Primero la violan, le roban la infancia cuando aún es una cría, después la estigmatizan, la llaman puta, le dan la espalda. Con los sueños y la autoestima quebrados, la captan para las mafias de trata. La venden. La convierten «en un objeto para eyacular por todos los agujeros». La rompen como persona. Humillaciones, agresiones sexuales, miedo, golpes, asco, dolor, traumas, una vida que no es. Es la historia de Amelia Tiganus, pero también la de miles de mujeres esclavizadas en los clubes y la de «niñas de 12 o 13 años que sueñan con ser médicas o peluqueras y a las que van a convertir en putas». La de las que importarán, engañadas o presas de la miseria. La de las que quebrantarán aquí. La de cientos de chiquillas dicharacheras a las que consumirán, sus frágiles cuerpos y sus ilusiones usados como desagües. Y todavía hay quien, como la ministra de ¿Igualdad?, rechaza que se multe a los puteros, que son los que financian este horror. Los que alimentan el proxenetismo, pero también los que personalmente violan, pagando, hora tras hora, día tras día, a estas mujeres. Contra la prostitución, educación «para desincentivar la demanda» aboga ahora esta nueva gauche divine en un país en el que el 40% de los hombres se reconocen sus «clientes», es decir, cómplices. Pero no, Montero, lo que no es educativo es precisamente la impunidad. La normalidad con la que aquí «se va de putas» pese a todas las vidas destrozadas. Es hora de criminalizar a los puteros, porque sí lo son.
