La inaplazable transición de la universidad canaria

La universidad española tiene por delante un año lleno de expectativas y dudas con la previsible aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Univesitario (LOSU), conocida como ley Subirats, siempre que el texto obtenga la mayoría de 176 votos en el Congreso de los Diputados. Los centros universitarios del Archipiélago, la ULPGC y la ULL, no son ajenos a esta reforma, la tercera tras la LRU (1983) y LOU (2001). Pero en Canarias hay un factor añadido: los rectores isleños esperan cerrar durante el año en curso un contrato-programa con el Gobierno regional que estaría en vigor cinco anualidades. Una ficha financiera que permitiría abordar con menos sobresaltos los retos de la reforma que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Dos acontecimientos cruciales, por tanto, para el diseño de la enseñanza superior en la comunidad y una oportunidad nada despreciable en pos de la excelencia de los estudios. La LOSU, en caso de conseguir el apoyo parlamentario suficiente, desembarca dando un mayor poder a las autonomías, concesión por la que el Ministerio asume la diversidad universitaria española y los intereses dispares de los territorios a la hora de establecer sus propios modelos en la educación superior.

Un acercamiento a la realidad social, económica y cultural bajo el que subyace la responsabilidad extrema de las universidades de conectar con el escenario laboral y productivo en el que están inmersas. De nada sirven los avances en financiación, infraestructuras, reducción de la temporalidad del profesorado o gobernanza si, en paralelo, no se consigue revertir el pesimismo que late entre las familias. Un desánimo alimentado por el paro o la inestabilidad laboral a la que se ven abocados sus hijos que, pese a su preparación, no tienen más remedio que hacer la maleta y convertirse en migrantes.

El sistema universitario ha sido una de la víctimas de la sostenibilidad de las cuentas públicas asentado en Europa con las crisis del 2008 y la doctrina de la excanciller alemana Merkel. La congelación presupuestaria, primero, y luego los efectos lastrantes de la pandemia con una merma en los ingresos por tasas, entre otros impactos, han cronificado los males de la universidad pública. Un deterioro que ha resultado rentable para la iniciativa privada, que demuestra cada vez más su capacidad para maniobrar frente a las demandas de titulaciones.

Tanto el Gobierno de Canarias como los responsables de las gerencias universitarias son conscientes de que el contrato-programa de financiación conlleva, necesariamente, la puesta en común de una estrategia. Un catálogo de propósitos que, por lo que ha trascendido, se centraría en la calidad, el rendimiento docente, la tasa de abandono temprano de los alumnos, la inserción laboral de los egresados, adaptación para los alumnos extranjeros e investigación. En todo caso, se trata de índices que siempre se han contemplado en las negociaciones Gobierno-Universidad, si bien en esta ocasión se busca una planificación a más largo plazo bajo el paraguas de la ley Subirats, además de acometerse -se presume- con un propósito renovador dado el nuevo ciclo que aborda el planeta, tanto en tecnología como en pensamiento.

Un objetivo relevante de la enseñanza universitaria, especialmente en lo que se refiere al Archipiélago, es el decalaje entre las necesidades formativas que requieren las empresas y las administraciones, y lo que encuentran en el mercado. El nuevo marco legal ministerial abre, en este sentido, el abanico. Se regulan las llamadas microcredenciales, un modelo para impulsar la formación a lo largo de la vida y dedicado a la cualificación de personas adultas que se han quedado sin trabajo o necesitan actualizarse en sus conocimientos. La apertura a la sociedad también contempla que personas sin bachillerato ni selectividad pueda estudiar carreras de su ámbito profesional. Aparece la figura de los cursos adaptados a las empresas, de forma que un trabajador pueda seguir un ciclo corto universitario gracias a la obtención de un permiso de su empresa. El doctorado también contiene la novedad de poderlo llevar a cabo en una empresa o administración pública.

Son instrumentos para que la universidad funcione como correa de transmisión del sector productivo, atenta a sus movimientos y anticipándose a las tendencias. Es evidente que ello sólo es posible si los centros superiores canarios establecen los nexos necesarios con las empresas, más allá de los tradicionales patrocinios para la consecución de becas. La universidad debe reforzar su capacidad de liderazgo para planificar Canarias, y ello pasa por la consolidación de un modelo más vinculado a las necesidades de las Islas y su sociedad.

La transformación de las estructuras docentes hacia un sistema de exigencia y calidad continúa siendo un reto en el debate público canario, por más que la enseñanza constituya uno de los factores decisivos –si no el primordial– para reimpulsar el Archipiélago. Sin ciudadanos instruidos, y con las capacidades necesarias para competir por el mundo y en su mundo, haciéndose cargo de su destino, las Islas lo pasarán mal. Disponer de una universidad de gran nivel, que arrastre a otros sectores y se convierta en un emblema de los avances, agranda las posibilidades de un futuro de éxito. Los países que prosperaron en las últimas décadas y revolucionaron sus economías, disparando el crecimiento, comparten interés en la educación como valor diferencial.

La caída en el número de matrículas por la elección de otras universidades revela que nadie tiene el monopolio. La necesidad imperiosa por alcanzar la seguridad laboral lleva a las familias a aumentar su sacrificio económico en pos de que sus hijos obtengan una conexión más rápida con el mercado de trabajo. No solamente están las propuestas de las universidades privadas, sino también las de los distritos universitarios de la Península y del extranjero. Además, las ventajas en la movilidad aérea, las ayudas y el deseo de ir más allá de las fronteras refuerzan el flujo exterior de estudiantes. Muchos de ellos no vuelven.

La ley Subirats recoge que se cargue a las autonomías un mínimo de gasto público del 1% del PIB para la enseñanza universitaria, y que los centros destinen asimismo un 5% para investigación. Son los mimbres necesarios para un despegue. Pero la condición insular, la fragilidad del territorio, su dependencia turística y una desigualdad que se eterniza son factores, entre otros, que nos hacen excepcionales. Ante ello sólo caben filosofías fuera de serie, el camino para que las universidades canarias pongan de manifiesto su ambición para que generaciones de jóvenes puedan mejorar su nivel de vida. 2023 tiene todas las cartas para empezar una sólida transición hacia la realidad que las circunda.

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