Reflexión

Aeropuertos de Canarias y Agencia Espacial Española

Aviones en el aeropuerto de en Gran Canaria, en una imagen de archivo.

Aviones en el aeropuerto de en Gran Canaria, en una imagen de archivo. / EFE

José Joaquín Díaz de Aguilar Cantero

La postulación de Canarias como sede de la Agencia Espacial Española (AEE) despertó recientemente un interés por las cuestiones aeroespaciales inédito en las Islas. La aspiración a ser sede de la AEE movilizó al Gobierno de Canarias y a los Cabildos, particularmente a los de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.

Por primera vez en mucho tiempo, el cielo de Canarias iba más allá del Instituto de Astrofísica de Canarias, una infraestructura científico-técnica singular consolidada y de referencia en el desarrollo científico y académico, asociada a la tecnología, al empleo y a industrias cualificadas, que citamos como ejemplo de un porvenir aeronáutico y aeroespacial que es posible y que depende de la sociedad de Canarias y de sus representantes.

El Observatorio del Transporte Aéreo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria apostó desde el primer momento por Canarias como sede de la AEE y sus integrantes entregaron o realizaron informes a diversas instancias institucionales en apoyo de la candidatura, acusando la consiguiente frustración tras la decisión política del asunto -que situó la sede de la Agencia en Sevilla-, tanto por la aplicación de unos criterios de selección muy cuestionables como por el convencimiento de que Canarias es el lugar que reúne las condiciones más idóneas para el emplazamiento de la Agencia.

Y en esta apuesta tan importante para la Comunidad de Canarias se posicionaron el Gobierno y los Cabildos mencionados, pues vieron con claridad un objetivo muy beneficioso para nuestra sociedad y economía, sin considerar lo que hubiera supuesto de lograrse para nuestra proyección internacional.

Todo ello sin que conste la existencia en Canarias de función pública con conocimientos especializados en materia aeroespacial y aeronáutica, un recurso reiteradamente demandado por este Observatorio y que, por lo ocurrido, ya sería más que urgente habilitar. Cabe así interpretar que, aun careciendo de dichos conocimientos, pues la base técnica y argumental para solicitar la sede de la AEE fue aportada principalmente, entre otros, por este Observatorio de la RSEAPGC, el Gobierno y los Cabildos fueron plenamente conscientes, desde el punto de vista político de la importancia del desarrollo aeroespacial en Canarias.

Como no existe la menor duda de que la aspiración por la AEE fue radicalmente sincera, de que por primera vez se aprecian voluntad, energías y ambición por insertar a Canarias en el mundo aeroespacial, es necesario y lógico esperar del Gobierno de Canarias, de los Cabildos y de los partidos políticos, así como de las asociaciones empresariales y sociales, igual o mucho mayor convencimiento en exigir la transferencia de las competencias en la gestión de todos los aeropuertos de las Islas en cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

Esta iniciativa, esencial para un futuro aeroespacial en Canarias, depende del Parlamento y del Gobierno de Canarias y supondrá un giro muy importante en la política económica en las Islas, pues gestionar los aeropuertos nos permite consolidar mercados y abrir otros nuevos en coherencia con nuestra posición geográfica, nuestros productos y servicios, y específicamente con África. Por otra parte, representa participar de una sustanciosa parte de los 400 millones de euros de beneficios que generan los aeropuertos de Canarias cada año y cuyo destino ignoramos.

Las competencias en la gestión de los aeropuertos de Canarias llevan ya muchos años consolidadas en el Estatuto de Autonomía, y en el proceso privatizador de AENA ya se advirtió a los compradores de acciones en el libro de venta que existía la posibilidad de que la gestión de los aeropuertos de Canarias fuera transferida a la Comunidad Autónoma, pero por razones que desconocemos hasta ahora, en que hemos presenciado una gran ambición aeroespacial en nuestra Comunidad, la consideración en lo que respecta a los aeropuertos, ha sido insignificante.

La iniciativa de tener representación en el Consejo de Administración de AENA no tiene ninguna significancia. Aunque la comparación no es exacta ¿se imagina alguien en Canarias que la gestión autonómica de los puertos y el transporte marítimo se limitara a una representación en Puertos del Estado con funciones de ver, oír, o hablar, pero sin ninguna capacidad de decisión?

Con la excusa de la gestión en red de aeropuertos como un dogma que esconde una estructura de gestión económica tan rentable como poco transparente, la muy poderosa AENA no se ha tomado el debido interés por los aeropuertos de Canarias y ha obviado de forma permanente al Gobierno de Canarias en sus decisiones, un gobierno hasta ahora ciego por carecer de conocimientos y de preparación en materias de transporte aéreo y del sector aeroespacial.

La asunción de las competencias de los aeropuertos de Canarias por la Comunidad Autónoma no implica ningún perjuicio al sector público, pues se mantendría una presencia pública mayoritaria en la gestión de cada aeropuerto, pero sí cambiaría el modelo, que evolucionaría al de la gestión propia, individual de cada aeropuerto, siguiendo el modelo internacional mayoritario, y que orientaría la gestión a la mejor conveniencia de los intereses económicos y sociales de cada isla.

La propuesta de la gestión autonómica de los aeropuertos de Canarias no es nueva y se planteó en su momento en el libro de accionistas del proceso privatizador de AENA, pero, por razones desconocidas, la aspiración del Gobierno de Canarias hasta ahora se ha limitado al insignificante asiento en el Consejo de Administración de AENA.

El caso es que desde 2014 está abierta la posibilidad de solicitar la transferencia de la gestión de los aeropuertos de Canarias en el artículo 161 de nuestro Estatuto de Autonomía, y parece que ha llegado el momento de solicitarla, para que los aeropuertos de Canarias sean administrados por las instituciones insulares correspondientes, y gobernados por un Consejo de Administración Aeroportuario con la representación debida y bajo el esquema regulatorio, planificador, supervisor e inspector del Estado.

Una gestión autonómica implicará el desarrollo de planes estratégicos concertados con Cámaras de Comercio, Casa África y asociaciones empresariales, entre otros, para conseguir una conectividad aérea amplia, en especial, con África occidental y el Golfo de Guinea.

Significará el inicio de forma urgente de la descarbonización de instalaciones y equipos tierra de todos los aeropuertos, facilitando las operaciones de la aviación interinsular, la intermodalidad con el lado terrestre, la participación en el desarrollo de la industria aeroespacial conformando e integrando parques científicos y tecnológicos aeroportuarios, la participación en la investigación y desarrollo de sistemas convencionales y autónomos integrados en un mismo espacio aéreo, así como con los nuevos modos de movilidad aérea urbana.

La participación en la investigación y el desarrollo de combustibles sostenibles y de la aviación interinsular propulsada con energía eléctrica, como la formación aeroespacial universitaria y especializada están asociadas a la gestión autonómica de los aeropuertos de Canarias.

La defensa y promoción de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía en beneficio de la ciudadanía de Canarias es responsabilidad ineludible del Gobierno de Canarias y de nuestras instituciones representativas. El Observatorio del Transporte Aéreo de Canarias de la RSEAPGC espera constatar que esa función principal se concreta como un compromiso en los programas de los partidos políticos para las próximas elecciones autonómicas, contribuyendo a destacar la importancia de este recurso para las Islas y anunciando que solicitará y materializará el traspaso de las competencias en gestión de los aeropuertos de interés general de todas las islas a la Comunidad Autónoma de Canarias.

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