El expediente abierto por la socialité Ana Obregón y su maternidad a los 68 en EEUU a través de un vientre de alquiler representa el deseo egoísta de una mujer por hacerse con un bebé a cualquier coste. Su estatus económico le permite acceder a un procedimiento vetado por ley en España, y su situación personal tras el desgraciado fallecimiento de su hijo la reviste de la necesidad emocional urgente para ser madre. En Florida, donde está la clínica en la que se desarrolla la transacción, son razones más que suficientes para un modelo de gestación subrogada. En España, sin embargo, somos de otra pasta, dueños de una moral que atraviesa diferentes legislaciones, como la del caso que nos ocupa. Allí les trae al pairo que la futura madre tenga una edad avanzada, que siga todavía bajo el duelo por la muerte de su hijo o que su país tenga una ley que no permita la modalidad, aunque sí la inscripción del o la bebé en el registro oficial correspondiente. En principio, Obregón no ha tomado ninguna decisión que contradiga la normativa, pero sí que ha abierto un debate bioético y político como consecuencia de la publicidad alcanzada por el hecho y la notoriedad de la propia afectada. Es absurdo pensar que lo que se hace en EEUU, donde existen mercados variados y dudosos, pueda ser automáticamente trasladado a este país. Asombra ver a los populares apuntándose ahora, al rebufo del caso Obregón, a la gestación subrogada pero sin que exista transacción económica por medio. ¿Qué mujer va a querer pasar nueve meses de embarazo sin recibir a cambio una contraprestación económica? Este país, o más bien la coalición gobernante, apostó desde hace tiempo por un corpus, no exento de polémica, por la protección de la mujer, la diversidad de géneros, la libertad sexual o la misma infancia. El modelo consistente en ser mero soporte de un embarazo entraría en contradicción plena con la filosofía de esa estructura legal. El ansia de Obregón y su felicidad no tienen que abrir incógnitas, ni tampoco remover las limitaciones éticas pactadas.
