La Renta Ciudadana

Por enésima vez –y más que tocarán hasta las elecciones– se escucha a Noemí Santana y a su entorno cantar las excelencias de la Renta Ciudadana, regulada por una ley que fue votada unánimemente en el Parlamento de Canarias el pasado noviembre. La Cámara cumplía así –aunque con un retraso considerable– un mandato del nuevo Estatuto de Canarias, promulgado en 2018, en el que se incluyó la RC a solicitud de Podemos, lo que, sin embargo, no fue suficiente para que apoyase la aprobación definitiva del texto estatutario. Quizás debería asombrar el relato histórico que son capaces de enhebrar y con el que pretenden patrimonializar la incorporación de un recurso en un Estatuto que luego no votaron.

La Renta Ciudadana supone, en realidad, la evolución natural –aunque estatutorizada– de la Prestación Canaria de Inserción. En otras comunidades autónomas –como Cataluña y el País Vasco– ocurrió algo muy similar, un proceso de metamofosis jurídica y reglamentaria que dio lugar a un recurso más amplio, mejor definido técnica y socialmente y más adaptable a una realidad social dura y cambiante. Una cosa es que la PCI se gestionara muy mediocremente y otra distinta que no haya existido y que miles de isleños no se hayan beneficiado de la misma durante años. También sería aconsejable la prudencia. La Renta Ciudadana no será operativa hasta finales de marzo, es decir, tres meses después de su publicación. Y entonces comenzará un proceso complicado y es de temer que no demasiado anticipado por la Consejería de Derechos Sociales. Es un proceso técnico-administrativo que exigirá una eficacia y eficiencia inusitadas y demandará una colaboración sistematizada entre los servicios sociales de todos los ayuntamientos de Canarias con el departamento que dirige Santana. Uno ignora si se ha protocolizado siquiera esa colaboración interadministrativa o se estará esperando para empezar a hacerlo que llegue ese venturoso día de marzo. No he escuchado una palabra por parte de los grandes ayuntamientos canarios al respecto. Los peticionarios no se deben limitar a pedir la RC: deben hacerlo después de haber solicitado el Ingreso Mínimo Vital, una extraña precaución que se me escapa, entre otras cosas, porque el Ingreso Mínimo Vital apenas llegó a esta comunidad autónoma a pesar de la pobreza, el empobrecimiento y la exclusión social.

Automáticamente pasarán a cobrar la RC todos los que percibían hasta ahora la Prestación de Inserción, unas 11.924 familias. Los demás se irán incorporando «poco a poco», según se le escapó a un responsable político de la Consejería de Asuntos Sociales. En Canarias, según los datos de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, más de 365.000 personas viven en hogares con menos de 454 euros mensuales. Son alrededor de 80.000 hogares instalados en la pobreza severa y cubrirlos en su totalidad significaría –en un cálculo muy conservador– un gasto de entre 80 y 90 millones de euros anuales. Pero, como es obvio, una renta ciudadana no pretende sustituir todo gasto social, de manera que deben seguir afrontándose los servicios sanitarios y asistenciales o la dependencia. Francamente no me parece un motivo de singular alegría tener a 365.000 personas sobreviviendo –porque las cantidades percibidas no los incorporarán ni a la más modesta clase media– gracias a un subsidio público. Es intranquilizador que lo que debería ser una solución de emergencia coyuntural Santana y sus compañeros lo denominen «un nuevo derecho que cambiará el espacio de las políticas sociales» en vez de un recurso instrumental. Durante la próxima legislatura se jubilarán cerca de 70.000 personas en Canarias. Sin despreciar rentas y prestaciones quizás sea necesario asumir que la condición sine qua non para desplegar políticas sociales sostenibles es la creación de riqueza, el aumento del PIB y la productividad, la creación de puestos de trabajo dignamente remunerados.

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