Opinión | Retiro lo escrito

Una miseria política e intelectual

Luis Campos, a la izquierda, con Román Rodríguez y Carmen Hernández, este jueves en la sede de NC-BC en Las Palmas de Gran Canaria.

Luis Campos, a la izquierda, con Román Rodríguez y Carmen Hernández, este jueves en la sede de NC-BC en Las Palmas de Gran Canaria. / Quique Curbelo

La frase la emitió en el pleno del Parlamento de Canarias la diputada Carmen Hernández, de NC, pero ha circulado mucho entre izquierdistas e izquierdosos en los últimos días: a los canarios ni les va ni les viene la ley de amnistía publicada en el BOE con unos días de descuento para que ya las elecciones europeas se hubieran celebrado. Y como a los canarios ni les va ni les viene la ley de amnistía, ¿por qué interponer recursos frente al Tribunal Constitucional, como muy probablemente haga el Gobierno autónomo después de consultar a los Servicios Jurídicos?

Cuando el rey Carlos III firmó la expulsión de los jesuitas de España y todos sus territorios de Ultramar publicó un heraldo donde, dirigiéndose a sus súbditos, les comunicó la noticia, pero no las razones de su decisión, que no era asunto de ellos, y que el monarca se guardaba «en su real pecho». Habrá que suponer una nostalgia del despotismo ilustrado la sandez referida en el párrafo anterior. España, en 2017, vivió una insurrección de las autoridades de la Generalitat de Cataluña –a la que arrastraron al Parlament– que culminó con una declaración unilateral de independencia.

El Gobierno de Mariano Rajoy, con el apoyo del PSOE y otras fuerzas parlamentarias, aplicó el artículo 155 de la Constitución. De haberse materializado la independencia de Cataluña los efectos políticos, económicos y sociales en el resto de España hubieran sido tan vastos como inimaginables.

Para Canarias también aunque a la señora Hernández le asombre mucho. Después de aplicar un conjunto de indultos –una medida excepcional pero razonable– el Gobierno socialista se encontró con que los sediciosos de ayer, hoy sus socios políticos y parlamentarios, le exigían una amplísima amnistía, y cuando se celebraron las elecciones generales del pasado año, y fue evidente que necesitaba inevitablemente los siete votos de JxC para su investidura, Sánchez, en contra de su compromiso antes y durante la campaña electoral, se la concedió.

Más allá de las ambiciones miserables que la prohijaron, más allá incluso de su estricta constitucionalidad, una amnistía, a esta altura del siglo, pone en cuestión la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y, visto lo visto, carece en este caso de capacidad alguna para normalizar la política catalana.

Desde el riesgo cierto de la ruptura territorial del Estado hasta los costes del peaje presupuestario a los independentistas catalanes, pasando por el daño jurídico en una convivencia entre catalanes y españoles y la negación del igualitarismo democrático de una ley de amnistía, todos los ciudadanos e instituciones del Estado pueden y yo diría que deben preocuparse por esa normativa: por sus orígenes, por sus efectos, por su recorrido futuro.

Es de una miseria política e intelectual extraordinaria –por no hablar de una irresponsabilidad bastante patética– insistir en que esto ni nos va ni nos viene a los canarios. Es como reprochar a los niños que se metan en el salón de la casa donde están hablando los mayores de cosas serias. El complejo de inferioridad –y la tontería política– que incluye la frase de Hernández resulta particularmente escandaloso cuando uno escucha esta ocurrencia en boca de una supuesta nacionalista de izquierdas.

Otra cosa distinta es la reacción frente a la ley de amnistía, la elección de interponer un recurso por inconstitucionalidad. El PP pretende inundar el TC con recursos llameantes desde todas las administraciones públicas donde gobierne o cogobierne. Así lo ha hecho en el Gobierno autónomo o en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como exigencia a Coalición Canaria. Por supuesto, no hay dirigente conservador que no se enmedalle con un recurso para satisfacer a Génova. Más serio, más verosímil, quizás más eficaz hubiera sido reducir los recursos a uno por comunidad autónoma. Es más que suficiente para la que se nos viene encima.

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