Mordidas en pandemia

Nadie dijo que no iban a aparecer indeseables, corruptos y chorizos mientras el país se preparaba para enfrentarse a la pandemia y empezaba a enterrar a las víctimas del Covid. El calibre de los buitres alcanzó no sólo a los comisionistas que sacaron tajada del sufrimiento colectivo con la venta de mascarillas, sino también a los que engañaron a la administración sanitaria al ofrecer gato por liebre o no cumplir con el suministro después de cobrar, como ocurrió en Canarias. La situación de emergencia relajó los controles en la pulcritud de los contratos, se hizo caso omiso a los informes de fiscalización y los oportunistas llegaron a alcanzar la condición de interlocutores del gobierno.

Semana arriba semana abajo, pero por la misma época en que se declara el estado de alarma por la extensión del virus, los protagonistas del caso Mediador hacen sus contactos y penetran en el tejido de la administración canaria con el apoyo político de los Fuentes, la garantía del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa y los contactos que dice tener el mediador Antonio Navarro Tacoronte. El contenido escabroso de las conversaciones telefónicas interceptadas y el abanico de fotos que recoge la investigación dan buena fe del grado de impunidad que creen tener los componentes de la trama.

España en máxima emergencia, entregada a la ciencia para que llegase de una vez por todas la vacuna contra el Covid, y la singular pandilla de cuatreros volcada en sus mordidas a los empresarios en apuros por sanciones medioambientales, colonizar África con drones y desarrollar la expansión de la energía fotovoltaica a través de los tejados de las instalaciones ganaderas. Los detalles del modus operandi se han ido dando a conocer desde que estalló el caso, que en su vertiente judicial ha sorprendido por la libertad decretada para el diputado, demandada por el fiscal con la oposición de la juez. Libertad de la que también goza Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, que se permite el lujo de conceder entrevistas con las que ensucia la honorabilidad, sin pruebas, del presidente Ángel Víctor Torres.

La pandilla, libre de presidio (con la excepción del exalto mando de la Benemérita), disfruta de un ventajoso callejeo. Entre los brumosos días de la pandemia, con el teletrabajo en su apogeo y la economía descoyuntada (Canarias bajo el cero turístico), estos señores entraban y salían de los despachos oficiales sin que constasen sus nombres en los registros pertinentes, utilizaban nada menos que el Parlamento para la escenografía de sus fechorías, dañaban (o lo intentaban) el prestigio de una fundación estatal para la cooperación internacional de cara a sus extracciones en el continente africano, contrataban prostitutas para ablandar el bolsillo de los empresarios...

¿Había algún límite? Creo que no. El viernes conocimos el auto de Anticorrupción sobre el operativo del espionaje a Bárcenas por el exministro del Interior del PP Fernández Díaz. No todo vale para salvar los intereses de un partido. En el caso que nos ocupa está meridianamente claro que los efectos del mismo son demoledores para la credibilidad del sistema democrático. Es una lección más para que los socialistas extremen sus cortafuegos contra esos personajillos, reminiscencias del caciquismo, que siempre consiguen una buena echadura en las listas electorales pese a la turbiedad de los asuntos en los que andan y de los que todos hablan. En el partido prefieren mirar para otro lado. El espectro de actuación de los presuntos parece (o se presume) tan grande como ancha y amplia es Castilla. El espanto social dadas las correrías que se publicitan y los datos que fluyen es obvio, como ininteligible que estén en la rúe.

Suscríbete para seguir leyendo