Responsabilidades políticas

Que no, que no es «ausencia de controles internos», sino que todos los recursos disponibles se dedican, más bien, a los controles externos. Son los controles necesarios para construir titulares como «El Tribunal de Cuentas abre un procedimiento de reintegro de los cuatro millones perdidos por Sanidad» cuyo objetivo básico es que nadie entienda nada y se disuada al lector incluso de seguir leyendo. Aquí el que se ve forzado a dimitir es un tipo que estaba de secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas al que se había convocado a un supuesto comité asesor que presidía el propio jefe del Ejecutivo. Quien ocupaba la dirección del Servicio Canario de Salud en ese momento, Antonio Olivera, el pedazo de Keynes macaronésico que soportamos, no tiene que responder de su responsabilidad ante nada y ante nadie. Es políticamente irresponsable, como el rey Carlos III de Inglaterra, Mariquita la de la Matula o el consejero de Sanidad en funciones, Julio Pérez. El Gobierno de la Comunidad de Madrid contrató a dedo millón y medio de euros para la compra de mascarillas y en la operación el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso intermedió a cambio de una comisión de 238.000 euros. Recordarán ustedes el pandemoium que se armó. La izquierda exigía la dimisión de Díaz Ayuso, de su consejero de Sanidad, de su comité asesor. Aquí hablamos de cuatro millones de euros birlados a la administración autonómica ante las narices de Olivera y Pérez con la colaboración necesaria de altos cargos del Gobierno –como lo era Conrado Domínguez– a cambio de unas mascarillas que jamás llegaron. Al menos en Madrid se recibieron y pudieron utilizarse los tapabocas. Aquí a la izquierda, ante esta basurienta ineptitud política, este zarpazo al patrimonio público, sigue plácidamente callada, y la oposición remolona, apática, olvidadiza.

Blas Trujillo, obviamente, ha asumido el relato gubernamental en el caso Mascarillas y lo ha perfeccionado con la habilidad de más de treinta años de carrera política y sindical. Aquí unos desalmados engañaron a un gobierno en apuros y ya los castigarán los tribunales de justicia. La responsabilidad política ni está ni se le espera y por eso mismo –para eludirla– Torres y su corte han evitado publicar cualquier explicación sobre cómo fueron supuestamente engañados. Se consiguió neutralizar el demoledor informe de la Audiencia de Cuentas –existe y es brutal, pero no se llegó a aprobar en el pleno del organismo de fiscalización después de perentorios telefonazos– y después de que el caso fuera asumido por la justicia europea –pocos días antes de que Torres tuviera ordenado prestar declaración como testigo ante el juez– todos respiraban tranquilos. Pero repentinamente (o no) y contradiciendo las afirmaciones previas de Trujillo el Tribunal de Cuentas, a solicitud de su fiscal, ha abierto un procedimiento para determinar si cabe exigir –así lo entiende la Fiscalía del TC– que los administradores reintegren esos cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud, es decir, recuperar los fondos públicos menoscabados o perjudicados. La cosa se complica. Pero seguro que al consejero de Sanidad ya se le ocurrirá algo que decir.

El mismo avestrucismo desvergonzado se practica con la trama corrupta ahora investigada judicialmente que tuvo su epicentro hasta hace pocos meses en la Dirección General de Ganadería del Gobierno autónomo. Están implicados un exdiputado y un exdirector general pertenecientes a lo mejor de la casta socialista en Fuerteventura, un general de división en la Guardia Civil –el único que sigue encarcelado después de las detenciones iniciales– y un amable conseguidor, ganaderos canarios y empresarios peninsulares. Pero el PSOE no se siente concernido. Y el que menos, Torres, cuya comparecencia urgente en el Parlamento para dar explicaciones no ha solicitado absolutamente nadie. Qué forma más cómoda y miserable de vacilarnos.

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