El Tribunal Supremo venezolano y la justicia «democrática»

La historia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que ha avalado el resultado electoral que concede la victoria a Maduro, acredita sin género alguno de duda su carácter, que poco tiene que ver con el propio de un órgano jurisdiccional independiente. Nombrado en su integridad por la llamada Asamblea Nacional Constituyente, tras la disolución ilícita de la anterior Corte Suprema por no someterse esta a Chávez, sus miembros dependen absolutamente de dicha asamblea que, a su vez, desposeyó de sus poderes al legislativo legal cuando este se negó a ser un apéndice del régimen chavista. El Tribunal referido es militante y al servicio del sistema que Maduro impone sin respeto alguno a los más elementales principios democráticos.

Una demostración palpable de la democracia que promueven las formaciones que ven en el chavismo el paradigma de la democracia calificada de popular y la meta que persiguen: disuelvo el Parlamento que no me es favorable y creo otro sujeto a mis directrices y depuro el Poder Judicial sustituyendo su órgano máximo por otro que designo en su totalidad a través de ese Legislativo sumiso.

Son muchas las lecciones que debemos aprender de esta involución y de esa aspiración «progresista» del Poder Judicial que, bajo el calificativo de democrático, oculta una pretensión tan evidente como predecible. Para ello precisan de jueces que consagren su inmunidad y no obstaculicen sus objetivos de perpetuarse al precio que sea. Además de garantizar la corrupción. Se habla de más de 500.000 millones de dólares los salidos de Venezuela que están en manos de los demócratas que la gobiernan. Un acicate, pues, para quienes admiran el progresismo de aquellas latitudes y que aquí comienza a ver la luz.

Lo que legitima al Poder Judicial, no debemos ignorarlo, es su independencia y sumisión a la ley, no su nombramiento por los otros poderes o por los ciudadanos. Y lo que garantiza la independencia es la inamovilidad, no el despido de jueces incómodos por vías que siempre son reflejo del interés por controlarlos. La democracia, cuando se trata del Poder Judicial es solo y exclusivamente ajenidad plena respecto de influencias de otros poderes, pues compete a los tribunales controlar a estos últimos si no se someten a la ley, no a la inversa.

Cuando, como es el caso, observamos a un tribunal, el venezolano, que avala unas elecciones sin reclamar las actas, que no se han hecho públicas, difícilmente, salvo quienes se adhieren a ideas autoritarias, se puede compartir que ese es el modelo que conviene a los ciudadanos.

En España son muchas las voces de los integrados en la coalición gubernamental que, con dolo o simple ignorancia o, peor aún, exceso de apego a siglas que no muestran coherencia con sus postulados, ven en el Poder Judicial dependiente el paradigma de una democracia que solo lo es para quienes ven en regímenes autocráticos «progresistas», que no en otros de distinto signo aunque sean fieles copias, el culmen de la perfección política.

Aquí, por motivos inmediatos inspirados por la idea de poder, que no de buen gobierno, se pretende subyugar un poder independiente y sustituirlo por otro que avale obsecuentemente las bondades del sistema que está en cierto modo desarrollándose. Y al efecto de legitimarlo vuelve Franco a escena –alguna vez tendrá que morir–, y se afirma que el Judicial es el único que no cambió con la democracia al equiparar democracia con control de los jueces por los partidos, directa o indirectamente. Un mantra tan falso como demostradamente precipitado, pues seguramente fue el que experimentó un avance más profundo y solo limitado por la intromisión de la clase política que hoy es ya expresa y sin disimulo alguno.

Los jueces son puestos en la picota y juzgados por quienes lo deben ser por los tribunales, no al revés. Y a tal efecto, se presentan querellas espurias con el fin de sustituir a los incómodos por otros más complacientes. Los órganos del Poder Judicial o los tribunales no pertenecientes al Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado o la Abogacía del Estado son utilizados como un apéndice más del poder, ilimitado. Y los que permanecen cumpliendo su cometido son injuriados por sujetos de escasas luces que el sistema partidista, ajeno a la capacidad y el mérito, recompensa con puestos inaccesibles a su inteligencia, prudencia y conocimiento. Leer las leyes de los últimos tiempos, repletas de errores, de lagunas y contradicciones es la mejor expresión de la decadencia y soberbia que acompaña a quienes no deberían ocuparse en labores para las que no están preparados, aunque los voten los ciudadanos en listas cerradas y sujetos a disciplina férrea.

El ejemplo venezolano, el venerado por Zapatero y Sánchez y un silente PSOE cuyo futuro es oscuro si no pone remedio inmediato, nos debe inspirar para rechazar pretensiones como las que guían a quienes no son conscientes –o lo son y precisan remedios inmediatos–, de la gravedad de sus actos. La admiración o complicidad de Zapatero y este PSOE con el régimen de Venezuela es un indicio de los objetivos perseguidos con sus proyectos de impulso de la democracia. Esa cercanía es suficiente para dudar y para oponerse a cualquier medida que tenga la más mínima similitud con el fondo y la forma de aquellos sistemas. Y sí, es lícito sentir vergüenza por nuestro comportamiento internacional y nuestra proximidad a auténticas dictaduras. Menos luchar contra dictadores muertos y más contra los vivos.