Transparencias

Los diputados de Podemos han enarbolado como un éxito formidable que la ley de Presidencia del Gobierno de Canarias no recoja, finalmente, un sueldo vitalicio para los expresidentes del Gobierno. Claro que en ningún momento se llegó a plantear eso: una de las especialidades de Podemos es solucionar problemas imaginarios. Lo que se pretendió someter a debate –tampoco ocurrió tal cosa– es que los expresidentes del Gobierno de Canarias pudieran participar en algún órgano público –se apuntaba al Consejo Consultivo– y cobrasen por ello, siempre y cuando no realizaran ningún otro trabajo remunerado. A mí se me antojaba razonable, aunque no especialmente imprescindible. Me imagino que señores como Manuel Marrero piensan en expresidentes isleños aposentándose en los consejos de administración de grandes empresas, al modo de los madriles, pero eso no ha ocurrido aquí nunca. Aquí los expresidentes posponen su jubilación en instituciones postinudas (como Jerónimo Saavedra en la Diputación del Común) o en Bruselas (como Fernando Fernández) o se quedan tristes y solos en su casa cuajada de espejos (como Lorenzo Olarte) o se convierten en pensionistas sin más (como Manuel Hermoso) o intentan montar una consultoría y trabajar fuera del Archipiélago (como Adán Martín en el brevísimo lapso que le concedió la enfermedad). Se registra, ciertamente, una excepción, Paulino Rivero, que después de repetir varios veces el chiste de que volvería a su profesión de maestro de escuela –dejó de ejercer la docencia antes de los treinta años– terminó muy poco tiempo después fichando como director de Relaciones Institucionales o Algo Así en la Naviera Armas. Lo ha dejado para acceder a la gloriosa presidencia del Club Deportivo Tenerife. Justo a tiempo, porque la familia Armas ha vendido de sus acciones de la empresa muy recientemente.

Sospecho que ni uno solo de los expresidentes todavía vivos hubiera aceptado entrar en el Consejo Consultivo. Son señores mayores, incluso muy mayores, y no están para aguantar gaitas, soportar procedimientos, adornar un despacho con su melancolía. El tufillo pretendidamente justiciero del podemismo en declive es, como casi todo, morado humo de tramoya. Una propuesta más atractiva: publicar lo que gana mensualmente cada diputado del Parlamento de Canarias. Por supuesto que grosso modo sabemos lo que perciben: su sueldo base y los complementos por sus responsabilidades en las comisiones de las que forman parte. Por tanto no son cantidades homogéneas. Unos cobran más que otras y resultaría de mucho interés público poder relacionar, con información precisa, sus emolumentos mensuales con su trabajo desarrollado a lo largo de cuatro semanas. Pero estas cosas, curiosamente, nunca se les ocurren a los grupos parlamentarios. Eso por no hablar del Gobierno autonómico, por supuesto. Es imposible acceder inmediatamente, por poner un ejemplo, a las dietas que ha pasado a cobro el vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Hacienda durante el pasado enero. No creo que nos llevemos muchas sorpresas. Pero deberíamos poder consultar datos de esta naturaleza on line, así como de la evolución de la ejecución presupuestaria a través de un procedimiento telemático ágil y sencillo.

Cada año llega un señor al pleno del Parlamento llamado comisionado de Transparencia y Acceso a la Función Pública –un organismo creado por la Ley de Transparencia de Canarias y que no depende del Ejecutivo y solo responde ante la Cámara– y proporciona un informe muy lustroso que proclama que las administraciones públicas son cada vez más accesibles y transparentes como el corazón de un ángel y es muy felicitado por el Gobierno y la oposición. ¿Por qué no inundarlo con parabienes? Es perfectamente inofensivo. Igualitariamente inofensivo. Y no molesta a nadie.

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