Coquetear con la deslegitimación

Ángel Víctor Torres fue alcalde de Arucas en dos mandatos. Entre 2003 y 2007 y entre 2011 y 2015. En ninguna de las dos ocasiones había ganado las elecciones. En los comicios de 2003, quien ganó en Arucas fue Coalición Canaria, con nueve concejales y un 36,33% del voto emitido, el PSOE consiguió 7, con un 28,07%, y el PP 5, con un 23,52%. Torres se calzó la Alcaldía firmando un acuerdo con la derecha aruqueña y el partido más votado se quedó fuera del gobierno. En 2011 el ganador de las elecciones fue el Partido Popular, que cosechó 7 concejales (un 30,63%) seguido por el PSOE con 6 (un 24,73%) y Coalición Canaria con 4 (un 19,99%). A las dos horas de cerrar las urnas ya estaba Torres llamando por teléfono a lo coalicioneros para repescar el bastón de mando y dejar al PP comiéndose los más tristes mocos en la calle. Me parece conveniente recordar estos modestos acontecimientos porque apuntan a que el presidente en funciones del Gobierno autonómico no solo conoce lo que ocurrió hace cuatro años, es decir, el desalojo de Coalición de múltiples corporaciones en las que había sido la fuerza política más votada, una operación en la que participó directamente como secretario general del PSOE. Es que desde sus comienzos en la actividad política Ángel Víctor Torres usó el mecanismo del pacto para impedir que la fuerza con mayor apoyo electoral fuera la que gobernara, y en cambio, hacerlo él. ¿Es necesario pactar con el PP? Se pacta. ¿Es imprescindible pactar con CC? Se pacta también. Siempre ha sido un político pactatero. A favor o en contra de la lista más votada y bajo el único principio operativo de alcanzar o mantener el poder para su partido y para su sencilla, sincera, terrenal persona.

No pensaba escribir una línea sobre las declaraciones de Torres después de la última reunión del comité ejecutivo del PSOE canario. La frustración y hasta el cabreo por haber ganado unas elecciones pero no poder gobernar resultan perfectamente comprensibles. Pero a medida que avanzaba la declaración del presidente aumentaba mi asombro y cuando reclamó una reforma de la ley electoral para que gobierne siempre la lista más votada ya me quedé estupefacto. Primero, porque la ley electoral fue reformada muy recientemente, hace poco más de un año, cumpliendo un mandato del Estatuto de Autonomía de 2018. Segundo, porque la extemporánea solicitud de Torres va más allá del régimen electoral vigente en Canarias y afecta a la naturaleza de su sistema político. Lo que quiere el dirigente socialista es limitar la democracia parlamentaria. Establecer que gobierne la lista más votada demandaría una reforma del Estatuto de Autonomía y (tal vez) de la propia Constitución. Es, por lo demás, no solo un ataque a la democracia parlamentaria, sino una auténtica estupidez procedimental. Digamos como hipótesis que gobierna, por norma, la lista más votada, y Torres es investido automáticamente presidente con 23 diputados. Y, por supuesto, nadie lo apoya desde la oposición. ¿Cómo aprobaría su gobierno los presupuestos generales de la Comunidad, cómo sacaría adelante su agenda legislativa, cómo, resumidamente, podría gobernar en esas circunstancias?

Las declaraciones de Torres no son lo peor. Lo peor es que sus asirocadas tonterías se han transformado en el argumentario central de los socialistas durante los últimos días. Y su intencionalidad se manifiesta como obviamente derogatoria. Los dirigentes del PSOE –y toda su alegre zarabanda en las redes sociales– intentan deslegitimar democráticamente al próximo Gobierno. Lo hacen con una combinación asombrosa de cinismo y puerilidad pero, ¿qué diferencia existe con las insinuaciones de un inminente pucherazo de Días Ayuso o las acusaciones de trumpismo anticonstitucional de Pedro Sánchez? Al PSOE, en Canarias, hay que pedirle responsabilidad. Que defienda su legado, su memoria y sus propuestas y no empuerque la siempre agónica, difícil y compleja política en este país insular.

Suscríbete para seguir leyendo