Opinión | Análisis

El escenario político se enreda una semana después de las europeas

Las dudas sobre el reparto de menores migrantes y las negociaciones en Cataluña, donde Sánchez cede con la financiación, alejan la normalización de la legislatura

Canarias expresa su preocupación por la gestión cruzada de dos de las claves isleñas en Madrid

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su salida de un pleno en el Congreso.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su salida de un pleno en el Congreso. / Gabriel Luengas

Ocho días después de las elecciones europeas del pasado día 9, la política española está lejos de recuperar una dinámica de normalización que permita avanzar en el desarrollo de la legislatura, y con ello en el de la propia agenda canaria pactada entre la comunidad autónoma y el Estado. Con los resultados aún calientes y con los distintos partidos analizando y trazando sus estrategias a corto y medio plazo, la semana trascurrida solo ha servido para enconar aún más el debate y dejar sobre la mesa elementos que enredan el escenario político, nublan el horizonte y mantienen en vilo el devenir de la legislatura.

Con una jornada del 9J sobre la que prácticamente ningún partido puede interpretar como positiva respecto a sus expectativas previas, los movimientos en los últimos días invitan a pensar que nadie va a dar su brazo a torcer, y que no solo mantienen sus posicionamientos en los temas claves en discusión, sino que en algunos casos han dado varias vueltas de tuerca que impedirán acuerdos de futuro o avances legislativos. Aparte de los debates internos abiertos en algunas formaciones políticas por sus malos resultados, como sería el caso de Sumar, o de los ajustes entre bloques ideológicos por la relación de fuerzas entre las que configuran cada uno de ellos, han aparecido en los últimos días otros asuntos que implican ya directamente a los gobiernos central y autonómicos que alejan cualquier posibilidad de clarificar el marco del debate público en los próximos meses.

Canarias confiaba en que tras las elecciones europeas -las últimas del ciclo electoral que se abrió con las gallegas y continuó luego con las vascas y las catalanas- se pudiera abrir una etapa de estabilidad en la que poder avanzar en el desarrollo de la agenda canaria. Quedaba en todo caso pendiente que se despejaran las negociaciones para la formación de un gobierno en Cataluña y que el Gobierno central lograra mantener los apoyos de sus socios independentistas catalanes, ERC y Junts. Aunque se sabía de la dificultad de que el PSOE lograra la investidura de su líder en Cataluña, Salvador Illa, como nuevo presidente de la Generalitat sin que eso afectara a la mayoría de apoyo a Sánchez en el Congreso, se consideraba que no se daban las condiciones para un bloqueo de la lesgislatura por parte de ERC o Junts que obligaran a un adelanto electoral, aunque tampoco se descartaba.

La situación ocho días después del 9J es más sombría en ese sentido y lo es también con relación al desarrollo de la agenda canaria. El Ejecutivo de Fernando Clavijo mira hoy con más preocupación el horizonte político tras los debates y controversias que se han producido en estos días. Primero fue la crisis abierta sobre las expectativas de tener lista en los próximos días la reforma legal que hará posible el reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias o a otras regiones fronterizas con África. El rechazo del PP a esa reforma sin una serie de garantías previas, como una adecuada financiación y un acuerdo conjunto de todas las regiones en el marco de una Conferencia de Presidentes, ha supuesto un jarro de agua fría a las expectativas de la parte nacionalista del Ejecutivo de Clavijo incluso compartiendo esos condicionamientos de los populares.

Panorama incierto

La otra cuestión que está enredando aún más el horizonte de la legislatura es el anuncio del Gobierno central sobre su disposición a otorgar una “financiación singular” a Cataluña en la futura reforma del sistema, que está pendiente desde hace diez años. Es una concesión que se hace a ERC en el marco de las negociaciones para formar gobierno en Cataluña y que han rechazado de plano tanto Canarias como el conjunto de las comunidades gobernadas por el PP, así como algunas en manos del PSOE y varias federaciones socialistas de otros territorios. Este nuevo elemento de discusión política distorsiona todo el contexto en el que debería continuar la legislatura tras el 9J, sobre todo por el hecho de que el propio líder de Junts, el prófugo Carles Puigdemont, también se opone tajantemente y, por tanto, podría implicar la retirada del apoyo de los exconvergentes a Sánchez en el Congreso. En todo caso, el Gobierno de Canarias no solo se une a las voces críticas de la mayoría de los presidentes y barones territoriales de los dos grandes partidos, sino que una medida de este tipo condicionaría la posición de CC en el Congreso como socio parlamentario del Ejecutivo de Sánchez, y, por tanto, la continuidad de las negociaciones sobre la agenda canaria.

La emergencia de estos dos asuntos como dos de las claves de esta etapa política tras los últimos procesos electorales inciden así muy directamente en las relaciones entre Canarias y el Estado y dejan muy abierto el escenario próximo. El juego a dos bandas de CC en su objetivo de mantener cohesionado el Gobierno de coalición junto al PP en Canarias, mientras negocia y pacta con el PSOE en Madrid podría resentirse radicalmente y deja en cualquier caso un panorama muy incierto.

Paralelamente a estos debates, la política nacional se ve sacudida también por la guerra entre PSOE y PP sobre la renovación del CGPJ y la crisis desatada en torno a la figura del Fiscal General del Estado, y por las secuelas políticas de los resultados del 9J y el redimensionamiento de los bloques políticos tras la crisis en Sumar o la aparición estelar de una nueva fuerza de extrema derecha como es el caso de' Se acabó la fiesta', la división de la derecha, por tanto, en tres ofertas electorales, y la crisis en la izquierda tras el retroceso de todos los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez.

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