Opinión | Retiro lo escrito

Esto no debe olvidarse

Las comunidades autónomas rechazan encargarse de los menores si no cuentan con apoyo financiero del Gobierno central

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno el pasado miércoles en el Congreso.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control al Gobierno el pasado miércoles en el Congreso. / José Luis Roca

Ya estamos de vuelta al mismo lugar. Meses de negociaciones –encuentros en Madrid, diálogos en Canarias, intercambio de documentos, consultas jurídicas, horas de conversaciones telefónicas –para llegar al acuerdo de modificar el código civil de manera que puedan distribuirse sin traumas jurídicos los menores inmigrantes no acompañados por las comunidades autonómicas del Estado español. Claro que quedan un par de problemillas: primero, la encarnadura jurídica del compromiso. Al parecer se hará a través de un decreto ley, como todo en el Congreso de los Diputados, para ver si dentro de un par de semanas ya se han aquietado las cosas en Cataluña y puede ser convalidado sin tropiezos.

No apuesten ustedes por ello: ahora mismo la mayoría parlamentaria que invistió como presidente a Pedro Sánchez ni está muerta ni está de parranda, sino suspendida en el vacío. Tal vez no se materialice jamás. Porque esa es la situación real del PSOE: el Gobierno carece de mayoría parlamentaria para gobernar y el grupo parlamentario no puede aprobar sus propuestas legislativas. Si no llegan a un acuerdo con ERC, se disuelve el Parlament y se convocan nuevas elecciones autonómicas en Cataluña – no antes de septiembre -- el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez entrará en un estado catatónico. En puridad, y de acuerdo con las mínimas obligaciones democráticas, debería dimitir. Nadie puede encastillarse en un gobierno que no puede gobernar con el exclusivo propósito de que no gobierne nadie más.

Eso es lo primero. Lo segundo es el rechazo airado de varios dirigentes autonómicos del PP a acoger menores inmigrantes en sus respectivos territorios. Es, desde luego, una actitud bastante miserable, fruto de tres circunstancias evidentes. Primero cierta innegable pulsión xenófoba. Son un poquito racistas; ni siquiera digo totalmente racistas, sino un poquitín. ¿Cómo va a ser racista un tipo tan simpático, con tanta gracia y tanto señorío como Juan Manuel Moreno Bonilla? Segundo, las malas costumbres.

Pedro Sánchez y su gobierno ha priorizado la seguridad del sur y el levante de la Península para impedir la llegada de cayucos a sus costas, con la colaboración –bien pagada – de las autoridades marroquíes. Solo un imbécil no advertiría que el Gobierno español reservó a Canarias el papel de barrera de contención de los migrantes y espacio logístico para su ordenado regreso al continente (debería ser narrado lo que ocurre en un viaje de vuelta a menudo tan espantoso y a veces tan fatal como el viaje de ida). Fue una opción consciente y deliberada que se vehiculó, sobre todo, a través del Ministerio del Interior. Sin embargo, a alguno de los genios de la operación se le olvidó lo de los menores no acompañados.

Con el paso de los meses el operativo para repatriar a los africanos (bueno, lo de repatriarlos nunca ha sido una expresión exacta) comenzó a funcionar más fluidamente y con mayor eficacia y eficiencia. Pero los de los menores era distinto. Al quedar legalmente bajo el cuidado y tutela del Gobierno autonómico, Madrid, de nuevo, se desentendió mezquinamente, porque esta es una historia repugnante de crueldad, irresponsabilidad y desidia del Gobierno español. No debería olvidarse en Canarias.

Y queda la tercera razón. Las comunidades autónomas rechazan encargarse de los menores si no cuentan con apoyo financiero del Gobierno central. Porque aunque sea estupefaciente durante todos estos interminables meses de negociación no hubo un minuto de reflexión en los ministerios implicados sobre la imperiosa necesidad de que el Gobierno asuma una parte sustancial de los gastos derivados de encargarse de los menores no acompañados. Como, al parecer, es imposible que Ángel Víctor Torres no presente en tres días – le sobra tiempo, basta con dos – una propuesta económica. Pronto serán 8.000 los menores migrantes en Canarias. Tantos meses, tanta palabrería, tanto heroísmo ministerial, y lo cierto es que esto les importa un carajo.

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