El paraíso fiscal de las mascarillas

Forma parte del panteón de los tópicos que el gánster Al Capone no fue enviado a presidio por sus asesinatos, sino por una evasión de impuestos que acabó con sus huesos en Alcatraz, donde murió de un infarto de miocardio. La tempestad delictiva de las mascarillas, escobillas, guantes, test, profilácticos y prendas varias, con visos de corrupción adherida al sistema, pone en evidencia que los inspectores de Hacienda y su filtros son, a falta de otros, un contrapoder imprescindible, una maquinaria que empieza a funcionar desde el momento en que el enriquecimiento súbito rueda de mano en mano. Los hemos visto con los casos Koldo, Danco y González Amador (pareja de la presidenta de Madrid), entre otros, todos ellos bajo la lupa judicial gracias a las presuntas irregularidades que los inspectores de la Agencia Tributaria pusieron en manos de la Fiscalía. La lección Al Capone sigue vigente.

El impacto de los negocietes cerrados entre políticos y oportunistas al albur de la emergencia sanitaria por el covid tiene tres patas: la alarma social con el consiguiente descrédito para la democracia; económica, con la pérdida de ayudas europeas (en Canarias, 10 millones de euros) a pagar por el pueblo en escrupuloso prorrateo, y la idea de que en este país hay individuos que no abonan sus impuestos, o que aprovechan los mecanismos legales para planificar sus obligaciones con la menor carga posible o con ninguna, ya sea a través de paraísos fiscales, Sicav, piruetas con el impuesto de sociedades o facturas falsas .

En el Archipiélago, sin ir más lejos, dotando la RIC, la Reserva de Inversiones, con un pelotazo que se pretende que salga limpio como un balón reluciente: para blanquear en Canarias no hace falta comprar un Maserati o una villa de lujo, sino acogerse al incentivo y luego esperar a que un juez resuelva la discrepancia con el fisco, acompañado de la consiguiente campaña del investigado, que se considera víctima del centralismo de Madrid, incapaz de respetar el fuero isleño. 

Acaba de salir a la luz en Capitán Swing el libro Los ricos no pagan IRPF, una afirmación que no es una exclusiva de sus autores, los técnicos de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo. La aseveración, aunque resulte asombroso, la han realizado dos presidentes políticamente opuestos, José María Aznar y Pedro Sánchez.

Detrás de la misma, está sin lugar a dudas la falta de personal y el celo extremo que se aplica con la calderilla, mientras las grandes fortunas ponen en marcha su logística para la elusión fiscal y evitar o minimizar por las vías legales el pago de impuestos. La opción no es recriminable, pero siempre que atienda a la norma: los pufos de la pandemia demuestran que no siempre es así.

Y a ello se une el alisio favorable de la barra libre de las bonificaciones en impuestos autonómicos. Al final perdemos todos: menos dinero para sanidad o educación en un Estado pendiente de la gran reforma fiscal.