Abstención y posdemocracia

No, no vi el debate entre los candidatos presidenciales por la tele. No, no es serio, pero señoría, me sirve de eximente que estoy bastante harto de todos los candidatos. Son tan predecibles. A pesar de mi abulia y los cuarenta grados de fiebre no pude evitar algunos fragmentos difundidos por las redes sociales y se me antojó que todos, con los consabidos matices, ya estaban un poco hartos de sí mismos. Quizás la excepción fuera Ángel Víctor Torres, pero no creo que la razón sea el entusiasmo por su proyecto. Simplemente le encanta tanto oírse a sí mismo. No se cansa nunca. Ni uno solo de ellos habla de la abstención, que escaló en 2019 hasta el 42,7% (si se le suma los votos nulos y en blanco el porcentaje crece hasta casi el 44%). De cada diez canarios convocados a las urnas cuatro no se molestaron por votar. Nada menos que 670.000 ciudadanos. En un municipio como Las Palmas de Gran Canaria prácticamente la mitad del censo electoral (49,17%) decidió no ejercer su derecho.

Los partidos no se interesan por la abstención porque, en una parte muy sustancial, es responsabilidad suya. Combaten la creciente indiferencia de los ciudadanos con polarización, radicalismo verboso y una repulsiva falta de respeto a la realidad: no es que los hechos sean ahora discutibles, sino que no se admite ninguna discusión sobre los hechos (los míos). La posdemocracia es una verdad peliaguda que todavía no percibimos por una mezcla de miedo y nostalgia. Un politólogo muy inteligente, John Dunn, lo apalabra con precisión: «En política la democracia de hoy es el nombre de lo que no podemos tener, pero que aún añoramos». No creo que tarde mucho tiempo en que la corrección de Ingolfur Blühdorn se ajuste más a la realidad: «Democracia hoy en día es el nombre de lo que no queremos, pero que no obstante añoramos». No se puede atar a los ciudadanos a un carrusel de mentiras, falsedades y estafas que giran una y otra vez y esperar un resultado distinto. Avance lentamente una crisis de legitimidad: cuando por ejemplo se habla de la prodigiosa transformación que vive Canarias, Tenerife o Gran Canaria gracias a beneméritos gobiernos progresistas, y mientras tanto la gente del común debe seguir apechugando con lacerantes problemas y conflictos de siempre en la educación, en la sanidad, en los laberintos administrativos, en la consecución de una vivienda, en empleos temporales mal pagados –te contrato por cuatro horas pero haces seis– que no rescata una reforma laboral insuficiente. Más radicalmente todavía: existen razonables sospechas de que, desde un punto de vista político y técnico-administrativo, el actual sistema autonómico pueda asumir con eficacia y eficiencia la gobernanza de Canarias y dar respuesta a las demandas de los grupos y los individuos. Necesitamos turismo pero no queremos turismo, necesitamos población y sobre todo población joven pero queremos limitar el crecimiento demográfico, necesitamos que se trate con dignidad humanitaria a los inmigrantes que lleguen a nuestras playas pero queremos que sean derivados rápidamente a otros destinos y un largo etcétera de contradicciones sistémicas. ¿Es la democracia parlamentaria la mejor forma de gestionarlas? ¿O quizás el verdadero problema es que esta posdemocracia cada vez menos liberal y participativa es la única forma imaginable de gestionarla?

«Hace tiempo que los requerimientos del sistema se han vuelto abrumadores, faltan los fundamentos normativos, los conjuntos de intereses son excesivamente variados, complejos y contradictorios, y cualquier política supuestamente auténtica entraría en contradicción con las necesidades posdemocráticas de los ciudadanos», sentencia Blühdorn. Paradójicamente la única forma de fortalecer la democracia autonómica y revitalizar su legitimidad entre los ciudadanos estaría en la articulación de amplios pactos para desarrollar las grandes reformas que se necesitan. Y eso es lo único que no prometen los partidos en liza que se enfrentan en las urnas el próximo domingo.

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