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Tres empresarios asociados que se dedican a la producción de espectáculos y la gestión cultural han firmado nada menos que 373 contratos con el ayuntamiento de La Laguna desde que Luis Yeray Gutiérrez tomó posesión como alcalde. En total, sumando todos los contratos suscritos por Cultura, Fiestas y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales han cobrado a través de cinco sociedades limitadas más de 1.200.000 euros, como publicó ayer EL DÍA. Tres de las cinco empresas –criaturas– se constituyeron pocas semanas después de que Gutiérrez se hiciera con el bastón de mando gracias al acuerdo del PSOE con Unidas Podemos y el chiringuito de ocasión de Santiago Pérez. Por supuesto no escuchará una palabra de esto a Rubens Ascanio ni a Me lo Dijo Pérez. El alcalde, con otros tres concejales, está sometido a una investigación judicial a raíz de la denuncia del llamado caso Laykas, cosa que tampoco provoca ningún interés a sus socios, por no hablar de la dirección insular o regional de su partido. Cuando el anterior alcalde, el coalicionero José Alberto Díaz, pasó a ser investigado –lo que antes se llamaba imputado– en el caso Grúas los Ascanios y Pérez aullaron repetidamente bajo la luz de la luna de su indignación que un alcalde investigado debería proporcionar una explicación convincente, y si no era así, tenía que dimitir de inmediato. Ahora, en cambio, siguen en sus cosas. Ascanio intentando meterse en una lista electoral para sobrevivir políticamente, Pérez editando un disco bellamente titulado Canciones de amor y de Paraná, porque es más fácil cursilear el chamamé que sacar adelante un PGO.

Es una pérdida de tiempo esperar nada de la pareja, la dama pellejuda y el vagabundo de la revolución pendiente. Pero si un concejal –el de Seguridad mismamente– coge un coche oficial para un viaje privado, lo estampa contra una pared y, un par de horas más tarde, la policía lo encuentra trastabillando por el arcén de la autopista, el único que –por una vez– dice algo es el alcalde rumbero y rumboso: agradece con voz grave el trabajo y la dedicación del edil. Ni una sílaba sobre quién va a pagar el vehículo, por cierto. Pero si ese alcalde que se ha sacado su visa para un sueño realizó obras ilegales en su nueva casa –qué pedazo de chozo– y al concejal que denunció la situación le advirtieron, a la salida del pleno municipal, que le partirían la cara con mucho gusto, y nada de nada. Pero si el secretario general de dicho pleno, Octavio Fernández, ha denunciado que el gobierno municipal que le pongan salsa fracciona contratos de manera ilegal para adjudicarlos a dedo y evitar sacarlos a concurso público. No, no lo ha dicho un columnista ahogado por el rencor o un vil periódico pagado por Coalición, sino el secretario general del pleno, sinvergüenzas. Pero si mantienen una denuncia por el supuesto caso Reparos contra Fernando Clavijo y el susodicho Díaz y tanto el secretario del pleno como la oposición municipal han elevado una y otra vez la queja de que el gobierno de Gutiérrez enamoradito estoy de mí no facilita ni los decretos ni los expedientes que se le solicitan, y si no han empleado el recurso del reparo es por la tecniquería de sustituirlo por otro procedimiento administrativo, aunque el efecto es el mismo.

Esta es la situación en la que se encuentra políticamente La Laguna: un alcalde y varios concejales investigados judicialmente, una gestión casi completamente opaca colmada de laberintos contractuales, un desprecio mezquino hacia el debate político y el consenso, un impulso agotado una vez que se han inaugurado o actualizado los proyectos y programas del anterior gobierno municipal y un mandatario que cree que basta con el tumbao que tienen los guapos al caminar y mucha, mucha prensa y propaganda para que parezca un adulto alfabetizado o, al menos, gane las elecciones.

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