Un ectoplasma moribundo

Enrique Arriaga, todavía vicepresidente del Cabildo de Tenerife, es un moribundo ectoplasma político que defiende con uñas y dientes su participación en los debates electorales, sean organizados por entidades públicas o por entidades privadas. Le da lo mismo. Lo que quiere Arriaga es ocupar espacio. Disponer de un significante, aunque ya no tenga ningún significado. Los medios de comunicación de carácter públicos deben atenerse a unas reglas y garantizar el pluralismo, obvia y necesariamente. Lo que no termino de entender es que las juntas electorales metan la nariz en los debates que organizan medios de comunicación, corporaciones o asociaciones privadas. Fue comprensible esa actitud vigilante en un pasado en el que los partidos eran débiles y el pluralismo restringido, incluso, por pura mala costumbre. Ya no es así y deberíamos acostumbrarnos a que se invite a quien se quiera. Si alguna organización cultural – por poner un ejemplo – quiere invitar a un debate electoral a los partidos de izquierdas, ¿por qué está obligado a llamar al PP, a Coalición Canaria o a Miguel Ángel Revilla? ¿Y si a alguien le interesa la discusión entre partidos nacionalistas, regionalistas e independentistas de cara a los comicios del próximo día 28? Algunas tutelas normativas o reglamentarias ya carecen de sentido.

Por lo demás Ciudadanos, en Canarias, jamás llegó a convertirse en un verdadero partido político. Funcionaba como un club de notables y asimilados en los que mangoneaban individuos con la anuencia o la indiferencia de la dirección de Madrid, en cuyas manos estaban todas las decisiones estratégicas, incluida, de facto, la designación o ratificación de candidaturas. En realidad Ciudadanos entro en crisis tan tempranamente como en 2019, cuando desde arriba se decidió que Vidina Espino fuera la candidata a la Presidencia del Gobierno de Canarias. Muchos –sobre todo en Tenerife – se negaron a aceptar lo que consideraron un tongo. Pero se trataba de un tongo relativo y consentido desde las alturas y ante el cual los dos diputados canarios en el Congreso, Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez, no abrieron la boca. Pocos meses después de las elecciones autonómicas dimitía el coordinador de Ciudadanos, Mariano Cejas. En su mejor momento, a finales de 2018, Ciudadanos llegó a tener en las islas entre 1.500 y 1.600 militantes, aunque una parte importante de los mismos no pagaban cuotas, y la inmensa mayoría residía en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Una año más tarde apenas quedaban la mitad. Es imposible saber hoy si Ciudadanos cuenta con algún militante además de los que figuran en las papeletas electorales.

Tanto los que se acercaron a Coalición como los que lo hicieron al PSOE ignoraban instrucciones de una dirección madrileña cada vez más desnortada e indiferente, más ocupada en su propio naufragio que en las patéticas peripecias de sus compañeros y excompañeros ultraperiféricos. Se cerraron sedes. Se despidió a secretarias y se cerraron créditos. Se dividió el grupo parlamentario. Si finalmente Arriaga recibió las riendas del partidete no fue ni por su lealtad, ni por su capacidad política, ni por su deslumbradora gestión, ni por su planta de húsar al que le queda pequeño el uniforme hace lustros, sino porque era el único cargo público relevante que conservaba Ciudadanos. «Tienes permiso para apagar la luz y cerrar la puerta», le dijeron. El vicepresidente no lo creyó así. Ya había aprovisionado unas perritas para una campaña que era básicamente la suya. Mientras convencía a algunos ingenuos y los colocaba en puestos con nulas expectativas de salida se proclamó candidato a la Alcaldía de Santa Cruz y, de nuevo, al Cabildo, para simular la maniobra: transformarse en una Matilde Zambudio. ¿No ha terminado la compañera en una lista del PSOE? ¿Por qué no él? Francamente, ¿qué sentido tiene debatir políticamente con este caballero?

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