Medidas correctoras al acuerdo con Mercosur

El acuerdo de libre comercio entre la UE y los Estados del Mercado Común del Sur (Mercosur) ha encendido las alarmas en el sector primario del Archipiélago. El trato, que supone la reducción del 82% de los aranceles que se aplican a las importaciones procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, pone en riesgo el estatus que han logrado en el mercado peninsular y comunitario los productos isleños, como el plátano, al poner alfombra roja a mercancías competidoras. A los productores de los países del sur de Europa (Francia, Italia y España) no les convence la negociación y preparan un intenso calendario de movilizaciones. Bruselas está ahora en la encrucijada de encontrar un equilibrio entre contribuir al desarrollo de países a los que la unen fuertes lazos históricos y cuya prosperidad tendrá la recompensa de un retorno a través de la adquisición de manufacturas y productos tecnológicamente avanzados con la necesidad de contentar a un sector que reclama amparo. En un contexto internacional, además, en el que el nuevo presidente estadounidense Donald Trump amenaza con activar aranceles que podrían conducir a una guerra comercial entre Europa y EEUU.

Las organizaciones agrarias de las Islas se ponen en lo peor y hablan de «ruina» o «debacle» y es que, si la administración comunitaria no activa mecanismos compensatorios, el campo sufrirá la embestida de competidores que producen a precios más bajos debido fundamentalmente a unos costes laborales más reducidos. Las reglas del juego no son las mismas y en un mercado libre los agricultores europeos tienen las de perder. Los canarios, además, llevan la peor mano. La insularidad, el coste del transporte y la distancia, se suman a las condiciones laborales y de sostenibilidad que exige la normativa europea. Esta coyuntura aumenta las facturas de los agricultores isleños que, para mantener sus negocios, necesitan que Europa cumpla con su compromiso de compensar las desventajas de la ultraperiferia.

El sector platanero, previsiblemente el más afectado al exportar el 90% de su producción, reclama la actualización de la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) tras 17 años congelada. Estas ayudas destinadas a las Regiones Ultraperiféricas (RUP) equilibran el sobrecoste que supone para los agricultores producir en Canarias. Al incrementar estas partidas y activar nuevos mecanismos de amparo, Europa puede combinar su vocación de apertura comercial con la defensa de los suyos. Una jugada que le permitiría no renunciar a ninguna de las dos apuestas.

De lo contrario, Bruselas tendrá que hacer frente a un sector primario enfadado que amenaza con salir a la calle para protestar contra el nuevo tratado. Mañana ganaderos y agricultores de toda España se concentran frente al Ministerio de Agricultura en Madrid bajo el lema #StopMercosur. Una manifestación en la que participarán representantes de la agricultura canaria. Las quejas son especialmente intensas en Francia, país reconocido por su fuerte contestación social y lucha en las calles. Los productores isleños confían en que las protestas lleguen hasta Bruselas para que repiense un acuerdo que pretende establecer una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, un apetitoso mercado con ganadores y perdedores que abarca a 750 millones de personas y aproximadamente una quinta parte de la economía mundial.

Desde las asociaciones agrarias canarias denuncian que el tratado solo beneficiará a grandes compañías financieras, de automoción, de transporte marítimo y de telecomunicaciones. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von del Leyen, ha reconocido que el acuerdo ahorrará a las empresas europeas 4.000 millones de euros en derechos de exportación al año. Tampoco al Gobierno de Canarias le convence el acuerdo. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero, solicitó esta semana a la UE una evaluación del impacto en las RUP e insistió en la necesidad de aplicar «medidas correctoras» para evitar cometer «errores del pasado».

Además de la competencia que puede suponer la entrada de productos de Mercosur, a Canarias le preocupa la llegada de enfermedades y plagas, ya que, según las organizaciones, los controles fitosanitarios son insuficientes y no se cumplen escrupulosamente. Exigen cláusulas espejo para que los productos que se importan a un país de la UE lo hagan en las mismas condiciones que las impuestas para la producción local. En las Islas la entrada de cualquiera de estas amenazas supone un peligro añadido, ya que las que consiguen entrar, no suelen salir jamás. Un escenario complicado que la UE tendrá que abordar con la vista puesta en fórmulas que le permitan consolidar un mercado abierto y competitivo en un mundo globalizado con grandes bloques comerciales a la vez que protege a un sector primario que teme desaparecer. El tiempo dirá si es capaz de lograrlo.