Sin alternativa

Ya la legislatura autonómica entra en su agonía: apenas quedan tres plenos y esa monstruosidad hermenéutica que es el debate sobre el estado de Canarias. Hace unos días circuló el rumor de que en el seno del Gobierno autonómico se había barajado la idea de renunciar al debate sobre la base de su mayoría parlamentaria. Si las cosas van tan bien, ¿qué vamos a debatir? No doy crédito, porque el Gobierno y los grupos que lo sustentan nunca van a debatir al Parlamento, sino a utilizarlo como altavoz propagandístico. Así ha sido siempre, desde luego, pero el equipo gubernamental de Ángel Víctor Torres es una fabricación de los tiempos sanchistas, en los que se han naturalizado los hechos alternativos, la mentira constructiva y la empatía como moral. La élite política –especialmente aquella que gobierna– ya no teme a las contradicciones entre la realidad perceptible y el discurso político. ¿Saben por qué? Porque ya no se espera nada. Ni siquiera se espera el regreso de la esperanza. Como no se vislumbra una auténtica alternativa –ya no al sistema, por supuesto, sino a los criterios políticos y técnicos por los que se gestiona y se autorreproduce– lo que cuenta es defender, bruñir y proyectar el esplendor de logros imaginarios o reales frente a las cenicientas mentiras, reales o imaginarias, de la oposición. Esa nostalgia por el futuro perdido, en la derecha y en la izquierda, no conduce a rebuscar la objetividad, sino a las trincheras políticas e ideológicas. Puede que ya el voto no sirva para cambiar o conservar las cosas, pero sirve, en fin, para expresarse. El voto es la última ratio de la tribalización de la política. Voto a los míos porque son los míos y por apenas nada más.

El otro motivo de la tranquilidad del Ejecutivo reside, por supuesto, en la sociología electoral canaria. En las Islas más del 60% de los votantes son funcionarios y demás personal de las administraciones públicas y los jubilados. En las elecciones del 2019 se abstuvieron de visitar los colegios electorales casi 670.000 canarios, es decir, más del 42,5% de los ciudadanos con derecho a voto. La abstención creció más de tres puntos porcentuales respecto a 2015. Por eso es una magnífica noticia progubernamental los más de 35.000 nuevos empleos públicos que se han creado en nuestro pequeño país en los tres últimos años. Por eso, y a pesar de su impacto negativo y distorsionador en el mercado laboral insular, el Ejecutivo ha prolongado durante el primer semestre del año al menos el Plan Extraordinario de Empleo en La Palma, aunque muchísimos de los «empleados» no hagan realmente nada. La contratación por las administraciones públicas es –como mínimo– una hermosa esperanza de clientelización. Los socialistas, para reactivar el empleo y el consumo en La Palma no se fijan en el archipiélago de las Hawái, sino en La Gomera de Casimiro Curbelo, que ha aprendido a medir en votos exactos un empleo, una subvención, una norma subsidiaria o una simple recomendación.

Este cínico y cotidiano ejercicio de prestidigitación (nada por aquí nada por allá y mira cuantos millones de turistas están viniendo) no contribuye precisamente a fortalecer el sistema democrático y la legitimidad de sus instituciones: una cosa es que un Gobierno pueda sobrevivir a sus propias mentiras, e incluso muscularse con los esteroides de la propaganda en vena mientras aumentan la desigualdad, la pobreza severa y la pauperización de las clases medias y otra que la sociedad civil no pague un precio por las mismas. El precio es seguir ignorando las reformas que Canarias necesita como el agua y soñar con una redistribución infinita y de los recursos cuando creamos los mismos bienes y servicios –en términos monetarios– que hace casi veinte años. No: el inmovilismo económico, la productividad miserable, la desigualdad galopante y el intervencionismo patrimonialista y clientelista nos van a salir carísimos en los próximos años y décadas.

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