El pasado martes 15 de noviembre el diario La Provincia, entre otros medios de publicación, recogía un artículo en su portada titulado: “El ex cónsul honorario de Nicaragua, a juicio por pagos ilegales”. Y permítanme mi intromisión en la opinión pública, para no dejar sin defensa a la noble y necesaria labor de los consulados honorarios.
Desde el principio de los tiempos, han sido muchos los casos en los que el ser humano ha demostrado vileza, corrupción, maldad,…de ahí que nos hayamos dotado de los medios necesarios para combatir los instintos primarios y gozar de una mínimas normas de convivencia y decoro que, a lo largo de los siglos, han deparado en lo que hoy conocemos como estados de derecho y del bienestar.
Al igual que sucede en cualquier oficio o profesión, la diplomacia (no sin harto sufrimiento fruto de las hostilidades propias de las guerras) surge para regular la convivencia entre los pueblos y se ha dotado de las reglas y normas necesarias para blindar a quienes representan la soberanía nacional de los estados en tierras extranjeras, garantizando la seguridad y asistencia de sus ciudadanos desplazados, así como de sus intereses culturales, sociales y económicos más allá de las propias fronteras.
La Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares de 1.963 y los posteriores tratados y regulaciones (en España, el Real Decreto 1390/2007, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los Agentes Consulares Honorarios de España en el extranjero), nos vinculan a, entre otros, quienes ostentamos la condición de cónsules.
Proteger, en el Estado receptor, los intereses del Estado que envía y de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor, promoviendo además las relaciones amistosas entre los mismos; extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado; prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía; actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor; velar por los intereses de los menores y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que sean nacionales del Estado que envía…son éstas algunas de las funciones que sólo personas de honorable reputación y reconocida capacidad, pueden desempeñar con éxito en su noble Misión.
En España, el Cónsul Honorario (y permítame el lector el uso de las mayúsculas en este caso) es propuesto por la Misión Diplomática Extranjera, debiendo ser dicha propuesta motivada, razonada y avalada para su valoración por el Ministerio de Asuntos Exteriores, quien aprobará o denegará dicha propuesta en función del resultado de un minucioso trabajo de investigación por parte de las autoridades españolas sobre la persona propuesta. Y para que no quede lugar a dudas sobre lo expuesto, cito textualmente parte del Artículo 11 del mencionado Real Decreto: “La persona cuya candidatura se proponga deberá ser mayor de edad y residente en el lugar establecido como sede de la Oficina consular honoraria y localmente conocida por su honorabilidad y prestigio”.
Toda vez explicado el complejo sistema por el que se concede el execuátur diplomático a un Cónsul Honorario, tan solo me cabe defender la labor callada, discreta e incesante de mis compañeros cónsules honorarios que forman parte del Honorable Cuerpo Consular de Las Palmas al que pertenezco yo, perteneció mi padre y perteneció mi abuelo. Nunca vi al denostado cónsul honorario de Nicaragua ni en las frecuentes sesiones consulares, ni en ningún acto diplomático celebrado en las islas. Nunca formó parte de nuestra honorable institución. Pero, como todo en la vida, a veces los mecanismos fallan, las personas fallan y, para corregirlo, está la Justicia.
No está en mi esencia callar ante las injusticias, por lo que me permito manifestar mi repulsa a quienes hayan delinquido en la noble y honorable labor consular, defendiendo por tanto a quienes nos dejamos la piel en la defensa de los intereses de la ciudanía del país al que representamos en España.
Seguiremos trabajando por unir lazos de cooperación entre los países, resolviendo los problemas de la ciudadanía que viene a España a buscar un futuro mejor, ayudando a quienes quieren salir a encontrar otros lugares para echar raíces…y persiguiendo a quienes se atrevan a manchar el buen nombre y la honorabilidad del Cónsul Honorario.
