Editorial

Canarias, una cultura política de diálogo

Urna electoral en las elecciones municipales de 2019.

Urna electoral en las elecciones municipales de 2019. / EUROPA PRESS

Las urnas se desprecintan hoy en el Archipiélago canario para 1,8 millones residentes, de los que 83.128  son jóvenes que eligen por primera vez a su alcalde y a su presidente insular y de Canarias. Siempre es relevante destacar el simbolismo que encierra el acto de votar en libertad como máxima expresión de la democracia. La merma del derecho sigue siendo una constante en el mundo actual, incluso en países con altos niveles de desarrollo debido al avance de los populismos, o bien por la intervención de la corrupción política para variar la decisión de los pueblos. El régimen democrático, por tanto, no está libre de las presiones de los comportamientos autocráticos, algo de lo que deben ser conscientes los ciudadanos canarios a la hora de ejercitar su voto este 28-M.

El votante isleño afronta una nueva etapa con la esperanza de que los problemas que afectan a su calidad de vida sean resueltos. El desarrollo del estado del bienestar asentado tras la segunda posguerra mundial vive, en este siglo, una crisis persistente. Las dificultades de la acción gubernamental se reflejan en las listas de espera sanitarias, en las dificultades para acceder a una vivienda, en los retrasos en dependencia o en las cifras de pobreza. Estos frentes afectan directamente a los canarios, y la actuación sobre los mismos va a ser clave para lograr una sociedad menos desigual.

Pero también todos estos jóvenes que acuden por primera vez a las urnas aspiran a más cultura y a una educación universitaria competitiva, capaz de conectar de una vez por todas con un mercado laboral lastrado. Los isleños consideran prioritaria la obtención de un puesto de trabajo bien pagado y acorde con los conocimientos obtenidos. Cada vez es más evidente la incapacidad del modelo económico para satisfacer una demanda de titulados muy cualificados, atrapados por una economía en la que impera la terciarización con una mano de obra vinculada al sector de la hostelería  y a sus subsectores.

La próxima legislatura, así como los mandatos insulares y municipales, tienen ante sí el reto de afrontar las graves circunstancias que afectan a los canarios, nunca similares a las de otros territorios dada la condición insular. La meta no es nada fácil, pero del éxito o el fracaso depende una mayor o menor confianza en la democracia por parte de las familias. Por desgracia, los discursos antistema vigilan y calibran la desmoralización de los ciudadanos para reclutar efectivos para sus filas.

El empuje se encuentra en el diálogo. El hecho insular de esta autonomía y el reflejo del mismo en la ley electoral ha sido una escuela para la estimulación de pactos de gobierno, mucho antes de que empezaran a diseñarse en otras comunidades autónomas e incluso en el Gobierno de España. A este acervo es necesario unir la permanente negociación con Madrid para la resolución de los contenciosos de Canarias con el Estado. Una cultura política, por tanto, que debería extenderse a otros ámbitos, en especial de los que depende la estabilidad y progreso de las economías familiares, el acceso a las oportunidades en igualdad de condiciones, y la asistencia y cuidado de las personas.

Otro de los grandes apartados para quienes salgan de las urnas hoy elegidos es la preocupación social por el uso del territorio. Según el informe Sostenibilidad del Turismo en Canarias 2022, elaborado por las universidades públicas en el Archipiélago, ocho de cada diez isleños consideran positivo el turismo. Sin embargo, este diagnóstico no exime a los representantes públicos de trabajar para evitar un rechazo social debido al descontrol del crecimiento urbanístico y por un número de visitantes que tensiona la sostenibilidad. Ni tampoco establece dicho informe que el único sector capaz de estimular la economía canaria en las próximas décadas sea el turístico, sin que constituya una necesidad firme por parte de los gestores públicos la búsqueda de otras fuentes de riqueza complementarias y en sintonía con cada uno de los ecosistemas insulares.

Los canarios tienen desde 2018 un nuevo Estatuto de Autonomía y una modificación del Régimen Económico Fiscal (REF), dos piezas determinantes del denominado fuero regional adaptadas al siglo XXI. También dos engranajes determinantes para que las singularidades canarias, derivadas de su lejanía, tengan un reflejo en las partidas (empleo, agua, transporte, o energía) de los presupuestos del Estado. A través de los mecanismos de la RIC y la ZEC, las ventajas son patentes para que Canarias se abra a nuevos sectores, como ocurre con el audiovisual.

Los ciudadanos canarios esperan que el cumplimiento y desarrollo de este estatus constituya el motor para la modernización de la Islas. Una exigencia, ya no ilusión, para la que resulta vital la planificación por parte de las instituciones y la elevación de la voluntad archipielágica al máximo rango. No para homogeneizar islas que van a diferente velocidad, pero sí para armonizar unos modelos básicos de desarrollo de los que depende la supervivencia del conjunto. Fomentar el insularismo solo redundará en el descarrilamiento con la UE, refractaria al divisionismo a la hora de acceder a sus planes de recuperación.

La legislatura y los mandatos agotados no han resultado fáciles. Incendio, pandemia, erupción en La Palma y oleada migratoria, entre otros males, se confabularon para poner a prueba las costuras del sistema público. El nuevo horizonte, con los efectos en la inflación de la guerra de Ucrania, tampoco se adivina halagüeño. El conflicto desatado por Putin ha puesto de relieve la interdependencia del mundo, sobre todo en los precios de los alimentos y en el temor a una intensidad bélica de la que aún no nos hemos librado. Y en el capítulo de los obstáculos, también el cambio climático con la amenaza de la sequía y una mutación de las condiciones climáticas con comportamientos extremos.

El espectro a abarcar es extenso y lleno de bifurcaciones. Se vota en una época convulsa, donde el ejercicio del derecho alcanza la más alta responsabilidad para el ciudadano. Pero también para quienes reciben la encomienda de dignificar la democracia desde la gestión y la ética personal.

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