Clamar en el desierto

Se agotan los titulares a cual más dramático respecto a la política migratoria del Gobierno, fiada inocentemente a la colaboración con los países de origen, que no están en situación de facilitar lo que no tienen. Se sigue sin frenar la ruta canaria, que aumenta, mes a mes, las cifras de entradas irregulares. Ya es terrible conocer que, según el último balance del Ministerio del Interior, hasta el 30 de noviembre, arribaron en cayucos a las islas 41.425 personas. En los primeros once meses del 2023 lo hicieron 35.410. De ellos, 5.699 menores de edad no acompañados, un 13% del total. Solo en noviembre, según el Gobierno canario, llegaron a Canarias 1.004 niños y adolescentes sin amparo familiar a sobrevivir en la incertidumbre. Las cifras, los números, apabullan y parece que ni cifra ni letras ni gritos ni enfrentamientos, sirve de algo. Ni siquiera las imágenes de esos menores mal viviendo en una explanada de un muelle canario, sorteando el frío y el sol, abandonados a su suerte mientras los políticos entretienen sus días prepararando el árbol de Navidad. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, y Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario, han emprendido una batalla que pretende la protección gubernamental y judicial para salvar la vida de menores sin futuro. El PP llegó a la reunión con Sánchez y Presidentes y, así lo denunció Torres, sin visos de dar un paso en positivo. Nada nuevo bajo el sol.

En las reuniones celebradas con Sánchez la pasada semana y las que vendrán con los Presidentes de Canarias, Ceuta y Melilla, el foco estará puesto de nuevo en el Partido Popular, que, recuerden, se levantó de las mesas de negociaciones para la reforma del sistema de derivación de menores con la excusa de que el Ejecutivo central no había pedido el suficiente apoyo a la Unión Europea en materia migratoria. Esperanzas, pocas.