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Punto de vista

El Plan Director del aeropuerto de Gran Canaria y la productividad

Asamblea de vecinos de Ojos de Garza Juan Castro

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana no ha podido ser más contundente en el Pleno del Senado celebrado el pasado 7 de febrero, reiterando que el Plan Director del aeropuerto de Gran Canaria no se va a revisar. Sin embargo, como recomienda la propia Organización para la Aviación Civil Internacional, cualquier plan director de un aeropuerto necesita actualizarse cuando transcurre un tiempo prudencial estimado en un máximo de quince años, para acomodar las previsiones de tráfico del documento a la realidad de los números finales registrados y actualizar las circunstancias socioeconómicas de su entorno.

En el caso del aeropuerto grancanario, el asunto tiene gran importancia porque la Orden del 20 de septiembre de 2001 que aprueba el Plan Director del aeropuerto de Gran Canaria (BOE num. 234 de 29 de septiembre de 2001), contenía errores importantes. Entre otros descuidos, parte de valores en el número de operaciones en hora punta muy superior al que realmente se registraba y que todavía hoy no se ha debido alcanzar con la continuidad y frecuencia necesarias. Es un desliz que, junto al crecimiento supuesto, arruina toda la prognosis de tráfico del documento, arrastra a otros parámetros de diseño y termina provocando daños difícilmente reversibles.

Entre los efectos no deseados hay que subrayar en primer lugar el perjuicio que, para los habitantes de los núcleos residenciales del municipio de Telde, Ojos de Garza, La Montañeta y el Caserío de Gando, representa la incertidumbre sobre su futuro y el de su patrimonio. Y, en paralelo, la paralización del Parque Aeroportuario de Gando cuyo desarrollo aeroespacial integrado en el aeropuerto es vital para el crecimiento económico de la Isla.

Pero el mismo Ministerio tampoco debía creer mucho en el documento que aprobaba porque el Plan preveía hacer desaparecer el Centro de Control de Tránsito Aéreo, situando en su lugar una plataforma de estacionamiento de aeronaves. Todo el tráfico de Canarias y los sobrevuelos se mueven gracias al trabajo desarrollado desde allí y al nivel de sofisticada tecnología de sus instalaciones, por lo que su traslado supone un desembolso de varios miles de millones de euros y no menos de diez años de gestión, ejecución y transición a su nueva ubicación. Después de veintidós años no parece que hayan intentado iniciar nada.

En realidad, la ministra no ha hecho sino de portavoz de quien lleva ejerciendo poder e influencia en las decisiones de Aena SME S.A., durante mucho tiempo y que cabe suponer son las Unidades Corporativas de la sociedad público-privada con el Presidente como máximo responsable. Los mismos que parecen obsesionados en hacer una inversión de más de mil quinientos millones de euros en El Prat, atentando sobre un espacio natural que tiene la máxima protección ambiental europea, cuando ni lo van a necesitar en los próximos quince años, ni una importante parte de la población la quiere. Tan displicentes con Gran Canaria y tan diligentes con Barcelona.

No es suficiente, por tanto, considerar a la ministra responsable exclusiva de su desorientación en temas aeroportuarios, cuando cabe atribuirle una gran sensibilidad hacia las cuestiones municipales viniendo de presidir el Consistorio del municipio de Gavá, implicado en la ampliación del aeropuerto y, por tanto, supuestamente sensible a lo que pase en Telde. Ni tampoco, en el fondo, es responsable el Gobierno donde se integra, ni los gobiernos anteriores, porque todos ellos en los últimos veintidós años, han mantenido la misma aparente actitud de insensibilidad hacia lo que ocurre en los aeropuertos canarios.

Han sido los profesionales que integran la plantilla de los diferentes aeropuertos de la red nacional, desde el que ocupa la máxima responsabilidad en la instalación hasta los que la tienen menor, los que han mantenido y mantienen un elevado nivel de calidad en el servicio público aeroportuario y los que se han ganado el reconocimiento internacional que hoy tienen. No los altos cargos directivos de la organización, aquellos que definen las estrategias con decisiones que siendo potencialmente positivas como Barajas «Airport City», la desnaturaliza cuando arrastra a los 45 aeropuertos restantes de la red que nada tienen que ver. O cuando en nombre de Aena exigen prescindir de grandes profesionales, echándoles materialmente de sus puestos de trabajo para sustituirlos por otros más económicos como pretenden hacer con las torres de control, con todas las dudas de que repercutan en las tasas. ¿No será que es, esa élite de directivos, de la que se tendría que prescindir y no porque puedan ser los que resulten más caros, sino por ser los menos productivos?

La producción de la empresa está exclusivamente en los aeropuertos que es donde se conoce y se desarrolla la actividad, aplicando la autoridad regulatoria y planificación de la Dirección General de Aviación Civil y bajo la coordinación, supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. No en los despachos de Madrid intentando sustituir a la Autoridad Aeronáutica, mientras maneja el presupuesto de toda la red de aeropuertos y decide sobre sus elevados beneficios a espaldas de las comunidades autónomas, al más puro estado centralista. Si tan extraordinario es el modelo, ¿cómo es, que al 95% de los aeropuertos europeos, no se les ha ocurrido aplicarlo todavía y sigue gestionándolos de manera individual vinculados a su administración más cercana? Tan europeos para unas cosas y tan carpetovetónicos para otras.

Como muchos problemas aparentemente complicados, que se acaban resolviendo con soluciones simples, este también tiene una solución elemental para Canarias. Basta con hacer cumplir el artículo 161 del Estatuto de Canarias y que el Gobierno Autónomo asuma las competencias sobre aeropuertos. Nadie debe dudar que si Canarias hubiera tenido las competencias en esta materia, el problema de Ojos de Garza, la Montañeta y el Caserío de Gando, hubiera estado resuelto hace tiempo y el Parque Aeroportuario de Gando, funcionando. La presión social cercana de Telde, la de la Isla y la de la Región, no habría permitido semejante desatención, prolongada en tanto tiempo

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