Posverdad en Tunte

Si ustedes creían que la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez se llama esta egregia señora, demostraría algún género de vergüenza, arrepentimiento o malestar por el ya celebérrimo I Congreso de Administración Local y Funcionarios Habilitados de Carácter Nacional, celebrado el pasado noviembre, es que no saben cómo se las gastan nuestras élites políticas. Ya se me antojó casi milagroso en su momento que el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana –corresponsable de este vergonzoso desaguisado– hablara de un error lamentable que asumía como tal. Claro que su responsabilidad administrativa era menor.

Ambos ayuntamientos contrataron a través de un consorcio para la televisión digital que no conoce casi nadie, y mediante un procedimiento negociado sin publicidad de tramitación urgente, a una empresa para la organización del congreso. Se gastó medio millón de euros, la mayor parte de los cuales se fundió en cenas, copas, botellas de champán, suites, actuaciones musicales y fuegos artificiales. La oposición lo ha denunciado en los juzgados, y cuanto la opinión general suponía que los responsables responderían prudentemente a las preguntas de jueces y fiscales la señora Narváez ha decidido briosamente volver el calcetín maloliente del guatatiboa del medio millón de euros.

Lo más relevante de las declaraciones de la alcaldesa no son los detalles menores. Por ejemplo, que el expediente administrativo que se llevó al respecto sea técnicamente impoluto. Nadie ha dicho otra cosa en las últimas semanas. Uno puede desarrollar y culminar un expediente administrativo técnica y procedimentalmente intachable y, sin embargo, cometer una burrada o una sinvergüencería. Lo importante, en la intervención de la alcaldesa Narvárez, es su defensa del relato. Un relato plenamente poscontemporáneo, en el que no es que se oculte la verdad, sino que la verdad ha dejado de importar. En cierta manera, seamos sinceros, uno siente cierta satisfacción.

La posmodernidad ha llegado a Tunte

Narváez no reconoce a nadie la autonomía moral para indignarse por pagar a unas pocas decenas de congresistas una barra libre de champán francés. Y los invitados, por supuesto. Porque a ver quién vacía las botellas y engulle toda la exquisita manduca si no traes invitados. Parece que estuvo el propio presidente Ángel Víctor Torres, pero su baraka lo llevó a huir cuanto antes. En los tres días de fiestorro se pudieron ver por ahí diputados, concejales y cuadros de Nueva Canarias y del PSOE, amén de funcionarios municipales que, por supuesto, no pertenecían a ningún cuerpo de habilitados nacionales, pero que no querían perderse los fuegos artificiales mientras se mandaban un par de cubatas.

El procedimiento de Narváez para blanquearse a sí misma es muy sencillo y se reduce a que el congreso que coorganizó y cofinanció es inopinable o, lo que es más o menos lo mismo, solo se puede opinar sobre el mismo, y tomo el mundo tiene opiniones, como todo el mundo engorda o se rasca el trasero en la intimidad. No existe un conjunto de valores éticos compartidos y que obliguen por igual a representantes y representados, lo que impide incluso el concepto de bien público.

Usted puede opinar lo que quiera del congreso, pero el copyright de lo ocurrido pertenece a la alcaldesa que, caramba, al fin y al cabo fue quien pagó. Si uno detalla y pone por escrito el dinero público que va a malgastar no puede merecer ningún reproche, porque lo ha dejado muy clarito en el expediente. Que esto es un escándalo. Vaya, porque usted lo diga. A la alcaldesa le come la verdad de la mano, y los que insisten en escandalizarse solo persiguen aniquilarla políticamente, acabar con su imagen y su prestigio y tal vez impedir un II Congreso de Administración Local y Funcionarios Habilitados de Carácter Nacional.

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