Finalmente el Gobierno autonómico, después de conseguir el respaldo de la Federación de Cabildos Insulares, que aportó varias reformas al texto, ha declarado la situación de emergencia estratégica de Canarias. La emergencia deriva de dos situaciones insólitas y potencialmente calamitosas: las islas sufren un déficit energético de 1.000 megavatios y los equipos electrógenos se hunden en una obsolescencia inverosímil. En algunas islas algunos dispositivos superan los 40 años de funcionamiento ininterrumpido. Es absolutamente delirante que el Gobierno central – este en funciones, y el anterior, y el anterior del anterior – haya boicoteado en la práctica la renovación técnica y la ampliación de la potencia del sistema eléctrico canario – que en realidad son media docena de sistemas eléctricos-. El anterior consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, explicó a Madrid con argumentos precisos e informes incontestables que urgía una solución inmediata. Lo hizo con responsabilidad y pericia, pero aparte de algunas buenas palabras, no obtuvo ningún avance sustancial. Su sucesor, Mariano Zapata, se ha reunido seis veces desde el pasado agosto con la Secretaria de Estado de Energía, pero la señora Sara Aagesen se dedicó a masticar adversativas. También se ha hablado con la Unión Europea y con empresarios isleños. El Gobierno de Fernando Clavijo se ha movido rápidamente porque la situación es grave. Puede no ocurrir en los próximos seis meses, pero también puede ocurrir mañana que alguna isla se quede sin energía eléctrica durante muchos días e, incluso, durante varias semanas. Es este un ejemplo pintipirado para ilustrar esa vacuidad de Ángel Víctor Torres según la cual basta con dialogar mucho para que el Gobierno central recapacite, se caiga del guindo y conceda una sabia y paternal respuesta a esta comunidad autónoma. Simplemente es pueril: la política es un ejercicio de resolución de conflictos, no un diálogo platónico. Y la inercial testarudez del Gobierno central, que insiste en la impertinencia jurídica de resolver esta situación por un procedimiento urgente y simplificado, supone un peligro directo a la economía canaria. Ya no basta exclusivamente con el diálogo. Empieza a ser imprescindible la critica a un despropósito que ya dura lustros y la exigencia de un cambio de actitud inmediato. Por lo pronto el Gobierno elevará la declaración de emergencia al Parlamento, para que la debata y la vote. Veremos lo que hace el PSOE. Corre el riesgo de quedarse solo en la Cámara si opta de nuevo por el avestrucismo para no molestar al cuitado Pedro Sánchez.
La cuestión es que se trata, precisamente, de molestar al presidente del Gobierno español aquí y ahora. Sobre todo si el voto de Coalición Canaria se convierte en imprescindible para conseguir que Sánchez sea investido, de nuevo, como presidente del Gobierno. Es imposible saber si, finalmente, Junts per Catalunya votará a favor. Un servidor, plumífero ultraperiférico, cree que no. Lo que JxC quisiera es pactar con Sánchez todas sus guarrerías anticonstitucionales y que basta su abstención para investirlo, Después de que el PSOE perdiera un diputado en el recuento del voto exterior, ya no es posible. Lo que sí podía hacer los diputados del frenopático de Puigdemont es hacer sufrir a Sánchez: abstenerse en primera votación y, en la segunda, que dos diputados de JxC votaran a favor de la investidura y que los demás se abstuvieran. Así el candidato socialista conseguiría 173 votos, frente a los 172 del bloque conservador. Incluso en esta tesitura el voto de CC tendría un gran valor, y no estaría mal, por poner un ejemplo, que la renovación inmediata del sistema eléctrico de Canarias, con un decreto ley convocando un concurso de urgencia y un paquete económico al respecto, fuera una solicitud muy razonable para Sánchez y sus compañeros. Seguro que Ángel Víctor Torres hasta lo aplaudiría. Pedro Sánchez, de nuevo presidente, presidente de una legislatura muy cortita, porque en cuanto las empresas demoscópicas le vaticinen 130 o 135 escaños, convoca de nuevo. Lo podrá hacer a partir de julio del próximo año.
