Caso Alves: un poco de prudencia

Pese a las ya bastantes series que enseñan que no se debe condenar ni creer sistemáticamente a nadie, ya tenemos otra vez un caso mediático en el que muchos, sin la más mínima información, se atreven a creer a Dani Alves o a su denunciante. Es asombroso lo lejos que se atreve la mayoría de la gente a llevar sus supuestos poderes intuitivos. Han bastado un nombre famoso, una discoteca también conocida y cuatro posibles filtraciones de auténticos indeseables relacionados con la investigación o el centro penitenciario en el que ha estado Alves para que muchos ansiosamente se pongan a defenderle o a desearle la horca.

Lo curioso es que, a día de hoy, el gran público no sabemos nada del tema. Solo conocemos lo trascendido en la prensa, que no es mucho. Que la denunciante fue coherente en su declaración y Alves no. Una velada información sobre restos biológicos y cámaras de seguridad en las que se vería la gestualidad de la denunciante, su decisión de no reclamar indemnización, la disposición del jugador de viajar a España y acudir ante la policía pese a saber de la denuncia, y que el primer día en prisión estuvo cabizbajo y comió poco. Con semejantes afirmaciones –no me atrevo a decir ni siquiera que sean indicios–, ¿de verdad se atreven a expresar conclusiones sobre este caso?. ¿No se dan cuenta de que cada una de esas afirmaciones llama a gritos a uno y mil prejuicios?.

Personalmente no tengo ni la más remota idea de lo que ha sucedido, y tengo tantos datos como ustedes, es decir, ninguno realmente fiable. En realidad, preferiría no tener ninguna de esas informaciones, porque no sé si se las ha inventado algún periodista y luego el resto las ha repetido, o bien las han filtrado policías, personal de la administración de justicia o de instituciones penitenciarias, o bien estos últimos se las han inventado. No sé dónde ha estado el error, el invento o la filtración, pero prefiero creer en la honestidad de todos los citados porque, de nuevo, no tengo dato fiable alguno para suponer lo contrario.

Lo único que puedo hacer en estos momentos es contarles lo que probablemente harán –o habrían de hacer– los jueces, ahora y en el futuro. En primer lugar, custodiarán todos los vestigios que puedan perderse. A tal efecto, recogerán las ropas de agresor y víctima en busca de vestigios biológicos y otros datos de interés, analizarán el lugar donde sucedieron los hechos en busca de similares restos, recopilarán y eventualmente volverán a practicar exámenes médicos, identificarán a los testigos que puedan tener alguna información fiable y realizarán sendas entrevistas cognitivas a denunciante y denunciado, ojalá que a cargo de psicólogos del testimonio dado que los juristas carecemos de pericia en esa materia, más en este caso en el que no parece haber testigos directos de los hechos, más allá de los dos citados. Se evaluarán así su personalidad y los datos que puedan influir en su credibilidad lo antes posible. En función de los resultados, Dani Alves seguirá en prisión o, siempre que sea posible, se le impondrá una medida cautelar más suave que conjure su posible riesgo de fuga.

Recogidos todos esos vestigios –si no media un difícil acuerdo entre reo y acusaciones–, se juzgará, ojalá que más pronto que tarde, valorando todos los indicios que hayan surgido o surjan desde ahora. Y esperemos –vanamente quizás– que se decida no someter a la denunciada a otra declaración en un interrogatorio judicial que pueda destrozarla psicológicamente y que, en términos estrictamente científicos, no sirve absolutamente para nada más que para generar intuiciones desorientadoras y prejuicios, pero ninguna conclusión epistémicamente fiable.

Solo tras todo ello habrá una sentencia, que sí será fiable porque la habrán dictado juzgadores bien instruidos a todos los efectos. Magistrados y magistradas que saben que la culpabilidad de una persona no depende de nuestros prejuicios sobre lo que comió Alves en prisión o lo que hizo la víctima con su indemnización, sino de la realidad correctamente averiguada en un proceso judicial. Juristas que saben que la pena no forma parte del derecho a la indemnización de la víctima, sino que es nuestra respuesta como sociedad frente a un delito, siempre con fines de reinserción.

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