La pobreza severa aumentó en Canarias en 2021, alrededor de un 16,8% con respecto a los datos de 2020. Afecta a más de 365.000 personas, que viven en hogares con ingresos inferiores a 454 euros. Por el contrario, la población en riesgo de pobreza y exclusión social disminuyó 1,3%, y aun así representa casi un 38% de los habitantes de las Islas. Son cifras espeluznantes, pero no cifras nuevas, porque son el resultado de un fracaso económico y social que nos negamos a reconocer tozudamente. Un fracaso no de este o aquel gobierno, sino un fracaso de país. Los últimos (relativamente) buenos años transcurrieron entre los últimos del siglo pasado y los primeros de este. Correspondieron poco más o menos a las presidencias de Román Rodríguez y Adán Martín. Mejoraron las infraestructuras, el REF funcionaba, se recibían fondos notables de Bruselas, se aceleraba el proceso de convergencia económica con la media española, el desempleo descendió hasta el 10% de la población activa (2006) y, con todo, algo ocurría en las entrañas del sistema económico: la productividad, en esos primeros años de siglo, comenzaba a declinar, y no ha dejado de hacerlo desde entonces. Sin embargo el gran estacazo llegó con el desastre provocado por la crisis financiera de 2007/2008. Las políticas de austeridad presupuestaria y recortes brutales en el gasto social –dictadas por la UE y seguidas resignadamente por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy– fueron especialmente dañinas para Canarias. El desempleo llegó a superar el 33%, desaparecieron miles de empresas y los sistemas públicos de sanidad y educación quedaron muy fragilizados. Miles de personas perdieron entonces sus puestos de trabajo y no los han recuperado. Otro datito: el 64% de los canarios en paro son desempleados de larga duración.
Los problemas económicos de Canarias no son coyunturales, sino estructurales. No derivan de un crack financiero, de una crisis energética o de una pandemia, dificultades que simple aunque dolorosamente evidencian nuestras peores disfunciones, debilidades y fragilidades. Un país que durante un cuarto de siglo no consigue bajar de un 10% de desempleo –en Francia es ahora de un 7,3%, en Alemania 5,3%, en el Reino Unido del 3,5%– tiene un problema grave que larva tanto su crecimiento como su cohesión social. Es precisamente la cohesión social lo que se ha priorizado siempre en la retórica política y en la agenda pública. La desigualdad creciente, la pobreza de clases medias pauperizadas, la exclusión. El sufrimiento social nos distrae de las causas profundas de esta anomalía. Tendemos a creer que se trata exclusivamente de repartir más y mejor. Nos hacemos trampas en el solitario estadístico: las hacen los ciudadanos, las empresas, el propio Gobierno. Recientemente el Ejecutivo lanzó de nuevo sus áureas campanas al vuelo porque en el segundo trimestre de este año se creció un 9% respecto al segundo trimestre de 2021. Solo nos estamos recuperando del infarto económico de 2020 en el que el PIB canario cayó 19 puntos porcentuales, pero se celebra como la victoria hercúlea de una economía invencible.
Es un disparate. El PIB no interpela correctamente la situación económica y social de las Islas. Mucho más preciso es el PIB per cápita, es decir, el promedio del Producto Interior Bruto por cada persona, resultante de dividir la totalidad anual de los bienes y servicios de una economía de un país o una comunidad por sus habitantes. Pues bien: el PIB per cápita de Canarias apenas se ha movido en los últimos veinte años. Es algo muy similar de lo que ocurre con España en su conjunto, con un PIB per cápita estancado en 23.000 euros desde 2005. El PIB per cápita canario en 2021 fue de unos 20.000 euros, el de 2019, 21.387, el de 2007, 21.050. Canarias – sus empresas y sus ciudadanos– está económicamente estancada desde hace casi dos décadas y nadie quiere asumirlo ni identificar las razones de esta paralización destructiva, de este bucle insuperable.
