay una inversión real para hacerle frente.
