Las vueltas del vicepresidente

En una de sus últimas y cataclismáticas intervenciones parlamentarias de esta semana el vicepresidente del Gobierno autónomo y líder desde hace cerca de veinte años de Nueva Canarias, Román Rodríguez, reclamó una legislatura más de «Gobierno progresista» para conseguir «terminar de darle la vuelta a Canarias». Yo le escuchaba peroratear en la tribuna y comprobé lo que había envejecido como orador. Y quizás por eso –porque es el suyo un modelo oratorio tirando a anacrónico, con mucho vozarrón belcantista, mucho aspaviento y mucha moralina– se le veían cada vez más las costuras. Darle la vuelta a Canarias, dice. Lo que no puede ni debe permitirse es que este engrudo verbal disimule lo que hay. Y lo que hay, en la práctica, es un Gobierno que gasta mucho, recauda más y no ejecuta decenas y decenas de millones de euros presupuestados felizmente. Un Gobierno que apenas ha emprendido políticas reformistas. Un Gobierno que, en el fondo, no se ha replanteado estratégicamente Canarias ni ha abordado sus problemas estructurales, sino que se ha centrado en políticas redistributivas y aumentar el gasto social. Que puede parecer muy bueno, incluso serlo a veces, pero que no significa ni disponer de un proyecto para Canarias ni ser consciente de sus posibilidades y sus límites en el contexto español, europeo y norteafricano.

Ni la sobreexplotación turística (sus consecuencias en la cohesión social, en la sostenibilidad de nuestro urbanismo y sus costes medioambientales) ni la superpoblación y el envejecimiento demográfico a la vuelta de la esquina, ni nuestras ineficaces administraciones públicas, ni la caída en picado de la productividad desde hace casi un cuarto de siglo, ni la modestia de nuestro crecimiento, ni los problemas de economía de escala que impiden el despegue de empresas medianas y grandes en el Archipiélago, ni la evolución miserable de nuestro PIB per cápita, ni la debilidad financiera de nuestras universidades, en fin, han interesado a este Gobierno. En el discurso que he citado antes Rodríguez, consejero de Hacienda, se dio incluso el lujo de despreciar la miserable productividad de la economía canaria como una suerte de leyenda de economistas amargados o financiados por los brujos del capital. Habrá que insistir: el PIB per cápita del año pasado es muy similar al de 2007 (poco más de 21.000 euros) y el PIB general de 2023 de unos 47.700 millones de euros, cuando ya en 2007 superó los 41.425 millones. Canarias no es un país pobre, pero está lejos de ser un país rico, y su economía no avanza sustancialmente, en términos de creación de riqueza, desde hace quince años. Estaría muy bien que alguien lo dijera: con una veintena de hoteles de gran lujo o resort incomparables Canarias no puede ni podría permitirse un nivel de gasto social comparable al de holandeses, suecos o incluso franceses (y todos están experimentando reformas en sus respectivos sistemas públicos de bienestar). Con cuarenta tampoco.

Así que reformas estructurales ninguna. Interés por el diseño de una estrategia en política económica ninguno. Avance estatutario no está ni se le espera: lo de Costas es otra broma mesetaria. Gasto público –utilizando temerariamente fondos extraordinarios para cubrir nuevos gastos corrientes– y una festivalera producción legislativa porque en lugar de convocar, licitar y ejecutar obras para aumentar el agua desalada disponible o ampliar los sistema de saneamiento se opta por una ley intervencionista, cominera y kilométrica que no verá completado su desarrollo normativo y reglamentario –y los organismos y metodologías administrativas que propugna– hasta dentro de un lustro. Porque el papel lo aguanta todo. Porque incrementar el gasto es fácil y correr riesgos políticos es intolerable. Y porque quienes votan son los funcionarios y los jubilados y el Gobcan es hoy, más que nunca, el dueño y señor de la economía isleña.

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