¿Réquiem por los aeropuertos canarios?

Las declaraciones del Gobierno de Canarias anunciando su intención de trabajar en 2023 para conseguir asumir competencias pendientes, como la de los aeropuertos isleños, levantaron expectativas en algunos círculos económicos y empresariales del archipiélago. Pronto, sin embargo, esas perspectivas se fueron difuminando, a medida que se conocían los argumentos para conseguirlo y la decepción ha pasado a ocupar el espacio de la esperanza, como se pretende explicar en estas líneas.

El objetivo inequívoco a conseguir debe ser la gestión de los ocho aeropuertos de interés general y uso público que existen en el Archipiélago canario. No la de instalaciones autorizadas como los aeródromos y helipuertos de uso restringido (Real Decreto 1070/2015) que solo requiere formalizar la solicitud de transferencia a la Comunidad como ya hicieron otras autonomías.

Vulneración del Estatuto de Canarias. Es obligado recordar que los aeropuertos de interés general son los que la Constitución Española señala de competencia exclusiva del Estado que, durante años se interpretó de forma restringida, como aquellos reservados a su gestión directa. Sin embargo, en 2014, se añaden otras formas de gestión y se dio entrada al capital privado (49%) en su capital social, con lo que la gestión de los aeropuertos pasó a ser indirecta. A partir de ese momento, era pertinente la aplicación inmediata del artículo 33.13 del Estatuto de Canarias (161 en el actual), que dice que cuando eso ocurra y el Estado comparta la gestión con terceros, la Comunidad Canaria asumiría la de sus aeropuertos públicos.

El Gobierno de Canarias con el apoyo del Parlamento tiene que defender los intereses de los canarios exigiendo el cumplimiento del Estatuto de Autonomía y decidir, a continuación, el modelo de gestión que aplicará a sus aeropuertos conforme al ordenamiento jurídico del Estado. Todo lo demás, muestra una falta absoluta de ambición de la clase política canaria, que sigue ignorando, no se sabe por qué, el valor estratégico y económico de sus aeropuertos.

Las propuestas de la clase política. Las que trasladan los medios de comunicación son sólo rodeos que enmascaran y dilatan un proceso que provoca que Canarias deje de ingresar diariamente, alrededor de un millón ciento cincuenta mil euros netos. Por ejemplo:

Considerar a los Comités Aeroportuarios el instrumento adecuado para atender la reclamación de gestión descentralizada es poco serio, porque los comités son solo órganos consultivos y sin capacidad de decisión, como se ha manifestado siempre que hubo ocasión, en el proceso de privatización, durante la pandemia o en el pobrísimo número de reuniones convocadas.

Trasladar la fórmula de gestión de los Puertos del Estado es una solución «contra natura» ya que los puertos ganan terreno al mar y lo explotan comercial e industrialmente, mientras que los aeropuertos, ocupan grandes superficies de un territorio escaso para dar seguridad a las operaciones aéreas y facilitar el servicio a usuarios. Pero, además, el núcleo de rentabilidad de los aeropuertos se encuentra en las salas de salidas de pasajeros convertidas necesariamente en centros comerciales con usuarios retenidos por obvios motivos de control y orden, mientras que en el transporte marítimo la figura comercial equiparable está en los barcos, donde se recluyen a los pasajeros. No en los puertos, que, si construyera un centro comercial o un restaurante, sería abierto y en competencia con otros de la ciudad o de su entorno.

Conseguir que un representante de Canarias ocupe una silla en el Consejo de Administración de Aena tiene mucho de utópico y poco de práctico. Cualquiera que se designe tendrá funciones relacionadas con la mejora continua de la calidad de servicio en toda la red y con el incremento de los beneficios netos del negocio aeroportuario. Ambas entran en colisión, como se empieza a visibilizar en los servicios públicos de los aeropuertos y ambas están en las antípodas de aceptar prioridades por lugar de origen o residencia.

Incluso en el caso improbable de que todos los representantes del capital público en el Consejo fueran canarios, no conseguirían nada diferenciado para las islas, si cumplen con sus obligaciones como consejeros. Al contrario, y que nadie lo dude, si hubiera un nicho de negocio en los aeropuertos canarios, les faltaría tiempo a cualquier Consejo de Administración para iniciar su explotación, como están haciendo en Barajas o en Málaga.

Cogestionar los aeropuertos canarios debe explicarse con mayor detalle porque suena a ignorancia de las reglas del juego. El Estado tiene la función de regular, supervisar e inspeccionar la realización de las actividades aeronáuticas en España, para lo cual cuenta con la Dirección General de Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. No con Aena SME SA, que solo es un proveedor más de servicios aeroportuarios, como lo serían los aeropuertos públicos canarios, gestionados por una Administración canaria y que, cuando tengan que planificar, deberán debatir con funcionarios de los departamentos ministeriales mencionados, no con colegas de una sociedad anónima.

Defensa prioritaria de Canarias dentro de la Constitución. El Gobierno de Canarias no debe cerrar arbitrariamente el expediente de los aeropuertos canarios usando alguna de las opciones analizadas u otras similares y, menos, sin debatir con la sociedad el modelo de gestión que mejor armoniza con las singularidades canarias. No puede seguir tolerando episodios, como la designación de sede para la Agencia Espacial, donde la decisión política prevaleció sobre las razones objetivas y estrictamente técnicas que tenía Canarias para haber sido la elegida.

Si el gobierno autonómico admite adornos intrascendentes en la gestión de la red público-privada e insiste en que los aeropuertos canarios sigan formando parte de un sistema centralizado que vulnera el Estatuto, mientras se disuelven fuera de las islas los beneficios que generan sus propios recursos, será el principal responsable de la muerte económica de los aeropuertos y de acabar con el patrimonio que nos dejaron los que creyeron y lucharon en el pasado por el desarrollo aeronáutico de las islas.

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