Opinión | Retiro lo escrito

La exigencia de Canarias

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes. / Alberto Ortega / Europa Press

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebra hoy en la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife –porque la convoca el Ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres – va más allá de la estricta materia de debate: establecer un acuerdo básico entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para la distribución de los inmigrantes menores de edad que, ahora mismo, y en un número superior a 6.000, tutelan y acogen las autoridades canarias. En realidad la Conferencia Sectorial es un parteaguas que dividirá en dos la actitud del Estado español frente a Canarias en materia de inmigración de origen africano. La cooperación territorial en un asunto tan sensible, tal y como recordaba recientemente José Antonio Zarzalejo, «es exigida por los principios constitucionales de solidaridad y cooperación (artículos 2 y 138 de la Carta Magna), y no atenderlos está llevando a España al desgarro interno del sistema constitucional». Y más adelante: «El acuerdo lo requieren también la más mínima sensibilidad humanitaria y el más elemental sentido cívico en una sociedad respetuosa con sus estándares éticos».

Justamente. Es imperioso que se alcance esta noche en la capital tinerfeña un acuerdo: solidaridad activa por parte de las comunidades autónomas peninsulares y compromiso financiero del Gobierno central de aportar fondos económicos para financiar los gastos que generan los menores. A partir de ahí se puede designar una comisión con el objeto de consensuar técnicamente los criterios de reparto y la financiación. Esto no debería paralizar en absoluto la presentación y votación en el Congreso de los Diputados de un decreto ley o una proposición de ley con el objeto de reformar la ley de Extranjería, aunque podría llegarse al compromiso de no empezar a aplicar las desviaciones hasta que el acuerdo sobre los cupos de menores y su financiación estatal esté cerrado. Deberían conseguirlo, como mucho, en unas pocas semanas. Se rumorea que la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez es presentar la reforma legislativa en los últimos días de julio o los primeros de agosto.

Creo que puede hablarse de Canarias apropiadamente – y no como una metáfora más o menos inerte o interesada -- porque a la reclamación sobre los menores migrantes se han sumado todas las instituciones públicas de las islas y una parte muy amplia de la sociedad civil más o menos articulada. El presidente Fernando Clavijo ha hecho una paciente e intensa labor de orfebrería política y dialéctica para liderar este proceso excluyendo cualquier dirigismo. El expresidente Ángel Víctor Torres ha colaborado leal y exhaustivamente como ministro de Política Territorial. Canarias entonces. Y Canarias no puede ser más clara en esta ocasión. Canarias exige una política migratoria completa. integradora y coherente por el Gobierno español. Canarias exige que no se la siga utilizando como jardín trasero donde amontonar muertos en su mar y niños y adolescentes indefensos y vulnerables en sus islas. Canarias exige que se la trate como rezan las leyes y como le dicen que es: una sociedad integrada en el Estado español y en la Unión Europea. Canarias no está dispuesta a que su solidaridad humanitaria sea tomada como estupidez política. Canarias, por tanto, no puede llegar a tutelar y atender a 10.000 menores de aquí al próximo otoño. Por supuesto que puedes escuchar a indocumentados que apuestan por abrir indiscriminadamente las fronteras porque 10.000 personas no son nada, y quizás para estas bellas almas, 50.000 tampoco. Si Canarias no encuentra respuesta apropiada y razonable a esta situación mucho más temprano que tarde la inmigración (su gestión torpe, egoísta y ruin) conseguirá algo que no han logrado crisis políticas, económicas o sociales en los últimos cuarenta años: desgastar la legimitidad del Estado español en el archipiélago.

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