Torres de Control SA

Una de las añagazas más burdas de la retórica del Gobierno de Canarias es eso de que han cambiado la bronca y el pataleo en la relación con Madrid por el diálogo constructivo y la negociación razonable, una metodología que, según Ángel Víctor Torres y sus huestes, consigue muchos más y mejores resultados. Es pueril. No hay más y mejores resultados, sino lo contrario, hasta el punto de que los grupos parlamentarios que asisten al Gobierno debieron dejarse arrastrar para firmar un acuerdo y llevar al Ejecutivo de Pedro Sánchez al Constitucional. Pero eso es lo de menos.

El Gobierno presidido por Fernando Clavijo – al margen de algún exceso verbal – no incursionó en un enfrentamiento abierto y estruendoso con Madrid. Mucho más duro fue el Gobierno de Paulino Rivero, que no solo llevó al Gobierno central al Tribunal Constitucional (acertadamente) por el incumplimiento del Convenio de Carreteras, sino que convocó manifestaciones en la calle contra las prospecciones de la compañía Repsol en aguas canarias con cierto éxito. Integraban ese gobierno Coalición Canaria y el PSOE, con Rivero y José Miguel Pérez como presidente y vicepresidente respectivamente, y en La Moncloa Mariano Rajoy leía el Marca y pastoreaba el Consejo de Ministros. Tal vez los socialistas entiendan que embroncarse con Madrid está muy bien si gobierna el PP, porque son perversos polimorfos, pero es pecado si gobierna el PSOE, sobre todo si es bajo la férula de Pedro Sánchez, que es tan alto y figurín y valeroso. Es curioso que se insista en esa caricatura de CC como fuerza política dedicada al pataleo, la bronca y la descalificación, cuando el Gobierno del PSOE y UP tiene como principal socio parlamentario a Ezquerra Republicana, que llevó su voluntad de pataleo hasta intentar un golpe de Estado y desgajar a Cataluña de España. Vas tú a comparar el constitucionalismo y las buenas maneras democráticas de Gabriel Rufián con el espíritu destructivo del monstruoso y ululante Fernando Clavijo. No hay color.

Después de la penúltima patochada, esas transferencias de la competencia sobre Costas incompletas y hurtando información a la administración autonómica con el claro propósito de tutelar desde Madrid la gestión de los miles de kilómetros de costas canarias llega una situación mucho más peligrosa para los intereses canarios: la decisión del Ministerio de Transporte de incluir a los tres principales aeropuertos canarios (Tenerife Sur, Tenerife Norte y Gando) en el primer lote de aeropuertos españoles (siete en total) cuyas torres de control serán privatizadas, es decir, quedarán en manos de una empresa particular ajena a AENA. Eso sí que es patalear; más concretamente, patalear sobre el Estatuto de Autonomía, según el cual «corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras del transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado y la competencia de ejecución sobre puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa». Cualquier curioso puede averiguar lo que significó en Estados Unidos – y en otros países –la privatización de las torres de control en sus aeropuertos: búsqueda del máximo beneficio a cambio de abaratamiento y aun precarización del servicio. Para un archipiélago – y aún más para un archipiélago turístico – esta decisión draconiana es al mismo tiempo un ataque a su autonomía política y una amenaza a la calidad de infraestructuras de transporte que garantizan su supervivencia. Por supuesto: el Gobierno de Torres no ha abierto la boca y cuando lo haga es sumamente probable que afirme que es lo mejor que nos puede pasar porque Sánchez, autonomía y progreso son, obviamente, lo mismo. Torres lo sabe incluso antes de dialogar con su sombra.

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